Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Northumbria (Reino Unido), de la Universidad Estatal de San Diego y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) reveló que información esencial sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en México ha sido sistemáticamente ocultada, no existe o maneja terminología poco clara, por lo que es prácticamente imposible hacer que la institución rinda cuentas sobre su rol en la llamada “guerra contra las drogas”.
El estudio -titulado “Fuerza letal y negación: el legado del Ejército en la ‘guerra contra las drogas’ en México” y publicado en el volumen de julio de la prestigiosa Revista Internacional de Derechos Humanos- analizó tres bases de datos oficiales las cuales contienen información sobre ciudadanos que han sido muertos, heridos o detenidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de la “Guerra contra las drogas”, así como del personal militar muerto en combate. Las bases de datos consultadas fueron: Base de datos de Políticas de Drogas del CIDE, Base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicada en octubre de 2019 a través de una presentación de Power Point y la Base de datos formada a partir de solicitudes de transparencia.
Este artículo explora el uso de la fuerza letal por parte de los militares en el México contemporáneo. Anualmente, aproximadamente 50.000 soldados patrullan las calles en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’, que comenzó en 2006 y continúa hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas han matado, detenido o herido los militares durante las “operaciones policiales”? La información sobre lo que hacen los militares se ha ocultado durante años. Recientemente, después de años de secreto, los militares hicieron públicos estos hechos. Analizamos esta información desde dos ángulos. Primero, evaluamos cuán confiables son los hechos. En segundo lugar, utilizamos cuatro indicadores para investigar los datos. Las cifras que proporcionan los militares en cualquier documento rara vez coinciden con las proporcionadas en otro. Esto significa dos cosas: falta información esencial sobre el desempeño de las fuerzas armadas o está siendo manipulada; y, por lo tanto, los militares no son realmente responsables de sus actos en la “guerra contra las drogas”. También encontramos lo siguiente: por cada año, los militares matan a muchos más presuntos agresores de los que lesionan; en la mayoría de los años, los militares matan a más o aproximadamente el mismo número de personas que detienen; los militares a menudo abusan cuando usan fuerza letal. Nuestros hallazgos dan algunas pistas sobre la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales.
Introducción
Este artículo explora el uso de la fuerza letal por parte de los militares en el México contemporáneo. En 2006, el gobierno mexicano lanzó una ‘guerra contra las drogas’, con el objetivo, según nos dicen, de acabar con la violencia relacionada con las drogas y el crimen organizado. 1 Con recursos económicos y legales crecientes, los militares controlan esta ‘guerra’. 2 En promedio, anualmente, aproximadamente 50.000 soldados patrullan las calles y realizan “operaciones policiales”. 3 Estas acciones en ocasiones han dado lugar a ‘enfrentamientos’ entre presuntos cárteles y militares. Entre 2006 y 2019, los militares de México reconocen oficialmente haber participado en más de 4500 ‘enfrentamientos’ en los que murieron más de 4700 ‘agresores’. 4 Entonces, estas operaciones policiales son innegablemente letales.
Pero sabemos muy poco sobre estos supuestos enfrentamientos. El tema ha sido ignorado en gran medida por los análisis académicos y por los expertos en cuestiones de seguridad o derechos humanos. Esto se debe, en parte, al hecho de que la información sobre lo que hacen los militares se ha ocultado durante años. 5 ¿Cuántas personas han matado, detenido o lesionado los militares durante las operaciones policiales? Los funcionarios estatales han negado sistemáticamente la existencia de estos datos. La ‘guerra contra las drogas’ de México ha traído consigo una ‘guerra de silenciamiento’. 6
Recientemente, después de años de secreto, los militares hicieron públicos los hechos sobre personas muertas, heridas o detenidas en enfrentamientos. 7 Por tanto, analizar esta información es oportuno e importante. ¿Qué revelan estos datos sobre el papel de los militares en la democracia de México? Ésta es la pregunta que enmarca este artículo.
Analizamos la información sobre el número de personas muertas, heridas o detenidas por los militares desde dos ángulos. Primero, evaluamos cuán confiables son los hechos. ¿Se puede confiar en datos que se han ocultado deliberadamente durante tanto tiempo? En segundo lugar, y más importante, utilizamos cuatro índices para investigar los datos: lo que se conoce en la literatura como el ‘Índice de letalidad’, 8 y luego lo que llamamos índice de proporcionalidad, índice de detenidos e índice criminal. Estos indicadores se explican en detalle a continuación; sirven bien para evaluar si los militares abusan de su uso de fuerza letal en operaciones policiales. Ciertamente, esto no debe esperarse, ya que el uso de fuerza letal, de acuerdo con diversos estándares internacionales de derechos humanos, debe ser un último recurso. 9
Nuestros hallazgos son inquietantes. Las cifras que proporcionan los militares en cualquier documento rara vez coinciden con las proporcionadas en otro. Entonces, aunque ahora tenemos información que antes no estaba disponible, no es convincente. Esto significa dos cosas: falta información esencial sobre el desempeño de las fuerzas armadas o está siendo manipulada; y, por lo tanto, los militares no son realmente responsables de sus actos en la “guerra contra las drogas”. Además, al calcular los cuatro índices mencionados anteriormente, encontramos que los militares son considerablemente más letales que sus oponentes. Esta es una prueba de que los militares han hecho un uso excesivo de la fuerza letal. También descubrimos que los militares están matando a muchas más personas de las que están hiriendo en las operaciones policiales. Por último, demostramos que, en la mayoría de los años, los militares matan a más o aproximadamente el mismo número de personas que detienen.
Nuestro análisis de los cuatro índices muestra que los militares utilizan la fuerza letal no como último recurso, sino como el primero. Esto sugiere que posiblemente se estén cometiendo ejecuciones extrajudiciales o crímenes de lesa humanidad en México, lo que quizás sea la razón por la que los funcionarios estatales dificultan conocer el uso de la fuerza letal por parte de los militares en primer lugar.
El índice de letalidad y el índice de proporcionalidad, o variantes de dichos indicadores, ya han sido utilizados en diversos estudios sobre la legitimidad del uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad en países como Argentina, Brasil, Jamaica, Filipinas y Venezuela. 10 En México, estos dos indicadores se han explorado antes, pero la información que proporcionaron era incompleta, solo hasta 2014 11.Este artículo se basa en estos análisis y proporciona información hasta 2019. Además, construimos un índice de detenidos y un índice criminal. Usamos estos nuevos indicadores para arrojar luz adicional sobre el mismo tema: ¿cómo usan los militares la fuerza letal en las operaciones policiales? Nuestros hallazgos son sobre México, pero nuestro análisis puede servir como marco para estudiar el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad en otros países.
