La recordación.  ‘Pecaditos’ de Lalo Rivera

En las elecciones del 2010. Eduardo Rivera Pérez, fue llevado al palacio de Charly Hall por la ola Morenovallista que arrasó al priista Javier López Zavala.

Las expectativas del cambio eran altas, al final quedaron en expectativas.

Y es que  el gobierno de Rivera Pérez no fue diferente a los gobiernos de sus antecesores, ejerció el poder municipal replicando las prácticas de los gobiernos priistas, aquellas que habían prometido desterrar, pero con el bono democrático con el que accedieron al gobierno les permitió potenciar y en algunos casos, superar.

Las promesas fueron incumplidas y en un juego ‘perverso’ de palabras se maquilló la realidad, quien no recuerda uno de los programas estelares de su administración, ‘Mil Calles’, cuando en realidad no se rebasaron las quinientas.

Una auditoria con aroma político pero no por eso no sustentada y ordenada desde lo más alto del poder local, reveló compras a empresas fantasma, asesores con pagos millonarios y otros pequeños detallitos que amenazaban con inhabilitarlo por doce años y una multa de 25.5 mdp. Un amparo y una negociación política en las altas esferas del CEN de AN hicieron que Rivera Pérez, logrará que el congreso del estado le aprobará sus cuentas públicas.

Sin embargo el caso no está cerrado, hace unos meses el auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano advirtió que existen dudas en torno a cómo se aprobaron las cuentas públicas del ex presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, por lo que se procedería a la apertura de archivos, lo cual es algo permitido por la ley para la rendición de cuentas.

 

Uno de los escándalos que mayor confrontación política y social ocasionaron fue el relacionado con la usurpación de profesión en la que incurrieron su tesorero municipal y su secretario de administración, los dos hombres responsables del ejercicio de los recursos públicos, el que autoriza y el que cobra.

El primer caso, es el de Arturo Botello Vargas que como tesorero municipal firmó documentos como contador público sin poseer el título correspondiente. Ante el escándalo, Rivera Pérez defendió al infractor afirmando que no existía ninguna obligación legal de ser profesional titulado para ejercer el cargo, y tiene razón, porque la reforma a la Ley Orgánica Municipal de ese estado, que incluyó esa obligatoriedad de ser profesional titulado para ese cargo, se aprobó posterior a este escándalo. Pero en lo que no tiene razón, es que negó que el funcionario cachirul hubiera firmado documentos presupuestales, contables y fiscales ostentando un título que no poseía.

Pero el de Botello Vargas no fue el único caso de encubrimiento en el que incurrió Rivera Pérez, también se presentó la misma situación con su Secretario   de Administración, Iñigo Ocejo Rojo, quien ingresó al gobierno municipal declarando ingresos anuales por 193 mil pesos y un año después de abandonar la administración, declaraba ingresos por más de 4 millones 300 mil pesos, ya que incursionó en la línea del ‘emprendurismo’ y de pronto se convirtió en un próspero consultor especialista   en gestión de fondos para emprendedores.

Ocejo Rojo, quien permaneció en toda la administración de Eduardo Rivera, también signó contratos y diversos documentos  oficiales ostentándose                 como licenciado sin poseer el título profesional, pero no era nueva esta conducta, cuando fue delegado federal de la CONDUSEF en Puebla,     hizo     lo    mismo.

Las leyendas en  el área de seguridad pública, en donde Amadeo Lara y el famoso comandante Tiburón, mandaban, son dignas del ‘Negro’ Durazo. Pero esas serán, otras historias.

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