Delincuentes emboscan a agentes de la Fiscalía en La Paz y abandonan camioneta con sangre
La tarde del 30 de abril de 2026, la ciudad de Puebla vivió un episodio de violencia que encendió alertas en materia de seguridad pública. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de investigación en la colonia La Paz, una de las zonas consideradas de mayor plusvalía en la capital.
El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas, específicamente en el cruce de Avenida Teziutlán Norte y Teziutlán Sur, donde un grupo armado emboscó a los elementos ministeriales. Testigos reportaron al menos 20 detonaciones en cuestión de minutos, lo que generó pánico entre vecinos, automovilistas y trabajadores de la zona, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un asalto.
El saldo confirmado por autoridades fue de un agente ministerial herido por impacto de bala en la pierna, quien fue atendido por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y posteriormente trasladado a un hospital. No se reportaron víctimas civiles.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores estarían vinculados a una banda dedicada al robo de autopartes, actividad delictiva que ha incrementado en diversas zonas de Puebla. La agresión ocurrió cuando los delincuentes detectaron la presencia de los agentes, lo que sugiere una capacidad de reacción inmediata y organización operativa.
Tras el enfrentamiento, los responsables lograron huir, pero abandonaron una camioneta Chrysler Town & Country blanca, en cuyo interior se encontraron rastros hemáticos, lo que indica que al menos uno de los atacantes pudo haber resultado herido durante el intercambio de disparos.
El incidente provocó un fuerte despliegue de seguridad con participación de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ejército y Marina, quienes aseguraron la zona, recolectaron casquillos percutidos y mantuvieron cerrada la vialidad por varias horas.
Este hecho no solo refleja un nivel de violencia creciente, sino también un reto directo a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo que abre cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener a grupos delictivos en zonas urbanas estratégicas.