Desde una perspectiva sociológica, nuestros hallazgos pueden ayudar a explicar cómo se mantiene el orden social en la democracia militarizada de México. Los militares están desempeñando cada vez más tareas que son responsabilidad de las autoridades civiles. 12 Un efecto visible de este arreglo es el despliegue de operaciones policiales peculiares en las que los militares matan a más sospechosos de los que hieren o detienen. Este estudio es particularmente oportuno y relevante ya que, al momento de redactar este artículo (mayo de 2020), el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un inquietante decreto presidencial que amplía y formaliza el papel –el poder– de las Fuerzas Armadas de México en tareas de seguridad pública. 13 En este contexto, nuestros hallazgos también revelan cómo el secretojuega un papel importante en una ‘guerra contra las drogas’ liderada por los militares: el encubrimiento, como dijo Timothy Pachirat, protege y neutraliza el trabajo de matar. 14
Conceptualmente, este artículo está inspirado en el trabajo pionero de Stanley Cohen sobre la negación y las violaciones de los derechos humanos. 15 Siguiendo a Cohen, creemos que la negación es una etapa integral en el desarrollo de la atrocidad. La manipulación de la verdad, estrategias para ocultar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, impide la rendición de cuentas de los perpetradores, quienes se sienten autorizados a hacer lo que hacen. 16 Normativamente, al analizar estas cifras, este artículo busca contribuir a exponer la cultura de la negación que protege y oculta la comisión de violaciones de derechos humanos en México. Puede ayudar a organizaciones de derechos humanos, periodistas y activistas en sus demandas de que los militares sean más responsables.
El artículo está organizado como sigue. La primera sección describe los antecedentes que llevaron a esta investigación: la falta de rendición de cuentas de los militares mexicanos en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’; el segundo describe cómo recolectamos la información y la metodología utilizada para calcular los diferentes índices; el tercero compara los diferentes conjuntos de datos publicados por el gobierno sobre los enfrentamientos militares con grupos criminales; el cuarto examina e interpreta los resultados; y finalmente la quinta sección extrae conclusiones, analiza las implicaciones de las políticas y sugiere más investigaciones utilizando este análisis.
El secreto y la militarización de la seguridad pública
Por militarización de la seguridad pública entendemos el despliegue de militares para realizar tareas que son responsabilidad de la policía. Es en este sentido que se está produciendo la militarización de la seguridad pública en América Latina: las fuerzas policiales se desvanecen y su lugar está siendo ocupado por militares. 17 Esta aclaración es importante porque la militarización de la seguridad pública en las democracias occidentales -en Estados Unidos, por ejemplo- ocurre y se entiende de otra manera:
Las agencias policiales locales comenzaron a adoptar el tipo de equipo militar que se usa con más frecuencia en una zona de guerra: todo, desde vehículos blindados de transporte de personal y tanques, con torretas de ametralladoras giratorias de 360 grados, hasta lanzagranadas, drones, armas de asalto y más. 18
Entonces, en los Estados Unidos, la policía puede usar armamento de estilo militar, pero sigue siendo una fuerza policial regular, que recibe órdenes de las autoridades civiles.
La participación de los militares en las operaciones policiales es un elemento significativo de lo que en México se conoce como la “guerra contra las drogas”. 19 Esta peculiar ‘guerra’ fue lanzada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón (en el cargo 2006-2012). 20 Afirmó que esta estrategia neutralizaría el crimen organizado y, en consecuencia, reduciría los niveles de violencia. Sin embargo, desde 2006, la violencia aumentó exponencialmente y los cárteles de la droga se multiplicaron. 21 Entre 2006 y 2020, la ‘guerra contra las drogas’ se ha cobrado la vida de más de 260.000 ciudadanos mexicanos y ha desaparecido a unos 60.000 más. 22
En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) prometió que su administración cambiaría su enfoque para abordar el problema de la violencia y el crimen organizado. Como resultado, la guerra contra las drogas se conocería en lo sucesivo como el “Plan México en la Paz”. A pesar del cambio de nombre, en la práctica la estrategia fue básicamente la misma: el uso creciente de las fuerzas armadas para ‘garantizar’ la ‘seguridad interna’ del país. 23
En 2018, Andrés Manuel López Obrador puso fin formalmente a la ‘guerra contra las drogas’. La estrategia para hacer frente a las organizaciones criminales se ha denominado eufemísticamente el ‘Plan Nacional de Paz’. Desde entonces, México ha experimentado los años más violentos desde 1990, cuando el gobierno comenzó a registrar tasas de homicidio. En 2019, el presidente López Obrador reemplazó a la policía federal con una ‘fuerza civil’ diferente, llamada Guardia Nacional. 24 En abril de 2020, el gobierno informó que ‘el 76 por ciento de los 76.773 miembros de la Guardia Nacional desplegados’ pertenecía a las fuerzas armadas: tanto militares como navales. 25El jefe de esta institución es un general del ejército recientemente retirado. Entonces, claramente, la Guardia Nacional no es una fuerza civil. Además, en mayo de 2020, el mandatario emitió un decreto ejecutivo para incrementar las capacidades de las fuerzas armadas -aquellos que no forman parte de la Guardia Nacional- para realizar operativos policiales. 26
Entonces, entre 2006 y 2020, cada nueva administración ha desplegado un nuevo discurso para hacer más aceptable la ‘guerra contra las drogas’, el uso del ejército para operaciones policiales y el crecimiento sostenido de la tasa de homicidios. La retórica puede cambiar, pero la estrategia para lidiar con los mercados de drogas ilícitas permanece sin cambios significativos en la práctica. Ya sea que el gobierno la llame ‘guerra contra las drogas’, ‘seguridad interna’, ‘México en paz’ o ‘plan de paz’, lo que sí es evidente es que el efecto más significativo de esta estrategia política es que los militares están ganando cada vez más poder e influencia. Pero, ¿cómo se les hace responsables?
Ésta no es una pregunta trivial. Estudios recientes han demostrado que la participación de militares mexicanos en operativos policiales aumenta significativamente la tasa de homicidios en los municipios donde se llevan a cabo dichos operativos. 27 Otros análisis han demostrado que cuando los militares ejercen funciones policiales en México, perpetran graves violaciones de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 28 Así que, sin duda, se necesita algún tipo de responsabilidad de los militares, 29 a menos que, como advirtió Cohen, “el estado haga imposible o peligroso reconocer la existencia de realidades pasadas y presentes”. 30 Este parece ser el caso de México.
