Por: Humberto Aguilar Coronado*
Una de las más graves debilidades del Estado mexicano a lo largo de la historia ha sido nuestro enorme déficit en la efectividad del Estado de Derecho.
En todos los ámbitos de la vida pública, las leyes han sido puestas de lado, saltadas o simplemente ignoradas cuando se trata de alcanzar beneficios u objetivos de interés.
En ese México, débil desde el punto de vista de sus instituciones jurídicas, los ganadores del sistema han sido siempre los grupos sociales más favorecidos.
En la tradición mexicana, la ley ha sido un obstáculo que debe ser vencido. Y siempre, en todos los casos, el más hábil para vencer el obstáculo, adquiría una validación social que hacía que los demás quisieran imitarlo.
Así las cosas, con profunda vergüenza debemos reconocer que uno de los aspectos más visibles del carácter mexicano es la habilidad para saltar la ley y conseguir los objetivos egoístas y personales de cada uno.
Es justo reconocer que, a lo largo de los años, la sociedad mexicana, poco a poco, empezó a rechazar el sistema ilegal prevaleciente en México, pero llegó a la presidencia quien había anunciado que iba a mandar al diablo las instituciones.
López Obrador ha sido señalado muchas veces como un nostálgico del pasado. Tal vez ninguna de sus actitudes pueda ser más evidente en ese sentido que su desprecio por la ley. Es un presidente dispuesto a torcer la ley, a saltarse la ley y a violar la ley, con tal de conseguir sus objetivos.
En los últimos días López Obrador ha dado el definitivo salto al vacío en el respeto a la Ley. El tema de la Guardia Nacional, es extremadamente relevante porque, a diferencia del tema eléctrico en el que no logró la reforma constitucional que necesitaba, en relación a la Guardia Nacional el presidente obtuvo hace algunos años, la reforma constitucional que le solicitó al Constituyente Permanente.
Después de un intenso debate en las Cámaras del Congreso de la Unión, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual, gracias a un Transitorio, el Ejecutivo podía hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años para tener el tiempo necesario para alcanzar la consolidación del nuevo cuerpo de seguridad.
El presidente y su partido celebraron el gran éxito político del nacimiento de la nueva fuerza, pero, en lugar de cumplir con la ley y dedicarse a consolidar la policía civil que debe ser la Guardia Nacional, han empleado el tiempo de su gestión para militarizarla al grado de que hoy se presenta la nueva maniobra presidencial como un reconocimiento de lo que ya ocurre en los hechos.
Así, López Obrador anuncia que violará la Constitución con plena conciencia de que la está violando. Nos informa que la viola sin pudor porque le asiste la razón y se burla de quienes lo criticamos porque la medida puede ser revertida por el Poder Judicial.
En estas condiciones, ni siquiera se viola la Constitución para lograr que la Guardia Nacional sea eficiente en el combate a la inseguridad porque, como reconoce el presidente, en los hechos nada cambiará. Esta violación es sólo porque puede.
*Es Diputado Federal del PAN por el distrito 10 de Puebla