Genaro García Luna fue condenado a 38 años de cárcel por recibir sobornos del narco
Miami, Florida a 23 de mayo de 2025.— Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Cristina Pereyra, fueron condenados este jueves por una corte civil en Miami a pagar una multa de 2 mil 488 millones de dólares, tras ser hallados responsables de participar en un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos.
La jueza Lisa Walsh emitió el fallo luego de que el Gobierno de México solicitara una sentencia directa, argumentando que los acusados no comparecieron ante el tribunal ni respondieron a la demanda presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La jueza concluyó que ambos incurrieron en actos de contratación ilegal durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública mexicana, y que usaron una red de empresas para ocultar activos en Florida.
Según la sentencia, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra deberá restituir mil 740 millones, al considerarse que jugó un papel clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de los fondos desviados.
El gobierno mexicano sostiene que, bajo el amparo de García Luna, el conglomerado de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo 30 contratos ilegales con dependencias de seguridad y extrajo más de 634 millones de dólares del erario, recursos que fueron canalizados a través de paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades y otros bienes en Florida.
La demanda también señala que, entre 2012 y 2018, los acusados y sus cómplices transfirieron al menos 250 millones de dólares fuera de México, invirtiéndolos en 28 propiedades en Florida, de las cuales 18 ya han sido vendidas. La UIF aseguró un total de 19 inmuebles relacionados con el caso.
Los abogados de la UIF argumentaron que la falta de respuesta de los demandados constituía una admisión tácita de los hechos expuestos en la demanda. Aunque Pereyra inicialmente tuvo representación legal, su abogado se retiró del caso y ella no asistió a las audiencias posteriores, lo que llevó a la jueza a emitir la sentencia sin juicio.
Con esta resolución, el gobierno mexicano avanza en su intento por recuperar los fondos desviados durante uno de los episodios más polémicos de presunta corrupción en el aparato de seguridad del país.