El 14 de octubre de 2019, el Secretario de Defensa Nacional de México, miembro del ejército, presentó información sobre el desempeño de los militares en operaciones de seguridad pública, operaciones que normalmente serían realizadas por la policía. 31 A través de una presentación en PowerPoint, el Secretario explicó a los medios de comunicación lo que denominó ‘informe de seguridad pública’. Se incluyó una diapositiva que mostraba el número de “agresores” que habían sido “asesinados”, “heridos” y “detenidos” en enfrentamientos con las “fuerzas federales”: los militares. Esta información fue de hecho relevante pero completamente inesperada, porque durante casi cinco años los militares negaron tener datos sobre supuestos enfrentamientos con cárteles de la droga. 32Desde 2015, un grupo de académicos advirtió públicamente a través de diferentes medios que habían solicitado este dato sin éxito. 33 Su objetivo era plantear preocupaciones sobre el hecho de que los militares en la democracia de México estaban ocultando información vital y, por lo tanto, no estaban siendo responsabilizados. Luego, entre 2017 y 2019, en diferentes ocasiones, solicitamos formalmente a los militares que aporten los mismos datos: ¿cuántos ciudadanos han sido detenidos, heridos o asesinados por militares en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’? Pero nosotros también fallamos. Los militares respondieron sistemáticamente que los datos no existían; no llevaban registros de sus operaciones policiales porque, supuestamente, hacerlo no era de su competencia.
¿Era posible que los militares no mantuvieran informes sobre el número de presuntos delincuentes que detienen o matan en operaciones policiales? ¿Cómo planifican, ejecutan y evalúan sus operaciones? ¿Simplemente disparan a los sospechosos y abandonan la escena del crimen? ¿O simplemente estaban ocultando hechos? Distintas leyes exigen indiscutiblemente a las fuerzas de seguridad de México que rindan cuentas de su participación en ‘enfrentamientos’ con presuntos grupos criminales, o cuando ‘repelen agresiones’, o lo que sea que digan hacer en las calles. 34 Los militares están obligados por ley a denunciar lo que hacen a los civiles cuando realizan operaciones policiales, entonces, ¿los militares eludieron la ley o solo desobedecieron órdenes? ¿Estaban imponiendo el estado de derecho e ignorando la ley al mismo tiempo?
La rueda de prensa realizada por el Secretario de Defensa el 14 de octubre de 2019 mostró que los datos sí existían, los militares tenían esta información, pero que durante años se han mostrado reacios a exponerlos al público. 35 Negaron las consecuencias incómodas y no deseadas de una ‘guerra’ improvisada y fallida: 36 no hay datos, nada es oficial, no hay asesinatos, por lo que no pasa nada. Esta es la realidad irreal vivida en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’ de México.
Este es un ejemplo de lo que Stanley Cohen denominó ‘negación literal’ de la atrocidad: ‘la desautorización lacónica’ desplegada por agentes estatales ‘de que’ no pasó nada ”. 37 Cohen identificó este discurso de negación oficial de los crímenes estatales en la mayoría de los regímenes autoritarios y represivos: ‘sin responsabilidad interna y aislados del escrutinio externo, no se necesita una respuesta elaborada’, ‘la masacre no tuvo lugar’, ‘no tenemos la datos’. La ironía es que México es formalmente una democracia. Sin embargo, en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’, el gobierno no se siente obligado a explicar cuántos ciudadanos han muerto cuando los militares han llevado a cabo operaciones policiales en las calles, y mucho menos por qué o cómo fueron asesinados. 38El ocultamiento, como argumenta Pachirat, opera como un mecanismo de poder en la sociedad moderna. 39 Hace tolerables realidades perturbadoras. Crea distancia, una distancia que ayuda a algunos grupos dentro de la sociedad, por ejemplo, los militares, a realizar actos violentos e indescriptibles de los que nos beneficiamos directamente.
Ahora que los hechos se han puesto a disposición del público, es importante ver qué revelan sobre la ‘guerra contra las drogas’ de México. En este artículo analizamos la cantidad de ciudadanos muertos, heridos o detenidos en supuestos enfrentamientos con militares. ¿Qué nos dicen estos números sobre las operaciones militares en el México contemporáneo?
Metodología
En esta sección explicamos cómo recopilamos la información analizada en este artículo. Es, nuevamente, una historia de secretismo y revelación. Sirve bien para ofrecer al lector una idea de lo difícil que es saber qué hacen las fuerzas de seguridad en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’, o al menos averiguar qué dicen que están haciendo. También aclaramos cómo evaluamos la información disponible, mediante la construcción de indicadores que nos ayudan a comprender el uso de la fuerza letal por parte de los militares.
Bases de datos
En nuestra investigación analizamos tres bases de datos que contienen información sobre ciudadanos que han sido asesinados, heridos o detenidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’. También hablan de militares muertos en combate. El gobierno mexicano produjo todas estas bases de datos. Explicamos por qué hay tres fuentes diferentes de información sobre exactamente el mismo tema.
La primera base de datos que utilizamos fue publicada por el Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencia en Economía de México. El gobierno mexicano construyó esta base de datos pero nunca la hizo pública oficialmente. Sin embargo, los funcionarios estatales filtraron la base de datos y ha estado disponible para el consumo público desde 2016. Contiene información desde diciembre de 2006 hasta noviembre de 2011. La historia inusual de esta base de datos se ha discutido en otra parte. 40 Lo llamamos Base de datos del programa de políticas de drogas .
La segunda base de datos es la que hizo pública la Secretaría de Defensa Nacional en octubre de 2019, y cubre el período de 2007 al 30 de septiembre de 2019. Como explicamos anteriormente, la información se presentó a los medios de comunicación a través de una presentación en PowerPoint y luego se realizó disponible para el publico. 41 El gobierno publicó los datos luego de que varios periodistas, académicos, organizaciones de derechos humanos y activistas se movilizaran para exigir una mayor transparencia de las fuerzas armadas. 42 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también participó en esta campaña. 43 Estuvimos entre el grupo de personas que participó en esta movilización. A los datos los llamamos Base de datos del secretario .
Recientemente, los militares pusieron a disposición del público la tercera base de datos. 44 La historia detrás de esta base de datos también es peculiar y complicada. Desde 2015, utilizando las leyes de transparencia de México para realizar solicitudes formales de información pública, diversos activistas de derechos humanos y académicos han preguntado por el número de ciudadanos muertos, heridos o detenidos por los militares. 45 De acuerdo con la ley, los militares deben realizar un seguimiento de esta información, que debe ser pública. 46También hicimos solicitudes de información entre 2017 y 2019. No fue una tarea fácil: utilizando argumentos legales diferentes y engañosos, los militares ocultaron sistemáticamente los datos que buscamos. Con la ayuda de un abogado, experto en jerga militar y en la normativa barroca de transparencia de México, estuvimos involucrados en una disputa con los militares durante más de dos años, ya que los militares negaron categóricamente tener información desde mediados de 2014 en adelante. 47 De repente, en algún momento a fines de 2019 o principios de 2020, después de que un ‘peticionario’ desconocido hiciera una nueva solicitud de información, el ejército accedió a hacer pública esta información. El nuevo conjunto de datos cubre el período de 2007 a septiembre de 2019. A esto lo llamamos Base de datos de solicitud de información .
