La senadora del PT Geovanna Bañuelos presentó en noviembre pasado una iniciativa de ley general de salud mental, que sería votada el 29 de julio.
Sin duda fue una iniciativa valiosa pero con sus “peros” y es que la iniciativa de la senadora carecía básicamente de consensos con la sociedad civil.
La ley General de salud mental es necesaria y urgente.
La pandemia ha venido a remarcar los problemas por los que atraviesa este país en esta materia.
A diario se documentan situaciones que afectan la salud mental de los ciudadanos.
Violencia, depresiones, intentos de suicidio…
El aislamiento, el miedo al contagio y a no poder despedirnos de los seres queridos y la pérdida del empleo están ocasionando estrés y sufrimiento a millones de personas.
Los niños rebeldes son más rebeldes, los adultos mayores se dicen más abandonados, la violencia en los hogares se ha remarcado y párele de contar.
La OMS ya alertó sobre esto.
“Hemos visto en el pasado que crisis económicas similares han aumentado el número de personas con problemas mentales, llevando a tasas de suicidio más altas o abuso de sustancias”, explica Dévora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental de la OMS.
El Secretario General ha subrayado que, además de las personas que ya sufrían alguno de estos problemas, los trabajadores de la salud, los mayores y los niños y adolescentes son los grupos más afectados y necesitados de apoyo.
La periodista Katia DArtigues da cuatro argumentos que hacen inviable esta propuesta.
“Doy sólo cuatro argumentos, porque si no se me va la columna sólo en nombrar los errores de una iniciativa que no debería ni dictaminarse, sino mandarse de inmediato a la congeladora que, de existir físicamente, sería del tamaño de la Antártica sin cambio climático:”
-
Desconoce a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con derecho a tomar decisiones. Autoriza al personal médico a imponer tratamientos, incluso el internamiento involuntario.
-
No prevé lo que debería y es el enfoque que se está dando en el mundo (y al que nos obliga nuestro marco legal): apoyo comunitario desde un enfoque de empatía y respeto. Tampoco mecanismos que empoderen a las personas con discapacidad psicosocial para que recuperen su sentimiento de valía personal.
-
¡Justifica la institucionalización de niñas, niños y adolescentes lo cual los pone en un grave riesgo! (Además hasta dice “menores”, lo cual es un concepto anterior a la Convención sobre los derechos de la Infancia que ya tiene, ‘sólo’ dos décadas y media de ratificada).
-
Fue hecha sin consulta a personas con discapacidad y sus organizaciones. Por esto ya se han declarado inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación varias leyes, como la de personas con síndrome de Down en la Ciudad de México. También por no tener el enfoque adecuado, basado en derechos humanos, que marca claramente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (instrumento que, de nuevo, ya tiene 12 años de que la ratificó el Senado pero que no era ni citada en el primer borrador).
Ricardo Monreal entiende el tema y nombró a Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la comisión de Salud como interlocutor entre el senado y las organizaciones d ela sociedad civil
Sin duda la salud mental hoy debe ser prioritaria y no legislada al vapor.
Será una medida necesaria ante los estragos del COVID.
En Puebla quien le entrará al tema.
Bien podía ser Myriam Arabian, quien tiene experiencia y es que fue Directora general del CONADIS.
Mi cuenta en tuiter: @adangio
