La Corte Suprema de EE.UU. dice que la administración Trump debe facilitar el regreso de un hombre de Maryland
deportado por error
Washington, D.C., 10 de abril de 2025
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que el gobierno federal debe facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un hombre deportado erróneamente a El Salvador, a pesar de contar con una orden judicial que impedía su expulsión del país.
El caso involucra al gobierno del expresidente Donald Trump, bajo cuya administración se ejecutó la deportación de Abrego García, originario de Maryland. La jueza federal Paula Xinis había ordenado que el hombre fuera regresado a territorio estadounidense antes de la medianoche del lunes, decisión que fue momentáneamente suspendida por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, para permitir que el alto tribunal evaluara el caso.
Tras vencerse el plazo, la Corte Suprema rechazó la apelación de emergencia del gobierno y solicitó a la jueza Xinis aclarar su orden, que indicaba que las autoridades debían “facilitar y efectuar” el regreso de Abrego García. Además, el tribunal exigió que la administración detalle los pasos que ha tomado hasta ahora y los que aún podría implementar para cumplir con la orden judicial.
El gobierno ha reconocido que cometió un error al deportar a Abrego García, quien ahora se encuentra recluido en una prisión salvadoreña con alto nivel de peligrosidad. A pesar de ello, las autoridades federales argumentaron que no podían hacer nada más al respecto.
Las agencias federales también han señalado que Abrego García sería miembro de la pandilla MS-13, aunque no existe ninguna acusación formal ni condena en su contra, y sus abogados han negado categóricamente su pertenencia a ese grupo criminal. Aseguran que su cliente teme por su vida en El Salvador, país del que huyó por persecución de pandillas.
El fallo de la Corte Suprema representa un revés para los esfuerzos del gobierno por mantener su postura en materia de inmigración y refuerza el papel del poder judicial en la protección de los derechos de personas con órdenes judiciales vigentes de no deportación
