Por Emmanuel Melchor Geminiano
Durante la semana que concluyó, se puso en el ojo público el adelantar y aumentar las vacaciones escolares, el debate se presenta como una medida ante el mundial o hasta preventiva por la ola de calor. Sin embargo, ¿realmente estamos resolviendo algo o simplemente trasladando el problema a las familias, especialmente a quienes cuidan en casa?
Las escuelas no son solo espacios de aprendizaje; también son una red de apoyo para millones de hogares. Cuando se anticipan las vacaciones sin una planeación integral, el impacto recae directamente en las personas cuidadoras, que en su caso son mayoría mujeres, que deben reorganizar sus jornadas laborales, buscar quién cuide a niñas y niños, incluso dejar de trabajar pero también afectando las finanzas del hogar.
En un país donde la economía informal y la precariedad laboral son realidad cotidiana, esta decisión puede convertirse en una carga adicional para familias que ya viven al límite. Debemos decirlo con claridad: las políticas públicas no pueden diseñarse solo desde la lógica administrativa.
Necesitan perspectiva de género, ser cualitativas y cuantitativas, con enfoque de derechos y visión comunitaria. Si se adelantan vacaciones y no hay medidas complementarias, la decisión puede profundizar desigualdades. Además, no podemos ignorar otro factor: las violencias que ocurren en los hogares.
Las escuelas suelen ser espacios donde se detectan señales de abuso, negligencia o situaciones de riesgo. Cuando las y los estudiantes dejan de asistir, se pierde un punto de contacto cotidiano con docentes y orientadores que muchas veces son la primera línea de detección.
En contextos donde la violencia familiar, el maltrato infantil o la violencia de género existen y que no son casos aislados, reducir el tiempo de supervisión institucional puede dejar a niñas, niños y adolescentes más vulnerables. No se trata de oponerse por sistema a cualquier medida preventiva. Se trata de exigir que las decisiones sean integrales y transversales.
La juventud no quiere soluciones improvisadas; quiere políticas públicas responsables, que consideren los efectos colaterales y que no descarguen el costo en quienes menos poder tienen para absorberlo. Adelantar vacaciones puede parecer una medida sencilla, pero sus consecuencias son complejas.
Si el objetivo es proteger, entonces debemos hacerlo con planificación, con diálogo y con una visión que priorice el bienestar colectivo. Porque la educación no se suspende por decreto: es un proceso que involucra a escuelas, familias y comunidades.
Como generación, debemos participar en estos debates no solo para opinar, sino para exigir que las decisiones públicas estén a la altura de la realidad social que vivimos.
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