Casos de empresas fantasma en Puebla

Casos de empresas fantasma en Puebla

Por: Adriana Cabrera

@adriana_ch12

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Recordemos que en octubre de 2023 se descubrió que Blandina Tepox Morales, quien se desempeñaba como ‘trabajadora social en el área médica A‘ con un salario de 9 mil 290 pesos al mes, es dueña de una empresa fantasma.

La empresa en cuestión, Prestación de Servicios Demetria, ingresó a la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en octubre de 2023, siendo una de las últimas empresas poblanas en hacerlo. La sociedad fue establecida en abril de 2016, como consta en el acta constitutiva del Registro Público del Comercio (RPC), en asociación con Yessica Marlen Corona Nolasco y con Rosa Isabel Méndez Flores como apoderada legal.

Sin embargo, desde 2018, la empresa había sido requerida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla debido a anomalías en su funcionamiento, según el oficio 500-45-00-02-03-2018-22498. A pesar de estos señalamientos, las dueñas de la empresa nunca presentaron documentación para defender su legalidad.

Tras una investigación, se dictó una resolución definitiva en junio de 2019, sin que las socias pudieran justificar la existencia legal de la empresa. A pesar de esto, la empresa sigue “activa” en el RPC, lo que lleva a las autoridades a considerarla una empresa fantasma.

A pesar de los señalamientos y notificaciones sobre la naturaleza de Prestación de Servicios Demetria, las socias nunca presentaron ningún documento para amparar los comprobantes fiscales de la empresa. Esto llevó a que, según la legislación, se presumiera la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, confirmando la sospecha de empresa fantasma.

Además, se ha revelado que Blandina Tepox Morales, una de las socias de la empresa, también cobraba en la nómina del Gobierno del Estado, como lo indica un documento obtenido por CENTRAL. Según su contrato en la Secretaría de Salud de Puebla, se desempeñaba como ‘trabajadora social en el área médica A’ con un salario de 9 mil 290 pesos al mes.

A pesar de esto, en su declaración patrimonial, nunca mencionó ser dueña de Prestación de Servicios Demetria ni haber generado ingresos adicionales fuera de su salario gubernamental.

Otros casos reportados en Puebla

En Octubre de 2022, el Gobierno de Puebla anunció la creación de un equipo interinstitucional para investigar a fondo las empresas factureras fantasmas que operaron durante administraciones pasadas. Esta decisión fue comunicada por el fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta en octubre de 2022, durante una conferencia de prensa.

Barbosa Huerta señaló que las facturas falsas sirvieron para justificar gastos inexistentes y “tapar hoyos” en las cuentas públicas. Según él, tanto empresas privadas que buscaban evadir impuestos como aquellas que tenían operaciones con el gobierno o trabajaban exclusivamente para él solían utilizar estas prácticas fraudulentas.

El exgobernador, sin mencionar nombres, expuso un caso particular relacionado con un contrato para el saneamiento del río Atoyac. Reveló que las compras reportadas no existieron y que el presupuesto destinado a estas actividades se desvió hacia otros fines. “Todo lo vamos a poner en claro frente a la gente, angelitos de lo peor”, comentó Barbosa.

Este anuncio llegó poco después de que confirmaran la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien fue imputado por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Barbosa mencionó en su momento que familias enteras se dedicaron a estas prácticas ilícitas en Puebla.

Además, reveló que había solicitado una auditoría a la Secretaría de la Función Pública sobre las operaciones realizadas por dependencias estatales desde 2011 hasta la fecha. Esta auditoría buscaba indagar en la contratación de empresas factureras y se encontraron registros de comprobantes fiscales digitales cancelados, utilizados en operaciones irregulares.

Las Factureras del morenovallismo: Contratos Millonarios con Empresas Fantasma en Puebla

Entre 2015 y 2018, los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad en Puebla, utilizaron más de 60 empresas fantasma para firmar contratos que superan los 17 millones de dólares. La Secretaría de Educación Pública y la exsecretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes fueron los principales contratistas.

En un periodo conocido como “morenovallismo“, el gobierno de Puebla facturó más de 17.3 millones de dólares a través de 69 empresas fantasma, según reveló Datamos tras analizar datos de contrataciones de 2015 a 2018.