De estas tres bases de datos, seleccionamos cinco categorías comunes que utilizan los militares para clasificar y contar el número de personas muertas, heridas o detenidas en presuntos enfrentamientos: ‘agresores muertos’, ‘agresores heridos’, ‘agresores detenidos’, ‘autoridades muertas’. y “autoridades heridas”. Luego comparamos estas categorías utilizando las tres bases de datos. Hay poca superposición entre ellos. Pero antes de embarcarnos en dicho análisis, se necesitan algunas aclaraciones.
Categorías
No formamos las categorías mencionadas anteriormente. Los militares utilizan estas categorías o etiquetas en sus informes. Los militares denominan a la mayoría de los ciudadanos a los que matan, hieren o detienen en supuestos enfrentamientos como “agresores”. El concepto es, conveniente y deliberadamente, engañoso. 48 Como han demostrado muchos informes de derechos humanos y relatos periodísticos, muchos ‘agresores’ son de hecho ciudadanos comunes que se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado. 49 En un país donde más del 90 por ciento de las investigaciones criminales quedan impunes, ¿cómo podemos saber que las personas reportadas como muertas en combate son realmente criminales o ‘agresores’? 50Esto no quiere decir que todos los “agresores” sean víctimas inocentes. Pero existe abundante evidencia que muestra que muchas personas que fueron ejecutadas o detenidas ilegalmente por los militares en México no eran miembros de cárteles ni delincuentes, sino ciudadanos comunes.
La categoría ‘agresores’ tiene un significado adicional: ‘agresores’ son atacantes, aquellos que perpetran un acto no provocado, hostil y destructivo contra otro individuo. Según esta narrativa, los militares solo ‘repelieron’ las agresiones. 51 Esto tiene el efecto desinfectante de transmitir la idea de que las verdaderas víctimas son los militares que solo se defendieron a sí mismos.
De manera similar, “confrontación” es una categoría engañosa. “Confrontación” es el término general que utilizan los militares para describir cualquier evento en el que detienen, hieren o matan a un civil. Por lo tanto, no se necesita ninguna ‘confrontación’, batalla u hostilidad para que ocurra realmente. Varios relatos de personas de organizaciones de derechos humanos y periodistas muestran que los militares pueden estar simplemente patrullando las calles y luego, de repente, abrir fuego contra personas que creen que son sospechosas. 52 Estos incidentes cuentan como ‘enfrentamientos’, aunque no se produce ningún fuego cruzado.
Este es un ejemplo de lo que Cohen categorizó como ‘negación interpretativa’ de la atrocidad: cuando el gobierno admite los hechos en bruto, sí, los asesinatos ocurrieron, pero niega el ‘marco interpretativo colocado en estos eventos’, el ‘daño se reformula cognitivamente y luego reasignado a una clase de evento diferente y menos peyorativa ‘. 53En este contexto, los eufemismos juegan un papel integral, ya que sirven como términos paliativos que minimizan o tergiversan el daño. Sí, los asesinatos tuvieron lugar, pero los asesinados eran “agresores”. Los militares no perpetraron la masacre, lo que pasó fue otra cosa, fue un ‘enfrentamiento’ contra ‘agresores’. Estos silogismos implican que las víctimas no son ciudadanos comunes, sino criminales que no merecen el debido proceso legal. Al etiquetar a todos los asesinados como ‘agresores’, el gobierno culpa implícitamente a las víctimas de su suerte: las víctimas eran ‘combatientes’ que nos ‘atacaron’ y así obtuvieron lo que se merecían.
El uso mortal de la fuerza
Hay varias formas de medir cómo los agentes de seguridad usan la fuerza letal. 54 Los expertos en fuerzas policiales han creado indicadores diversos y sofisticados para evaluar esto, por ejemplo, para estimar con qué frecuencia se emplea la fuerza letal. En este artículo, nos enfocamos en lo que se llama abuso de fuerza letal: buscamos arrojar luz sobre patrones de uso desproporcionado, excesivo y posiblemente ilegal de fuerza letal por parte de los militares. Para ello, calculamos cuatro indicadores:
-
El ‘Índice de letalidad’ es ampliamente utilizado por especialistas en seguridad y derechos humanos. Calcula la letalidad dividiendo la suma de los presuntos agresores muertos por la suma de los presuntos agresores heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en cualquier año. 55 Este indicador muestra si los militares están matando a más personas de las que están hiriendo durante los enfrentamientos. Recuerde, estamos hablando de operaciones policiales, por lo que uno esperaría que los militares maten a muchas menos personas de las que hieren durante los supuestos enfrentamientos.
-
Otro indicador utilizado en la literatura, al que llamamos índice de proporcionalidad , se calcula dividiendo el número de militares asesinados por delincuentes por año por el número de agresores asesinados por militares ese mismo año durante enfrentamientos. Este indicador nos permite saber qué bando está matando a más individuos durante los enfrentamientos. Si los militares están matando a muchas más personas que los “agresores”, los militares están utilizando fuerza letal de manera desproporcionada.
-
Luego desarrollamos el tercer indicador, al que llamamos índice de detenidos . Se calcula dividiendo la suma de presuntos agresores asesinados por militares por año por la suma de presuntos agresores detenidos por militares ese mismo año. Este indicador da una idea de si los militares matan a más personas de las que detienen durante supuestos enfrentamientos. Una vez más, estamos ante operaciones policiales. Por lo tanto, uno esperaría que los militares mataran a muchas menos personas de las que detienen durante los enfrentamientos.
-
Finalmente, calculamos lo que llamamos índice criminal . Este índice divide la suma de militares muertos por el número de militares heridos en enfrentamientos en cualquier año. Muestra si los miembros del crimen organizado están matando a más militares de los que están hiriendo en los enfrentamientos. Cuando este indicador se compara con el ‘Índice de letalidad’, muestra si los militares o los atacantes tienen una tasa de letalidad más alta. El punto es saber quién mata a más personas en los enfrentamientos. Si los militares están matando a muchas más personas de las que están matando los miembros del crimen organizado, sugiere que los militares están utilizando fuerza letal de manera excesiva.
