Las colectivas en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ven poca voluntad política en el Congreso de Puebla.
A finales de 2020, colectivas feministas tomaron el Congreso de Puebla bajo la demanda de que la legislatura en turno discutiera y aprobara de manera favorable diversas iniciativas, entre ellas la Ley de identidad de género (conocida como Ley Agnes), la despenalización del aborto y la ley de desaparecidos, entre otras.
Y a principios de 2021, las agrupaciones salieron del recinto tras el compromiso de legisladores y legisladoras de que las propuestas serían discutidas en el Pleno del Congreso local. Si bien el 25 de febrero pasado se aprobó la Ley Agnes, con la cual personas trans pueden obtener un cambio en sus actas de nacimiento según su genero autopercibido, la despenalización de la interrupción del embarazo continúa en la ‘congeladora’, pese a que la legislatura que se comprometió ya terminó su periodo.
En el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre de cada año, te contamos sobre esta deuda del Congreso poblano y la perspectiva de las impulsoras de la despenalización en la entidad.
La lucha no para
“Después de la manifestación que se hizo en el Congreso, sabíamos que los acuerdos firmanos no eran garantía de nada”, indicó la agrupación Coordinadora Feminista Puebla en entrevista para El Financiero.
Aunque el Congreso local ha mantenido en la ‘sala de espera’ esta iniciativa, la búsqueda por la despenalización no ha parado.
Por ello, las agrupaciones en Puebla han trabajado en articularse con organizaciones feministas en municipios, pues el Congreso local ha mantenido el pretexto de que la interrupción legal del embarazo es una problemática solo de la capital, apuntó la Coordinadora.
En tanto, en el plano legislativo, las agrupaciones feministas han buscado tener diálogos directos con diputados y diputadas de la nueva legislatuva que se han dicho a favor de la despenalización.
“La legislatura empezó el 15 (de septiembre) y desde el 15 se metió un documento al Congreso para pedir cita con los legisladores y poder dialogar, sobre todo después del fallo de la Corte”, indicó la agrupación.
Esto en referencia a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 7 de septiembre declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila. Aunque la resolución solo afectará de manera directa a dicho estado, la Suprema Corte estableció también un “criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país”, quienes deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares sobre mujeres que interrumpieron su embarazo.
La iglesia
Una de las características de Puebla, sobre todo en la capital, es la influencia de la Iglesia en la toma de decisiones, consideró la Coordinadora.
“Muchas iniciativas pareciera que tienen que ser aprobadas por la Iglesia para ver si sí o no (se aprueban), por el poder adquisitivo y el poder en general” que esta tiene, apuntó.
Tras la determinación de la Suprema Corte en relación al caso Coahuila, el gobernador Miguel Barbosa comentó que en Puebla se analizará la resolución bajo condiciones religiosas, políticas y sociales, reportó el medio local Manatí Mx.
En este contexto, los grupos en favor de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes buscan alternativas para negociar.
“Dentro de las opciones que estamos impulsado es no decir a la gente en las calles que no se profese una fe, sino que dentro de la misma fe que profesan haya una posibilidad de no estar en contra (del aborto). Porque, para empezar, no está estipulado el aborto como un pecado en ninguna de las escrituras. Estamos trabajando un poco con eso, las compañeras creyentes”, con el fin de facilitar puntos de encuentro, destacó la Coordinadora.
La nueva legislatura
En la nueva legislatura que entró este mes en funciones ha habido posturas favorables sobre la despenalización del aborto, señaló la Coordinadora.
El fallo de la Corte pareciera haber dividido al Congreso de Puebla, al menos en las opiniones públicas que legisladoras y legisladores han dado, añadió.
“Morena todavía no se ha posicionado de forma concreta, lo único que ha dicho es que sí se va a discutir en este periodo. Nosotras creemos que sí hay posibilidades (…) Ahora nos acompaña la legitimidad de lo que ocurrió en la Corte”, argumentó la colectiva.
Si bien algunas voces del Congreso estatal de diversos partidos se han posicionado en favor de esta lucha, la realidad es que “si no fuera por la sociedad civil, por las mujeres organizadas, nosotras no sentimos que haya una suficiente voluntad política por parte de los legisladores en Puebla”, advirtió.
Ahora mismo no es claro si el Congreso local tomará las iniciativas presentadas anteriormente para despenalizar la interrupción del embarazo o si se crearán nuevos dictámenes. Lo que preocupa, señaló la colectiva, es que la falta de voluntad política para aprobar este tema en el estado lleve a que la iniciativa sea modificada de manera negativa, sobre todo en materia de amnistía para mujeres presas por abortar.
“Porque, aparte, hay algunos temas complicados de tratar, porque muchas veces las mujeres cuando son encarceladas o cuando llevan un proceso no se les castiga por el delito de aborto, sino por infanticidio. Y cuando aparece como infanticidio, habría que revisar eso, porque entonces no aparecen dentro de las estadísticas”. Esto ocurre por ignorancia y criminalización, pues es totalmente distinto un aborto que el asesinato de un menor, indicó la agrupación.
El reciente fallo de la Suprema Corte respecto a la inconstitucionalidad de penalizar el aborto, así como el referente a que es inconstitucional que los estados establezcan ‘la vida desde la concepción’, serán ambos apoyos en el avance de la marea verde. Lo mismo ocurrirá con el fallo sobre objeción de conciencia, el cual indica que médicos y médicas podrán acceder a esta figura pero deberán referir a mujeres y personas gestantes a otros profesionales de la salud, agregó.
Por ahora, el camino está en la conciliación, en buscar el diálogo con las facciones políticas en el Congreso para armonizar una iniciativa que sí beneficie a las mujeres y personas gestantes.