Idamis Pastor: entre el deslinde del gobernador y los rumores de salida en la Fiscalía de Puebla
En los pasillos del poder en Puebla la versión corre con insistencia: la fiscal general Idamis Pastor Betancourt estaría atravesando sus últimas horas o por menos, las más complejas al frente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). Es innegable un desgaste acelerado y de una relación fracturada con el gobernador Alejandro Armenta, quien —según fuentes cercanas a Moviendo Ideas— habría tomado distancia política.
Nada está escrito todavía. Pero la frase que marcó un punto de quiebre fue contundente:
“Yo no soy el señor gobernador”.
La declaración, pronunciada tras ser cuestionada por el hallazgo de seis cuerpos en Huehuetlán El Grande y los jóvenes asesinados por confusión en la Sala de Despecho, luego de que el mandatario adelantara posibles vínculos con el crimen organizado, fue leída en el círculo político más que como un deslinde, como una provocación.
Para algunos, fue un intento de blindarse bajo el principio constitucional de autonomía de la Fiscalía. Para otros, fue una ruptura innecesaria que la dejó sin el principal sostén político que la llevó al cargo.
La gota que derramó el vaso
El desgaste, sin embargo, no comenzó con esa frase. En octubre, la detención del empresario Javier Millán frente a La Vista Country Club —acusado de trata y lavado— detonó una tormenta interna. El video de la aprehensión y posteriores señalamientos de presuntas detenciones arbitrarias expusieron prácticas irregulares al interior de la institución.
Poco después, en noviembre de 2025, Pastor Betancourt destituyó a tres fiscales de su equipo por presuntos actos de extorsión y manipulación de investigaciones contra empresarios. La decisión fue presentada como parte de una política de “cero tolerancia a la corrupción”.
Pero la reestructura no quedó ahí.
La nueva configuración interna
A partir de entonces, la estructura de la FGE fue ocupada por perfiles poblanos que retomaron áreas estratégicas:
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Sandra González de Yta, Fiscalía de Investigación Regional
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Rubén Alberto Curiel Tejeda, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
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Fredy Erazo Juárez, Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia
Fuentes internas aseguran que, tras esos nombramientos, la fiscal quedó políticamente aislada. Se habla de fiscales que ya no le consultan decisiones estratégicas y de una reorganización administrativa que le habría retirado control sobre áreas clave como Oficialía Mayor, Recursos Humanos y Finanzas.
En términos prácticos —según versiones dentro del organismo— su margen de maniobra se redujo drásticamente.
El escándalo de la asesora
A la tensión interna se suma el señalamiento contra María Angélica Gómez Tello, asesora cercana a la fiscal y vinculada académicamente con el director del Instituto de Formación Profesional. Versiones no confirmadas la acusan de presuntas gestiones irregulares relacionadas con procesos judiciales y devolución de bienes asegurados.
Aunque no existe imputación formal pública en su contra, el ruido político ha crecido.
Filtraciones y ruptura
En medio del desgaste, trascendió que Pastor habría intentado filtrar información en contra de algunos fiscales recién nombrados, incluido Fredy Erazo. La estrategia, dicen operadores políticos, no funcionó.
Incluso se habla de una reunión con el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, y el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, donde el mensaje habría sido directo: bajar la confrontación interna y ordenar la casa.
Desde entonces, el silencio del Ejecutivo ha sido interpretado como distancia.
Los casos que sacudieron al estado
El contexto tampoco ayuda. La ejecución de tres jóvenes afuera del bar Sala de Despecho, el hallazgo de seis cuerpos en Huehuetlán El Grande y otros hechos violentos recientes han colocado a la Fiscalía bajo reflector nacional.
En el caso de Sala de Despecho, la FGE informó que las víctimas no eran el objetivo original y que los agresores estarían vinculados con una célula ligada al CJNG. Hubo cuatro detenidos. Pero el impacto mediático fue inmediato.
En ese escenario, la frase “yo no soy el gobernador” quedó como símbolo de una fractura.
¿Blindaje o soga al cuello?
La paradoja es clara.
Si la Fiscalía es autónoma, la frase podría interpretarse como un acto de independencia institucional. Pero si la relación política está rota, su eventual destitución podría exhibir que la autonomía es frágil y depende de la bendición del Ejecutivo.
Por otro lado, el gobernador tiene a su favor los múltiples escándalos internos que envuelven a la institución. En términos políticos, argumentos no faltarían.
Las versiones sobre el futuro de Idamis Pastor se multiplican:
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¿Renuncia voluntaria por “motivos personales”?
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¿Salida por reconfiguración institucional?
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¿Reacomodo en otra área de seguridad pública?
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¿O resistencia hasta el límite?
Por ahora, la fiscal sigue en funciones. Pero en el tablero político poblano, las piezas ya se movieron.
Y cuando en el poder se deja de contestar el teléfono, el mensaje suele ser más fuerte que cualquier declaración pública.
