Habitantes y comerciantes denuncian que un grupo encabezado por “El Chava” mantiene el dominio de la explanada del Jardín de Analco, donde se cobra por estacionarse, usar sillas e incluso acceder a los baños públicos.
Vecinos del tradicional Barrio de Analco encendieron nuevamente las alarmas ante presuntos cobros irregulares y el control de facto del Jardín de Analco, uno de los espacios públicos más emblemáticos del Centro Histórico. De acuerdo con testimonios de habitantes y comerciantes, un grupo liderado por Salvador Arismendi, conocido como “El Chava”, mantendría desde hace años el dominio sobre la explanada, operando como si se tratara de una zona privada.
Los señalamientos apuntan a que, durante eventos culturales y fines de semana, los visitantes deben pagar tarifas hasta de 150 pesos por estacionamiento cada dos horas, 100 pesos por el uso de una silla, y cinco pesos por acceder a los baños públicos, los cuales pertenecen al Ayuntamiento y están destinados a la ciudadanía, por lo que deberían ser gratuitos.
Videos difundidos en redes sociales muestran a supuestos colaboradores identificados por los propios vecinos, entre ellos una persona señalada como Majin Bautista Carmona, realizando los cobros en plena vía pública, lo que incrementó la inconformidad y abrió un nuevo capítulo de reclamos contra estas prácticas.
Los denunciantes aseguran que este esquema no es nuevo, señalando que sucede desde administraciones pasadas, incluido el gobierno municipal del panista Eduardo Rivera, y temen que pueda repetirse ahora bajo el nuevo mandato de Morena si no existe una intervención clara y firme.
“Analco no puede seguir secuestrado”, expresó una vecina entrevistada, quien pidió a las autoridades actuales actuar de inmediato para “recuperar el espacio público y poner orden” antes de que el problema se normalice nuevamente.
Mientras tanto, habitantes y comerciantes afirmaron que continuarán documentando lo que ocurre en el barrio, con la intención de visibilizar los abusos y ejercer presión social para que se ponga fin a lo que califican como un control irregular que afecta a residentes, visitantes y a la vida comunitaria del emblemático barrio poblano.
