El reto de fondo sigue siendo estructural: convertir las promesas de “cero tolerancia” en un cambio duradero en la cultura administrativa del estado
Puebla, Pue. a 7 de julio de 2025. — El gobierno de Puebla, encabezado por el mandatario estatal Alejandro Armenta, reportó avances en su política de combate a la corrupción, destacando la imposición de 49 sanciones administrativas —incluidas 28 inhabilitaciones— en los primeros 205 días de su administración. La estrategia, asegura el gobernador, se basa en una visión de capacitación permanente, control de procesos y transformación digital para cerrar espacios a las malas prácticas en la función pública.
Del discurso al expediente: cifras y acciones
En conferencia, Armenta refrendó su compromiso de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción, en sintonía con la máxima de Andrés Manuel López Obrador: “la corrupción se barre de arriba hacia abajo”. Aseguró que su administración no solo combate actos ilícitos, sino que también promueve una transformación administrativa basada en la bioética social y el humanismo.
Según datos presentados por Alejandro Espidio Reyes, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, las sanciones impuestas desde el inicio del gobierno incluyen:
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2 destituciones
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28 inhabilitaciones (5 por faltas graves y 23 por faltas no graves)
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1 amonestación pública
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14 amonestaciones privadas
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4 suspensiones
Además, 471 expedientes de investigación han sido integrados en los 22 Órganos Internos de Control, los cuales responden a omisiones procedimentales, incumplimientos administrativos y posibles actos de corrupción. Los casos con elementos de delito han sido turnados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Digitalización y vigilancia ciudadana
Armenta destacó que con las nuevas oficinas de la Secretaría de Finanzas, su administración implementará un sistema de control de procesos y digitalización total de trámites en áreas sensibles como el Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad. Esta medida busca evitar el contacto directo entre ciudadanos y funcionarios, una práctica históricamente asociada con actos de corrupción.
“No es aceptable que un ciudadano tenga que liberar un recurso adicional para agilizar un trámite, como ha sucedido en el Registro Público de la Propiedad de Teziutlán”, sentenció el gobernador.
¿Suficiente para erradicar la corrupción estructural?
Si bien las cifras reflejan un esfuerzo visible en materia de vigilancia y sanción, no hay claridad aún sobre los perfiles de los funcionarios sancionados, ni sobre el impacto real en las dependencias más señaladas por actos irregulares. A ello se suma la necesidad de transparencia en los procesos de investigación, y de resultados tangibles para la ciudadanía más allá del discurso institucional.
