La respuesta de Caracas no se hizo esperar y fue tajante: el gobierno venezolano rechazó la propuesta y la calificó de “cínica”.
San Salvador / Caracas — 21 de abril de 2025. Una nueva polémica internacional sacude el escenario político latinoamericano. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso este domingo un “acuerdo humanitario” a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con el que planteó repatriar a 252 migrantes venezolanos detenidos en su país a cambio de la liberación de un número igual de presos políticos en Venezuela.
La propuesta fue publicada por Bukele en un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde hizo un llamado directo al mandatario venezolano:
“Usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad… A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos”, afirmó Bukele.
El presidente salvadoreño explicó que los venezolanos detenidos en su país fueron deportados desde Estados Unidos y están bajo custodia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad donde El Salvador mantiene a reos acusados de pertenecer a estructuras criminales, en este caso, del grupo Tren de Aragua, una banda delictiva transnacional originada en Venezuela.
“Muchos de nuestros detenidos han cometido asesinatos, violaciones, o habían sido arrestados múltiples veces antes de ser deportados. Sus presos políticos no han cometido ningún delito; están encarcelados simplemente por oponerse a usted”, argumentó Bukele.
Detalles del acuerdo propuesto
Además del intercambio de 252 migrantes por igual número de presos políticos, el presidente salvadoreño incluyó en su propuesta a casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades, entre ellas estadounidense, alemana, mexicana, colombiana, argentina, francesa, iraní, israelí y ucraniana. Según el comunicado, la Cancillería salvadoreña enviará la correspondencia oficial en las próximas horas.
Bukele mencionó también algunos nombres representativos de los presos políticos en Venezuela, entre ellos:
Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González
El periodista Roland Carreño
La activista Rocío San Miguel
Corina Parisca de Machado, madre de la dirigente María Corina Machado
Los cuatro opositores asilados en la embajada argentina en Caracas
Caracas responde: “cínico y violador de derechos humanos”
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro fue inmediata y contundente. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó la propuesta de Bukele como “una declaración cínica” y acusó al gobierno salvadoreño de violar el derecho internacional humanitario.
“Solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los detenidos y su estatus judicial, así como la fe de vida y un informe médico de cada uno de los secuestrados”, indicó Saab en un comunicado.
El fiscal venezolano acusó a Bukele de actuar como un “tirano que decide quién puede gozar de vida y libertad”, y denunció que los detenidos venezolanos están siendo víctimas de “desaparición forzada” en el Cecot, un centro que calificó como “un lugar de tortura y tráfico de seres humanos”.
“El Cecot ya no es solo un centro para castigar a delincuentes, sino un símbolo de desapariciones forzadas y tratos inhumanos con fines políticos y económicos”, añadió
Estados Unidos, tras bambalinas
Detrás del conflicto entre ambos gobiernos está la sombra de Estados Unidos. En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha deportado a más de 200 migrantes venezolanos hacia El Salvador bajo la sospecha de vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Esto ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos latinoamericanos.
El acuerdo entre EE. UU. y El Salvador para utilizar el Cecot como centro de detención para estos migrantes ha sido considerado por algunos sectores como una externalización del control migratorio y carcelario estadounidense.
Un nuevo frente diplomático
La iniciativa de Bukele —en apariencia humanitaria— ha abierto un nuevo frente diplomático en la región, con implicaciones legales y éticas sobre la detención, deportación y uso político de migrantes.
Mientras tanto, la situación de los 252 venezolanos detenidos en El Salvador sigue envuelta en incertidumbre. Caracas exige pruebas de vida, acceso a abogados y explicación formal de los cargos. Bukele, por su parte, reafirma que todos los detenidos fueron capturados en el marco de una operación contra el crimen organizado.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este inédito intento de canje, que pone sobre la mesa no solo el drama migratorio y la represión política, sino también las tensiones crecientes entre regímenes autoritarios y líderes populistas en América Latina.