La importancia de estos índices es que pueden ofrecer alguna evidencia sobre el nivel de abuso que los militares cometen cuando usan fuerza letal. Nos permiten evaluar si los militares se adhieren a los principios internacionales sobre el uso de la fuerza en las operaciones de aplicación de la ley. 56 Según estos principios, la fuerza letal debe ser excepcional. De hecho, “no se utilizará más de la fuerza mínima que sea razonablemente necesaria en las circunstancias”. 57 Las fuerzas de seguridad deben actuar “en proporción a la gravedad del delito”. Por tanto, y de manera crucial, estos indicadores podrían dar algunos indicios sobre la perpetración de ejecuciones extrajudiciales, sobre la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
¿Los números no mienten?
En esta sección comparamos las cinco categorías que utiliza el gobierno para clasificar y contar el número de personas que han sido asesinadas, heridas o detenidas durante enfrentamientos con militares (‘agresores muertos’, ‘agresores heridos’, ‘agresores detenidos’, autoridades muertas ‘y’ autoridades heridas ‘) contra las tres bases de datos (la Base de Datos del Programa de Políticas de Drogas, la Base de Datos del Secretario y la Base de Datos de Solicitud de Información). Los militares ocultaron los números durante tanto tiempo que merecen un examen detenido. Además, es importante examinar si las tres bases de datos proporcionan los mismos resultados, como deberían. Si no lo hacen, uno se pregunta cuál da los correctos.
Los gráficos 1-3 muestran el número de agresores muertos, agresores heridos y agresores detenidos según cada una de las tres bases de datos entre 2007 y septiembre de 2019. No existe un área única en la que las tres bases de datos coincidan en las tres categorías analizadas en un solo año . De hecho, pocas cosas coinciden.
Figura 1. Número de agresores asesinados en México 2007-2019, según lo informado en tres bases de datos.
Nota: La base de datos del programa de políticas de drogas solo está disponible hasta noviembre de 2011. La base de datos del secretario y la base de datos de solicitudes de información están disponibles hasta septiembre de 2019.
Figura 2. Número de agresores heridos en México 2007-2019, según lo informado en tres bases de datos.
Nota: La base de datos del programa de políticas de drogas solo está disponible hasta noviembre de 2011. La base de datos del secretario y la base de datos de solicitudes de información están disponibles hasta septiembre de 2019.
Figura 3. Número de agresores detenidos en México 2007-2019, según lo informado en tres bases de datos.
Nota: La base de datos del programa de políticas de drogas solo está disponible hasta noviembre de 2011. La base de datos del secretario y la base de datos de solicitudes de información están disponibles hasta septiembre de 2019.
Tomemos por ejemplo el año 2011. Para ese año, las bases de datos muestran un número diferente de ‘agresores’ asesinados: 1164 en la Base de Datos del Programa de Políticas de Drogas, 1412 en la Base de Datos de la Secretaría y 1297 en la Base de Datos de Solicitud de Información. Para el año 2010, el número de ‘agresores’ heridos también varía: 140, 117 y 108, respectivamente. Además, para el año 2010, el número de ‘agresores’ detenidos se contabiliza de manera diferente en cada base de datos: 728, 790 y 739, respectivamente.
Las variaciones en estas cifras pueden deberse a errores involuntarios cometidos por los miembros del ejército que desarrollaron las bases de datos, pero también pueden ser el resultado de una manipulación deliberada de los números. La discrepancia en los números es tan evidente que uno se pregunta sobre la confiabilidad de las bases de datos. ¿Se han contabilizado todos los ciudadanos muertos por militares en supuestos enfrentamientos? La base de datos de solicitud de información, publicada entre finales de 2019 y principios de 2020, muestra menos ‘agresores’ detenidos. ¿Por qué disminuyó el número de detenidos en esta base de datos en comparación con las bases de datos publicadas anteriormente? Por ejemplo, en su presentación en PowerPoint de octubre de 2019, el secretario de Defensa había dicho que en 2011 los militares habían registrado la detención de 967 ‘agresores’. A diferencia de, la Base de Datos de Solicitud de Información solo registró a 905 ‘agresores’ detenidos. ¿Qué pasó con las 62 personas que ya no se cuentan? Este no es un tema menor en un país con 60.000 personas desaparecidas, algunas de las cuales son víctimas de desaparición forzada.58
Estas figuras muestran tres líneas diferentes, que discurren por diferentes caminos. Esto no debería suceder. Si los números fueran los mismos en todas las bases de datos, solo veríamos una línea.
No es de extrañar que los militares de México no se molesten en contar la cantidad de personas que matan cuando se enfrentan a individuos que consideran “enemigos” y “agresores”. 59 Pero uno esperaría que una institución militar profesional, con abundantes recursos económicos y poder, al menos mantuviera un registro confiable de sus propias bajas. Sin embargo, la información que se nos ha proporcionado muestra que los militares ni siquiera saben cuántos de sus propios miembros han muerto en enfrentamientos con presuntos agresores o cárteles de la droga, como se muestra en las Figuras 4 y 5 .
Figura 4. Número de soldados muertos en México 2007-2019, según se informa en tres bases de datos.
Nota: La base de datos del programa de políticas de drogas solo está disponible hasta noviembre de 2011. La base de datos del secretario y la base de datos de solicitudes de información están disponibles hasta septiembre de 2019.
Figura 5. Número de soldados heridos en México 2007-2019, según se informa en tres bases de datos.
Nota: La base de datos del programa de políticas de drogas solo está disponible hasta noviembre de 2011. La base de datos del secretario y la base de datos de solicitudes de información están disponibles hasta septiembre de 2019.
Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué nos dicen estas estadísticas surrealistas sobre el número de personas asesinadas, heridas o detenidas por los militares? En el contexto de Covid-19, Jacqueline Rose reflexiona en London Review of Books sobre el significado de los números y las complejidades de contar. Ella dice que contar “es a la vez un esfuerzo científico y una forma de pensamiento mágico”. Se pregunta qué es exactamente lo que nos dicen cada vez que se anuncian las últimas cifras, que aumentan constantemente, disminuyen ligeramente, aumentan de nuevo. Aparte de eso, no podemos controlar lo que está sucediendo ‘. Contar, concluye, posee “una especie de magia”, ya que esta actividad te libera en un “mundo de contradicciones y misterio”. 60 Los militares mexicanos le demuestran que tiene razón.
Indicadores
Ahora mostramos los cuatro índices que construimos usando los datos que proporcionaron los militares. En aras de la simplicidad, solo usamos la información contenida en la Base de datos del Secretario y en la Base de datos de solicitudes de información 61 ya que estas son las bases de datos más completas; ambos tienen información hasta 2019. Nuestros resultados son preocupantes: (a) por cada año, los militares matan a muchos más presuntos agresores de los que lesionan; (b) en la mayoría de los años, los militares matan a más o aproximadamente el mismo número de personas que detienen; (c) los militares son significativamente más letales que sus oponentes; (d) los militares a menudo abusan cuando usan fuerza letal.