Estas empresas, también conocidas como “factureras“, emiten facturas sin tener activos reales para prestar servicios, simulando actos jurídicos. Natalia González Lias, abogada fiscal, explicó que operan sin domicilios fiscales o realizando actividades ficticias, y son utilizadas para defraudar o evadir la ley.

En el sector educativo, la Secretaría de Educación Pública local fue la mayor contratista, con más de 4.2 millones de dólares facturados a través de 19 empresas investigadas por operaciones inexistentes. Una de las empresas más beneficiadas fue Hinfra S.A. de C.V., que recibió contratos por más de 897 mil dólares.

Otra empresa, Operaciones Internacionales Napnet S.A. de C.V., recibió más de 530 mil dólares en seis contratos con la SEP poblana. Mientras que Euromittel S.A. de C.V. obtuvo contratos por más de 320 mil dólares para uniformes y productos de papelería.

En el ámbito educativo, el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Puebla lideró las contrataciones con empresas fantasma, facturando más de 419 mil dólares entre 2015 y 2018. Empresas como Diversidad en Insumos Gráficos S.A. de C.V. y Kabi Globalmark S.A. de C.V. figuran entre las más beneficiadas.

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) también está implicada, con 4.1 millones de dólares facturados a contribuyentes con operaciones inexistentes entre 2015 y 2018. La empresa fantasma Construvhica S.A. de C.V. recibió más de 3.7 millones de dólares para modernizar caminos en Atlixco y Tehuacán.

En el sector salud, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) facturaron más de 2.2 millones de dólares con empresas fantasma de 2015 a 2017.

La SSEP sumó 1.9 millones de dólares en siete contratos con cinco proveedores inexistentes, destacando Gruemin S.A. de C.V. con más de 1.6 millones de dólares en productos químicos. El Issstep, por su parte, facturó más de 289 mil dólares en siete contrataciones con Hinfra S.A. de C.V., Gliber S.A. de C.V. y Euromittel S.A. de C.V.

Este escándalo de las “factureras” se extendió incluso a instituciones como el Conalep y al exdiputado local Marcelo García Almaguer, quienes niegan haber contratado empresas fantasmas. Sin embargo, documentos y resultados de licitaciones públicas revelan lo contrario.

En respuesta a estas revelaciones, las áreas de comunicación social de las instituciones involucradas se han mantenido en silencio o han negado conocer sobre estas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Este periodo, conocido como el “morenovallismo“, marcó una época en la que se utilizó el poder político para mantener el control del estado a través de contratos millonarios con empresas fantasma. Aunque el escándalo ha salido a la luz, las repercusiones y responsabilidades aún están por determinarse.

Investigan al SAT por disminución en detección de empresas fantasma durante gobierno de AMLO

El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado una investigación por la notable disminución en la detección de empresas fantasma durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto surge después de una denuncia presentada por el ciudadano Miguel Alfonso Meza contra Carlota Domínguez y Ruiz, administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT.

En el documento de denuncia, se acusa a Domínguez y Ruiz de “abuso de funciones por acción u omisión”, al presuntamente impedir la detección y persecución de estas entidades. La denuncia, con folio 31651/2024, fue tramitada a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

En respuesta, el Órgano Interno de Control del SAT ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. El denunciante fue notificado el 11 de marzo de esta decisión.

La preocupación por esta disminución en la detección de empresas fantasma ha ido en aumento, especialmente después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelara que desde el inicio del gobierno de López Obrador, la identificación de estas entidades ha caído significativamente.

Durante el penúltimo año del gobierno anterior, en 2023, el SAT incluyó en su “lista negra” a solo 47 empresas fantasma, una caída del 98% comparado con el año 2018, cuando se detectaron 3,016.

Las empresas utilizan estas entidades para evadir impuestos y desviar recursos públicos, y desde 2014 el SAT tiene la facultad de investigarlas y sancionarlas gracias a una reforma al Código Fiscal de la Federación.

Se ha señalado la cercanía de algunos colaboradores del presidente López Obrador en el SAT, como Antonio Martínez Dagnino, titular del área encargada de investigar estas prácticas.

Este caso ha generado preocupaciones sobre posibles fallas en la detección de empresas fantasma y la necesidad de garantizar la transparencia y eficacia en la fiscalización de estas prácticas ilícitas que afectan las finanzas públicas y la equidad en el sistema tributario.