En teoría, la seguridad universitaria debería ser uno de los pilares de cualquier institución, pero en la práctica, en Morelos parece haberse convertido en otra historia de contratos millonarios, conexiones políticas y resultados que nadie logra explicar…
La discusión empezó con un nombre que pocos conocían fuera de los círculos administrativos: Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron, una empresa creada en 2016 en Cuernavaca con un capital social aproximado de 50 mil pesos, pero que ha logrado firmar contratos públicos por decenas de millones de pesos.
Uno de los contratos más relevantes es el que precisamente mantiene con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para brindar servicios de vigilancia privada, con guardias las 24 horas, control de accesos y monitoreo en el campus universitario. El monto anual ronda los 30 millones de pesos, según documentos públicos.
Treinta millones, una cifra que, en teoría, debería garantizar tranquilidad para miles de estudiantes, pero el problema no es el contrato… El problema es el contexto.
Mientras esos millones se destinaban a seguridad, la comunidad universitaria comenzó a vivir una realidad completamente distinta, denuncias constantes de inseguridad, zonas oscuras, asaltos en los alrededores del campus e incluso presuntas actividades de narcomenudeo cerca de la universidad.
La situación alcanzó un punto crítico cuando la desaparición y posterior asesinato de las estudiantes Kimberly y Karol provocó protestas y exigencias de justicia dentro de la comunidad universitaria. Hoy Alondra está desaparecida…
Entonces surge la pregunta ¿para qué sirve un contrato de seguridad de 30 millones si los estudiantes son asesinados y siguen teniendo miedo?
Pero cuando se revisan los registros empresariales, aparece un nombre clave Jean Aoki Reyes Urióstegui, gerente de Hebron y señalado como presunto prestanombres del senador de Morena Víctor Aureliano Mercado Salgado, conocido como “El Wero”.
La cercanía política no es un delito, pero que los mismos nombres empiezan a aparecer en empresas y contratos públicos, el escrutinio público se vuelve inevitable.
En los registros de contratación pública se observa que Hebron presta servicios y cobra por labores en instalaciones públicas municipales, uno de ellos es con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por más de 27 millones 901 mil 899 pesos para mantenimiento de instalaciones; es decir, la misma empresa que opera en el ámbito universitario también ha logrado posicionarse en distintos niveles de gobierno: municipal, universitario y federal.
Así, lo que parecía un simple contrato de vigilancia universitaria empieza a revelar un patrón más amplio: empresas que crecen rápidamente gracias a contratos públicos, conexiones políticas que coinciden con ese crecimiento y una estructura institucional donde nadie parece dispuesto a hacer preguntas incómodas.
Mientras tanto, en el campus de la UAEM, donde esta empresa debería garantizar seguridad, la conversación ya no es sobre licitaciones ni adjudicaciones… Es sobre miedo, sobre estudiantes que se preguntan si están seguros caminando por su propia universidad, sobre padres que confían en una institución pública para la formación de sus hijos, pero no pueden confiar en que regresarán a casa sin miedo.
La pregunta es ¿Cuántos de esos contratos benefician el ascenso político-económico de Víctor Aureliano Mercado Salgado, “El Wero”?
Dos estudiantes asesinadas y una desaparecida ¿30 millones no fueron suficientes para cuidarlas? ¿Víctor Aurelio está protegiendo o está siendo protegido? ¿Realmente le importa la seguridad o le importa solo el dinero y el poder?
La empresa Hebron no protegió a nadie, más que a “El Wero” y hoy, Morelos vive dos lutos y la desesperación de no encontrar a Alondra. Una burla para los que tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos morelenses.