El índice de letalidad
Para que la fuerza letal se utilice legítimamente, debe seguir un conjunto de principios internacionales de derechos humanos: los principios de necesidad y proporcionalidad, por ejemplo. 62 Estos principios se inspiran en dos ideas básicas: los agentes estatales pueden usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y ‘siempre que el uso legal de la fuerza y las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (…) ejercerán moderación en tal uso y actuarán en proporción a la gravedad de la infracción y el objetivo legítimo que se pretende alcanzar ». 63 Además, de acuerdo con estos estándares, las autoridades de un país tienen el deber de planificar las operaciones de aplicación de la ley de manera que se minimice el riesgo de que sus agencias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan matar o herir a un miembro del público. 64En México, estos principios sobre el uso letal de la fuerza se enuncian en diversos lugares: por ejemplo, en el Manual de Uso de la Fuerza , que se aplica a las tres Fuerzas Armadas, o en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza . 65 Así, los militares no pueden pretender desconocer en qué circunstancias pueden utilizar la fuerza letal al realizar operaciones policiales.
Idealmente, el índice de letalidad, resultado de dividir el número de presuntos agresores asesinados por el número de presuntos agresores heridos, debería ser inferior a 1. Esto significaría que las fuerzas de seguridad matan menos personas de las que hieren en los enfrentamientos. La razón para usar este indicador es mostrar si los militares están aplicando una cantidad mínima de violencia para dominar una amenaza: presuntos miembros de grupos criminales. Si los militares no solo disparan para matar, entonces uno esperaría que más presuntos sospechosos resulten heridos que muertos.
Sin embargo, en los últimos diez años este no ha sido el caso en México, independientemente de la base de datos que usemos. En otras palabras, en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’, los militares siempre matan a más ciudadanos de los que hieren. Para ilustrar esto, consideremos la base de datos del Secretario. Muestra que durante los enfrentamientos ocurridos en 2018, los militares mataron a 230 personas pero solo hirieron a 41 personas. Entonces, el ejército mató a más de cinco veces más personas de las que hirió: el índice de letalidad para ese año fue de 5.6. De manera similar, en 2017, los militares mataron a 242 personas e hirieron solo a 51 personas. El índice de letalidad de ese año fue de 4,7: los militares mataron a más de cuatro veces más personas de las que hirieron. Dicho de otra manera, en 2017, por cada herido, los militares mataron a más de cuatro personas. El año con mayor índice de letalidad fue 2012, cuando la tasa fue de 14,7: los militares mataron a más de 14 veces más personas de las que hirieron. Esto no parece ser un uso legítimo de fuerza letal bajo ningún estándar, y mucho menos una operación policial.
Para poner esto en perspectiva, considere que en la guerra de Vietnam hubo cuatro personas heridas por cada persona muerta. 66 El estudio realizado por Robin Coupland y David Meddings puede servir de guía. 67 Analizaron los conflictos armados y los tiroteos masivos de civiles entre 1929 y 1996, concluyendo: “durante los combates de guerra, el número de heridos es al menos el doble del número de muertos y puede ser 13 veces mayor”. 68 En México ocurre lo contrario.
La información disponible muestra que los militares usan la fuerza letal de manera excesiva y sugiere que los militares no están disparando para someter a presuntos miembros del crimen organizado, sino para matarlos. La Figura 6 muestra los índices de letalidad para cada año desde 2007 hasta septiembre de 2019, utilizando la Base de datos de la Secretaría y la Base de datos de solicitud de información.
Figura 6. El índice de letalidad en México 2007-2019, basado en la base de datos de solicitud de información y la base de datos de la secretaria.
El índice de proporcionalidad
El índice de proporcionalidad se calcula dividiendo el número de presuntos agresores que matan los militares por el número de soldados que mueren en cualquier año. “Los valores altos de este indicador pueden sugerir un uso excesivo de la fuerza”. 69Expertos en el tema argumentan que el asesinato de más de 10 o 15 presuntos agresores por cada miembro de las fuerzas de seguridad asesinado en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está utilizando más de lo necesario. La Base de Datos de Solicitud de Información muestra que entre 2009 y 2014, y nuevamente entre 2018 y 2019, los militares mataron a más de 15 presuntos agresores por cada miembro del ejército que fue asesinado; En la mayoría de los años investigados, los militares utilizaron la fuerza letal de forma excesiva y desproporcionada. Sin embargo, la Base de datos de la Secretaría, publicada en octubre de 2019, muestra resultados diferentes. Según este conjunto de datos, en solo cuatro años los militares mataron a más de 10 presuntos agresores por cada miembro del ejército que fue asesinado. ¿Qué base de datos debería uno creer? La figura 7 muestra estos resultados.
Figura 7. El índice de proporcionalidad en México 2007-2019, basado en la base de datos de solicitud de información y la base de datos de la secretaría.
El índice de detenidos
El índice de detenidos se calcula dividiendo el número de presuntos agresores que matan los militares por el número de presuntos agresores que detienen. Aquí el resultado debería ser menor que 1, lo que significaría que durante los enfrentamientos los militares matan a menos personas de las que detienen. En otras palabras, si los militares no siempre usan sus armas de fuego, se esperaría que se detuviera a más presuntos agresores que que se los matara. Sin embargo, lo que encontramos es que, en la mayoría de los años que estudiamos, los militares matan a más personas o aproximadamente a la misma cantidad de personas que detienen. Hay que tener en cuenta que no ha habido ninguna guerra durante estos años, incluso si el gobierno se refiere con frecuencia a su “guerra contra las drogas”. 70Estamos hablando de operaciones policiales peculiares en las que en promedio hay un ‘agresor’ asesinado por cada ‘agresor’ detenido. Tomemos, por ejemplo, la Base de datos del Secretario: en 2018, los militares detuvieron a 152 sospechosos y mataron a 230 personas. El índice de detenidos para ese año es 1,5: esto significa que los militares mataron a 3 personas por cada 2 personas que detuvieron en enfrentamientos. La Figura 8 muestra estos cálculos para las dos bases de datos analizadas.
Figura 8. El índice de detenidos en México 2007-2019, basado en la base de datos de solicitud de información y la base de datos de la secretaria.
