El gobierno local no meterá las manos por nadie, su cruzada no es por la justicia sino por la sobrevivencia de un proyecto.
En Puebla hay nerviosismo de algunos actores del pasado reciente y del presente, personajes que cometieron excesos: abusaron de lo que no debían y también protegieron a quien no debían.
La detención de Hernán Bermúdez Requena es el inicio del fin.
No es casualidad que Puebla lleve años ocupando los primeros lugares en robo de hidrocarburos.
El “Triángulo Rojo” es el lugar más conocido de Puebla asociado al huachicol (robo de combustible), una región que abarca los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete, concentrando el mayor número de tomas clandestinas en la última década. Sin embargo, el problema del huachicol en Puebla se extiende a otros municipios como San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan; lo que hace que municipios cercanos como: San Pedro y San Andrés Cholula, Huejotzingo, Coronango u Cuautlancingo, sean refugio del hampa.
Los reportes de inteligencia dicen que hay municipios coludidos con toda su estructura, desde el alcalde, el secretario de gobernación y el de seguridad pública, protegiendo el robo de combustible, peor aún, su transito por el estado sería cubierto por elementos estatales.
Los poblanos involucrados en los ilícitos están a la espera de lo que hable Requena, saben que hay un guion detrás de esto, saben que la suerte está echada y que en el gran tablero nacional son fichas de cambio.
La cuerda siempre se rompe por lo más delgado: El destino siempre cobra. Y se ensaña más con aquellos que no cumplieron acuerdos, que no callaron y que traicionaron.
Por el momento se sabe de una política que no fue ‘Leal’ y que se encuentra fuera del estado en calidad de ilocalizable.
En la misma situación se encontraría la hija de un empresario que al ‘no aceptar’ las condiciones del sistema, ha puesto los pies fuera de la entidad.
Otro empresario que juega a lo grande y vinculado estrechamente con Adán Augusto ha dejado de aparecer públicamente y de contestar llamadas a quien no sea de su primer círculo.
Las investigaciones además alcanzan a los encargados de la gobernabilidad, de la seguridad publica y funcionarios de la Fiscalía, de los últimos dos gobiernos.
El gobierno local no meterá las manos por nadie, su cruzada no es por la justicia sino por la sobrevivencia de un proyecto.
En el escenario no se ven nuevos acuerdos. Es el tributo que hay que pagar: Entregar cabezas.
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