*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
Uno de los principales problemas que México enfrenta desde hace ya muchos años y que los gobiernos del partido político que usted elija, ya sea con ideología, neoliberal, revolucionaria o popular, no han podido contrarrestar, es la sensación generalizada de que la ley no se aplica de forma imparcial.
Tres de cada cuatro personas opina que sí existe un trato diferenciado y la impunidad por actos de corrupción es casi total. Sólo 2% de los y las ciudadanas opinan que en el país se respetan las leyes, aunado a que las corporaciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación.
En pocas palabras, en México las normas existen, pero la seguridad y la justicia no, y para muestra el nuevo escándalo que se suscitó entre la Fiscalía General de la República (FGR) y María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Lo anterior, después de que un juez federal, denunció en marzo de 2020 a dicha directora por desacato a una suspensión definitiva que le ordenaba seguir canalizando recursos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Sin embargo, año y medio después, la FGR no ha actuado contra Álvarez-Buylla, quién salió impune por dicho desacato y continúa despachando en su puesto, feliz de la vida, caso contrario a la feroz persecución iniciada por la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero que busca encarcelar en un penal de alta seguridad a 31 académicos y ex funcionarios del CONACYT por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivados de aportaciones de 244 millones de pesos al FCCT, pese a que dichas aportaciones estaban previstas en la Ley de Ciencia y Tecnología.
Pero, usted como muchas personas más, nos preguntamos, que tipo de beneficios tiene la señalada directora, para que a pesar de haber recibido una orden judicial y ser denunciada para que se le investigara por no acatar la suspensión definitiva que concedió el 2 de octubre de 2019, en un amparo promovido por el FCCT, siga sin iniciarse la carpeta de investigación y ejerciendo el cargo sin ninguna preocupación.
Será que se ganó la inmunidad por haberle otorgado al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como investigador categoría 3, luego de once años de que le fue rechazada su solicitud de ingreso por carecer de suficientes méritos académicos.
O será que la procuración de justicia, aquella que se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, está sujeta a transacciones de tipo conveniente y complicidades.
Sea cual sea la justificación que le pongan, esto se llama impunidad, y evidencia que el discurso presidencial de “el que la hace, la paga”, es simple demagogia y ya no es creíble a los ojos de los ciudadanos, más cuando se trata de funcionarios de primer nivel, que son protegidos de manera cínica por los encargados de perseguir a los delincuentes.
Muestra de lo anterior, son los resultados de la Tercera Encuesta Nacional Sobre Corrupción e Impunidad 2021, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, así como los múltiples escándalos de corrupción que han sido revelados a lo largo de esta administración, en los que las autoridades judiciales, no han actuado por las ordenes de ya saben quién.
Lo anterior justifica las respuestas de los ciudadanos en esta materia, que es claro que su evaluación sobre la falta de castigos a los responsables de los actos de corrupción se ha continuado deteriorando, puesto que solo el 9% de los mexicanos consideran que los responsables de actos de corrupción sufren consecuencias siempre o la mayoría de las veces.
En contraste, el 72% consideran que los castigos llegan sólo algunas veces o casi nunca y 18% creen que las consecuencias simplemente no llegan. En 2019, el 11% de las personas consideraban que los actos de corrupción se castigaban siempre o la mayoría de las veces. Este porcentaje subió a 12% en 2020, pero ahora está en su punto más bajo, con 9%.
Por todo lo anterior, lamentablemente, podemos conculcar que la justicia y el trabajo de sus instituciones encargadas de procurarla, es selectiva y discriminatoria, sino se pertenece al grupo político del jerarca nacional.
El papel de redentores y de ver paja en el ojo ajeno y no viga en el propio, se consolida día a día en el ejercicio del poder de los gobiernos emanados de la 4T, que aplican el dicho “abrazos, no balazos” para los miembros de los carteles y de la delincuencia organizada y por otro lado el de la persecución y las venganzas políticas, en contra de todos aquellos que cometieron algún acto presuntamente delictivo a quienes: “no se les niega una orden de aprehensión y menos la prisión preventiva” como puede ocurrir con los 31 académicos y ex funcionarios del Conacyt acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada, que viendo cómo actúa el Fiscal, aunque nada deben, todo temen.