El índice criminal
Finalmente, se calculó el índice criminal: resulta de dividir la suma de militares muertos por el número de militares heridos en enfrentamientos con delincuentes por año. Calculamos este indicador para comparar sus resultados con los del índice de letalidad. Ya sabemos lo letales que son los militares. Ahora queríamos entender cuán letales son los criminales. Al calcular este índice, buscamos averiguar si la letalidad de los militares es una respuesta necesaria y proporcionada a la letalidad de los criminales. Si la letalidad de los militares es de hecho una respuesta a la letalidad de los criminales, entonces esperaríamos que ambos índices fueran similares (en este caso, mayores que 1). Esto demostraría que los criminales están matando a más miembros de las fuerzas armadas de los que están hiriendo en los enfrentamientos. Esto es lo que pasa con los militares, que matan a más presuntos delincuentes de los que hieren en los enfrentamientos. Sin embargo, lo que encontramos es que este no es el caso. A partir de 2008, los delincuentes matan a mucho menos personal militar del que hieren en los enfrentamientos. Entonces, el uso de fuerza letal por parte de los militares no es proporcional a la fuerza que usan los criminales. Esto nuevamente es evidencia de que los militares abusan del uso de fuerza letal.La figura 9 muestra estos resultados.
Figura 9. El índice criminal en México 2007-2019, con base en la base de datos de solicitud de información y la base de datos de la secretaría.
Responsabilidad
Este artículo se centró en el uso de la fuerza letal por parte de militares en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’ y en cómo las autoridades mexicanas lo niegan. Sugerimos que la falta de acceso confiable a información sobre el número de civiles muertos, heridos o detenidos ha dificultado o imposibilitado que los militares rindan cuentas. La evidencia muestra que, durante los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) o Enrique Peña Nieto (2012-2018), ante las acusaciones de uso innecesario de fuerza letal o graves violaciones de derechos humanos, los militares no rindieron cuentas. Esta situación podría cambiar durante la actual administración de López Obrador, dado que su discurso es de justicia y rendición de cuentas. Aún es pronto para evaluar el desempeño del gobierno de López Obrador,
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Calderón, y artífice de la ‘guerra contra las drogas’, fue detenido en 2019 en Estados Unidos (EE. UU.), Cuyas autoridades lo acusaron de ser cómplice de uno de los los grupos narcotraficantes más importantes de México: el Cartel de Sinaloa. En octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa durante la administración del presidente Peña Nieto, fue arrestado por autoridades estadounidenses, quienes lo acusan de estar ‘en la cima de una pirámide … que incorporó a las fuerzas armadas, al gobierno mexicano y a la “Cartel de la droga H-2”. 71La ironía es obvia. Parece que importantes funcionarios de seguridad alimentan la inseguridad en lugar de ponerle fin. Entonces, uno podría preguntarse: ¿el crimen organizado se está infiltrando en el estado o viceversa? Estos incidentes muestran lo complejo que es ver justicia en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’: es poco probable que las autoridades responsabilicen a los miembros del crimen organizado por sus actos si trabajan para ellos. No es de extrañar entonces que cuando es cada vez más difícil distinguir entre autoridades estatales y miembros del crimen organizado, la mayoría de los funcionarios involucrados en actividades ilícitas no sean buscados, perseguidos o procesados en México, sino en Estados Unidos. Y quizás incluso este tipo de responsabilidad ya no sea posible. En noviembre de 2020,
También en noviembre de 2020, las autoridades mexicanas detuvieron a un capitán del ejército, quien está acusado de colaborar con el crimen organizado y de participar en la desaparición forzada de 43 estudiantes en la localidad de Iguala en el estado de Guerrero en 2014. 72 Desde el inicio de la “Guerra contra las drogas” en 2006, los presidentes mexicanos han justificado su decisión de utilizar al ejército para tareas policiales argumentando que la policía es corrupta. El arresto de este capitán del ejército y la detención en Estados Unidos del general Cienfuegos muestran que miembros del ejército también están involucrados en actividades delictivas. Este caso también da una idea del uso político de la justicia. Los escalones inferiores del ejército pueden ser procesados, mientras que los altos mandos, como el general Cienfuegos, gozan de impunidad.
En mayo de 2020, el gobierno de López Obrador firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reinstalar en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que brinda asistencia técnica internacional para avanzar en las investigaciones sobre la desaparición. de 43 estudiantes de la localidad de Iguala, en la que intervinieron militares. 73Este acuerdo puede verse como una señal de que el presidente López Obrador, a diferencia de sus predecesores, quiere que se haga justicia. Sin embargo, el hecho de que el gobierno de López Obrador suscribiera el acuerdo también sugiere que las autoridades mexicanas son incapaces de realizar investigaciones penales confiables, particularmente cuando los responsables son militares y, por lo tanto, solicitan asistencia internacional. En cualquier caso, el GIEI no está realizando investigaciones penales. El GIEI puede ayudar a tener una mejor idea de lo que realmente sucedió con los 43 estudiantes, pero no hará justicia ni responsabilizará a los militares involucrados por sus acciones.
Otra paradoja es clara. El gobierno de López Obrador pidió a las autoridades estadounidenses que retiren los cargos contra el general Cienfuegos, argumentando que las autoridades mexicanas deberían investigarlo en México. Los fiscales estadounidenses, se dijo, deben respetar la soberanía nacional de México. En el caso de las investigaciones del GIEI, que no son investigaciones penales, la soberanía nacional parece no ser tan relevante después de todo. De ahí que se neutralizara una investigación internacional que conduciría a la sanción y la justicia. Se restableció otra investigación internacional que traerá algo de verdad, pero que no traerá justicia.
En septiembre de 2020, el presidente López Obrador propuso una consulta pública para preguntar a la ciudadanía su opinión sobre si los presidentes que lo precedieron deberían ser investigados y procesados por posibles actos ilícitos. Esta consulta es peculiar porque no hay nada que impida al Presidente investigar a los responsables de los delitos. Además, acusar a los ex presidentes antes de estar involucrados en la comisión de delitos también viola la presunción de inocencia, que es un principio básico en la administración de justicia penal y está universalmente reconocido como un derecho humano fundamental. En cualquier caso, es poco probable que se lleven a cabo investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’ por los ex presidentes como jefes supremos de las fuerzas armadas, dado que la militarización del país es la política privilegiada de López Obrador. ¿Cómo puede López Obrador investigar a los expresidentes por su enfoque contra el crimen organizado cuando está implementando la misma estrategia militarizada? La Guardia Nacional, establecida por López Obrador para combatir el crimen organizado, está compuesta principalmente por miembros del ejército. No es sorprendente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), la institución de derechos humanos más importante del país, haya registrado más de 200 denuncias contra la Guardia Nacional entre mayo de 2019, cuando se estableció formalmente la institución, y agosto de 2020. Estas denuncias incluyen casos de detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes; tortura; ejecuciones extrajudiciales; y desapariciones forzadas. ¿Cómo puede López Obrador investigar a los expresidentes por su enfoque contra el crimen organizado cuando está implementando la misma estrategia militarizada? La Guardia Nacional, establecida por López Obrador para combatir el crimen organizado, está compuesta principalmente por miembros del ejército. No es sorprendente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), la institución de derechos humanos más importante del país, haya registrado más de 200 denuncias contra la Guardia Nacional entre mayo de 2019, cuando se estableció formalmente la institución, y agosto de 2020. Estas denuncias incluyen casos de detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes; tortura; ejecuciones extrajudiciales; y desapariciones forzadas. ¿Cómo puede López Obrador investigar a los expresidentes por su enfoque contra el crimen organizado cuando está implementando la misma estrategia militarizada? La Guardia Nacional, establecida por López Obrador para combatir el crimen organizado, está compuesta principalmente por miembros del ejército. No es sorprendente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), la institución de derechos humanos más importante del país, haya registrado más de 200 denuncias contra la Guardia Nacional entre mayo de 2019, cuando se estableció formalmente la institución, y agosto de 2020. Estas denuncias incluyen casos de detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes; tortura; ejecuciones extrajudiciales; y desapariciones forzadas.74
Hasta ahora, los esfuerzos de rendición de cuentas que promueve el gobierno de López Obrador no han afectado al ejército, que parece gozar de inmunidad de facto. No parece que la situación vaya a cambiar dado el trato favorable que han recibido los militares por parte de esta administración. Lo que sí está claro es que, como lo demuestra nuestra evidencia, al menos en el primer año de la administración de López Obrador el ejército presentó al público información que no cuadra y utilizó la fuerza letal de manera altamente desproporcionada.
