La acusación está relacionada con el decomiso del megabuque Challenge Procyon en Tamaulipas
Texas, EE.UU. – La compañía texana Arroyo Terminals, ubicada en el sur del estado y cercana a la frontera con Tamaulipas, fue señalada por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, de haber lavado al menos 47 millones de dólares presuntamente provenientes del crimen organizado mexicano, a través de una red de tráfico y comercialización de combustibles robados.
La acusación fue presentada ante la Corte de Distrito de Utah, con base en una investigación liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según documentos judiciales citados por la Agencia Reforma, los fondos estarían directamente relacionados con una red de contrabando de hidrocarburos que opera entre México y Estados Unidos, vinculada al reciente decomiso del megabuque Challenge Procyon en costas de Tamaulipas.
Así operaba la red
El centro de las operaciones era el tráfico de un hidrocarburo conocido en el sur de Texas como “diésel negro”, un producto derivado del petróleo que no ha sido completamente refinado y que circula por ductos entre refinerías de Pemex. Aunque está diseñado para dificultar su extracción ilícita, grupos delictivos lograban sustraerlo, trasladarlo a EE.UU., refinarlo y venderlo como combustible comercial.
Los documentos judiciales afirman que “cualquier empresa que suministre petróleo fuera de la regulación del Gobierno mexicano, sólo puede obtener crudo a través de organizaciones criminales mexicanas”, y acusan directamente a James Lael Jensen, propietario de Arroyo Terminals, de tener conocimiento de que los pagos realizados por estos productos ilícitos terminaban en manos de dichos grupos criminales.
La familia Jensen y las operaciones financieras
La empresa Arroyo Terminals es propiedad de la familia Jensen, originaria de Utah, integrada por James Lael Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen, y sus hijos Maxwell “Max” Sterling y Zachary Golden Jensen.
Entre el miércoles y jueves de la semana pasada, el FBI llevó a cabo operativos simultáneos en las instalaciones de la compañía en Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, Texas, donde se decomisaron al menos 20 pipas con combustible listo para enviarse a México, así como diversos documentos financieros y operativos vinculados al esquema de lavado.
Además, el gobierno estadounidense ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y activos de los Jensen, cuyo valor se estima en 300 millones de dólares. Entre los bienes asegurados destaca una mansión ubicada en Sandy, una exclusiva comunidad residencial en las afueras de Salt Lake City, Utah.
Un caso que escala a nivel internacional
La magnitud del caso ha generado preocupación en ambos lados de la frontera, ya que expone el nivel de penetración del crimen organizado mexicano en la industria energética transfronteriza y la posible complicidad de empresas establecidas en territorio estadounidense.
Aunque aún no se han emitido órdenes de aprehensión, el proceso judicial continúa avanzando en Utah y podría tener repercusiones tanto penales como diplomáticas, dada la gravedad de las acusaciones y la posible conexión con redes de huachicol fiscal en México.
