En la mira, funcionarios del caso Chalchihuapan

La Fiscalía General del Estado (FGE) fincará responsabilidades penales en contra de los funcionarios involucrados en el operativo policial realizado hace seis años en Chalchihuapan, en el que un menor de 13 años murió.

Entre estos destacan el entonces procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, así como Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública, según anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

A través de un comunicado, el gobierno del estado calificó el operativo como un “vergonzoso acto de corrupción gubernamental”, y anunció la intervención de la Fiscalía de Puebla para deslindar responsabilidades.

El pasado jueves 9 de julio, día en el que se cumplieron seis años del operativo realizado en la junta auxiliar del municipio de Ocoyucan, el gobernador afirmó que se encontró una vía legal para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la reapertura del caso.

Rosas Rosas y Carrancá Bourget estuvieron ligados íntimamente a los acontecimientos ocurridos en 2014.

El primero dirigió el operativo en el que los policías estatales hicieron uso excesivo de la fuerza pública para despejar la carretera ocupada por pobladores de Chalchihuapan en protesta a una reforma la Ley Orgánica Municipal que quitó el registro civil a las juntas auxiliares. Sólo recibió una amonestación y una sanción económica. Hasta hoy, se desconoce el monto al que ascendió esta última, que fue catalogada como “reservada” por el gobierno del estado.

Carrancá Bourget fue responsable de la fabricación de un montaje con el cual el gobierno estatalo intentó culpar a los pobladores de la herida que causó la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo.

El 31 de julio, en una conferencia de prensa, el entonces procurador general de justicia afirmó que una ola expansiva de una explosión causada por un cohetón, presuntamente arrojado por los manifestantes, había herido al menor. Y para ello utilizó una cabeza de marrano con la que pretendió dar certeza a tu hipótesis.

Dos semanas después, la CNDH acreditó que la teoría expuesta por la Procuraduría General de Justicia era falsa, pues la herida había sido causada por un proyectil lanzado por los policías.

SENTENCIAN A FUNCIONARIOS

En enero de 2017, la CNDH anunció que la PGJ de Puebla ejerció acción penal contra 16 servidores públicos involucrados en el operativo policial, y que más tarde fueron sentenciados.

No obstante, las autoridades del estado reservaron todos los expedientes y sanciones impuestas a los funcionarios implicados en el caso.

Entre estos, tres mandos de la SSP y seis elementos operativos de la corporación policiaca que fueron destituidos e inhabilitados.

Ningún funcionario de primer nivel fue procesado o inhabilitado, aunque el caso sí provocó una serie de cambios al interior del gabinete morenovallista.

Luis Maldonado Venegas, quien era secretario General de Gobierno tuvo a su cargo el control de la crisis por el enfrentamiento. A él se le atribuye la frase “piedras de grueso calibre”, con el que el gobierno quiso justificar el exceso de la fuerza empleado.

En marzo de 2015, Maldonado Venegas renunció a su cargo y, casi cuatro años más tarde, falleció.

Otros de los funcionarios caídos por el caso fueron el entonces coordinador de Enlace de Medios de Comunicación, el periodista Fernando Crisanto, y el director de Puebla Comunicaciones, Héctor Alcudia Goya, quienes renunciaron meses después del enfrentamiento.

 

Vía: Contrareplica

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