Conclusiones
El 30 de junio de 2014, los militares informaron a los medios de comunicación sobre un presunto enfrentamiento con miembros del crimen organizado en la localidad de Tlatlaya. Hubo un fuego cruzado y 22 criminales murieron como resultado. No se registraron bajas en el lado militar. Esta parecía ser una historia más anodina en un país que genera más de 30.000 muertes cada año en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’. Se produjo un fuego cruzado, los militares repelieron un ataque, un grupo de delincuentes resultó muerto. No había nada más de qué hablar. Sin embargo, dos meses después, la revista Esquire presentó el testimonio de una mujer que sobrevivió a ese hecho y cuestionó el relato oficial de lo sucedido. 75Según ella, hubo un breve fuego cruzado en el que solo murió un presunto delincuente. Las otras 21 personas se rindieron. Los militares mataron a esas personas a sangre fría. Desarmados, algunos de los presuntos delincuentes fueron colocados frente a una pared y luego disparados a quemarropa. Lo que ocurrió no fue un enfrentamiento, sino una masacre.
En medio de críticas de organizaciones de derechos humanos, siguieron las investigaciones oficiales sobre el caso. Confirmaron que al menos 15 de los presuntos delincuentes fueron ejecutados ilegalmente. También se encontró que los militares manipularon la escena del crimen para que pareciera que lo que había sucedido era un enfrentamiento, un fuego cruzado. 76
El caso de Tlatlaya ilustra cómo a veces los militares utilizan la fuerza letal de forma innecesaria, desproporcionada e ilegal. Demuestra que se están llevando a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias en México. También muestra cómo los militares ocultan lo que hacen. La fuerza letal y la negación son parte del legado de los militares en el contexto de la “guerra contra las drogas”.
La información analizada en este artículo estuvo oculta por los militares durante unos cinco años. Según las leyes que rigen las fuerzas de seguridad, esto no se justifica: los datos sobre el número de personas muertas, heridas o detenidas por los militares durante las operaciones policiales deben ponerse a disposición del público. De repente, el gobierno mexicano publicó los hechos; resulta que los registros existen después de todo. Ahora que los registros son públicos, las cifras no coinciden, las cuentas no cuadran. ¿Qué datos son precisos? ¿Qué información es correcta? ¿Hay hechos reales?
El problema con las estadísticas generadas por los militares es que no se pueden verificar o comparar con otras fuentes. Los militares producen estas bases de datos porque están en el “campo de batalla”: por ley, deben realizar un seguimiento de estos hechos. Las autoridades civiles, como la Fiscalía General de la Nación, pudieron validar esta información, pero no lo han hecho. Por eso, al reflexionar sobre las estadísticas de violencia elaboradas por el gobierno mexicano, Fernando Escalante concluye que “no se puede creer en nada y al mismo tiempo se puede dar crédito a nada”. 77
Sin datos fiables es imposible evaluar el desempeño de los militares en la ‘guerra contra las drogas’ (o ‘Plan de Paz’, como se le llama ahora). Como no hay información y los relatos publicados oficialmente son cuestionables, los militares no están siendo responsabilizados de manera oportuna, como se esperaría en una democracia donde se aplican las leyes y donde los militares están sujetos al escrutinio público. Esto también podría demostrar que quienes diseñan e implementan políticas públicas relacionadas con el ejército en México y su ‘guerra contra las drogas’ no consideran necesario producir estadísticas confiables.
Al reflexionar sobre el papel de la policía en el contexto del movimiento Black Lives Matter, Michael Shank argumenta en la New York Review of Books que el hecho de que ‘los policías que golpean a menudo parezcan tropas no es solo un problema de óptica’. (…) Cuanto más militarizados permitamos que los agentes del orden se vuelvan, más probabilidades hay de que los agentes utilicen violencia letal contra los ciudadanos ”. 78 Según Shank, “se ha descubierto que las muertes de civiles aumentan en aproximadamente un 130 por ciento cuando las fuerzas policiales adquieren significativamente más equipo militar”. 79En México el problema es mucho más grave e inquietante: la policía ha desaparecido y sus responsabilidades son asumidas por los militares. Los indicadores analizados en este artículo ilustran las consecuencias de esta estrategia: los militares son una fuerza extraordinariamente letal.
Independientemente de la base de datos que se utilice, está claro que los militares suelen utilizar fuerza letal de manera desproporcionada. Ciertamente, todos los indicadores tienen limitaciones. Pero, ¿cómo se puede evaluar una institución que oculta y niega hasta la información más elemental sobre su desempeño sin ellos? Cualquiera que sea la respuesta, utilizando la información oficial que actualmente está disponible para el público, diferentes índices muestran que los militares abusan con frecuencia en el uso de fuerza letal. Los militares desobedecen las normas nacionales e internacionales que estipulan que la fuerza letal debe usarse solo en circunstancias excepcionales, como último recurso. Nuestros hallazgos también dan algunas pistas sobre la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad en la democracia de México. Esta puede ser la razón por la que se ocultó la información en primer lugar. Parece que el gobierno mexicano ha optado por ocultar prácticas ilegítimas y moralmente perturbadoras, en lugar de eliminarlas o transformarlas. Como explicó Yisrael Gutman sobre el Holocausto, “la negación, la difuminación de la realidad y la erradicación de rastros y vestigios de la cruda verdad fueron parte integral del acto de asesinato en sí”.80 La atrocidad en México está siendo negada como sucede.
