California encabeza la lucha legal contra la administración Trump por posible violación a la confidencialidad de pacientes de Medicaid
San Francisco, California — 1 de julio de 2025. Una coalición de estados gobernados por demócratas, encabezada por California, presentó este martes una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), acusándolo de entregar datos personales de salud sin restricciones a las autoridades migratorias federales.
La acción legal, interpuesta ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, denuncia que esta práctica viola directamente la ley federal que rige el programa Medicaid, al permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilice información médica de beneficiarios en el marco de operativos migratorios impulsados por el expresidente Donald Trump, incluidas redadas masivas.
Violación a la confidencialidad de Medicaid
En su argumentación, los estados demandantes —entre ellos Nueva York, Illinois, Massachusetts y Washington— aseguran que el gobierno federal ha facilitado la transferencia indiscriminada de datos sensibles a las agencias de control migratorio, incluyendo información sobre tratamientos médicos, diagnósticos, y centros de atención.
Según la coalición, esto contraviene el marco legal de Medicaid, establecido en 1965, el cual protege la privacidad de los datos de los participantes del programa. La ley estipula que esta información solo puede ser compartida en circunstancias específicas y exclusivamente con fines que beneficien la salud pública.
“Estamos hablando de una clara extralimitación del gobierno federal. Usar información médica confidencial como herramienta para la persecución migratoria es ilegal y profundamente inmoral”, declaró en un comunicado el fiscal general de California, Xavier Becerra.
Contexto político y preocupaciones de salud pública
La demanda se produce en medio de nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Trump en su segundo mandato, que han intensificado la presión sobre las autoridades locales para cooperar con operativos migratorios a gran escala.
Grupos defensores de los derechos civiles y organizaciones médicas han advertido que esta práctica podría generar un efecto disuasivo entre comunidades inmigrantes, que podrían evitar buscar atención médica por temor a ser identificadas y deportadas.
“Esto pone en riesgo la salud pública. Si las personas temen acudir al médico por miedo a ser reportadas, todos perdemos”, advirtió la directora ejecutiva de la organización Health Access, María González.
Lo que sigue
La coalición busca una orden judicial que impida al HHS continuar con la entrega de datos médicos al DHS, además de una declaración formal de que dicha práctica viola la ley federal.
Hasta el momento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos no ha emitido comentarios sobre la demanda.
La batalla legal podría tener implicaciones significativas para la privacidad de millones de beneficiarios de Medicaid en todo el país, particularmente en comunidades vulnerables y de inmigrantes.
