La propuesta de Esther Martínez plantea garantizar autonomía, traducción en lenguas indígenas y consultas municipales culturalmente adecuadas.
La iniciativa busca obligar a Ayuntamientos, Juntas Auxiliares y Órganos de Participación Ciudadana a reconocer, respetar y garantizar los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos
La diputada Esther Martínez Romano presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de Puebla una iniciativa para modificar la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer obligaciones concretas para que las autoridades municipales reconozcan, respeten, protejan y garanticen los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que habiten en sus demarcaciones.
La propuesta plantea que Ayuntamientos, Juntas Auxiliares y Órganos de Participación Ciudadana, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, respeten la libre determinación y autonomía de estas comunidades, así como sus identidades, instituciones, autoridades, formas de organización y sistemas normativos, siempre bajo el marco constitucional de protección de los derechos humanos.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que, en los municipios con población indígena, las autoridades deberán garantizar de manera gratuita los servicios de interpretación y traducción en las lenguas indígenas correspondientes, cuando sean necesarios para asegurar una comunicación efectiva entre las autoridades y las personas, pueblos o comunidades.
La propuesta también incorpora bases mínimas para la consulta municipal, la cual deberá realizarse de manera previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
El procedimiento contemplaría la identificación de los pueblos y comunidades que pudieran resultar afectados; la construcción de acuerdos sobre la metodología; la entrega de información accesible; la deliberación interna; el diálogo; la documentación de acuerdos y desacuerdos, así como el seguimiento de los compromisos asumidos.
La iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.
Congreso recibe propuestas sobre deuda y contrataciones públicas
Durante la misma sesión, la Comisión Permanente recibió tres iniciativas del diputado José Miguel Trujillo de Ita.
La primera plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de garantizar la observancia y prevalencia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en la contratación, garantía y registro de la deuda pública estatal y municipal.
La segunda busca modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, para ampliar su ámbito de aplicación, prevenir esquemas de desvío de recursos y fortalecer la transparencia y la integridad en las contrataciones públicas.
Ambas propuestas fueron enviadas a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público para su análisis.
La tercera iniciativa de Trujillo de Ita propone reformar y derogar disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla para, entre otros aspectos, delimitar el objeto de dicha legislación a los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia.
La propuesta plantea además una remisión expresa de las responsabilidades administrativas, el registro patrimonial y la declaración de intereses a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Plantean mayor protección para peatones y datos personales
La diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Elpidio Díaz Escobar presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
El planteamiento busca establecer que, cuando no exista banqueta, andador o infraestructura destinada exclusivamente al tránsito peatonal, las personas peatonas puedan circular por el acotamiento y, cuando éste tampoco exista, utilizar el espacio lateral de la vía que resulte más seguro y accesible, preferentemente en sentido contrario a la circulación vehicular.
La propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones al artículo 124 de la legislación fue enviada a la Comisión de Transportes y Movilidad.
Por otra parte, Rosas Tapia propuso modificar la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, con el propósito de impedir que las personas encargadas de la administración de los condominios difundan públicamente información personal de quienes tengan cuotas o aportaciones pendientes.
La iniciativa plantea que, mediante estados de cuenta de circulación general, avisos, listados, comunicados o cualquier otro medio físico o digital de acceso general, no se pueda difundir el nombre, domicilio, unidad privativa, monto del adeudo u otro dato personal que permita identificar o hacer identificable a una persona.
La excepción sería que exista consentimiento de la persona titular de los datos o alguno de los supuestos contemplados en la legislación.
La propuesta, que adiciona un párrafo al artículo 40 de la ley, fue enviada a la Comisión de Vivienda.
Buscan impedir trabajos forzados en centros de salud mental
Otra iniciativa de Azucena Rosas Tapia pretende modificar la Ley de Salud Mental y Adicciones para establecer como derecho de las personas usuarias no ser obligadas, coaccionadas o condicionadas, para su ingreso, permanencia, tratamiento o egreso de establecimientos públicos, sociales o privados de salud mental y adicciones, a realizar trabajos o prestar servicios.
La restricción también abarcaría actividades comerciales, de recaudación o de cualquier otra índole cuyo objetivo sea generar un beneficio económico, lucro o provecho patrimonial para las instituciones, propietarios, administradores, personal o terceros.
La propuesta para adicionar la fracción XXIV al artículo 7 de la legislación fue enviada a la Comisión de Salud.
Proponen reforzar protección de menores ante notarios
Rosas Tapia también presentó una iniciativa para adicionar disposiciones a la Ley del Notariado, con el objetivo de establecer que las personas titulares de las notarías verifiquen, antes de autorizar instrumentos, el cumplimiento de los requisitos de representación y las autorizaciones judiciales cuando intervengan niñas, niños o adolescentes por conducto de quienes legalmente los representen.
La obligación también aplicaría cuando los derechos o el patrimonio de menores puedan resultar directamente afectados.
En todos estos actos deberá observarse el principio del interés superior de la niñez.
La propuesta, que adiciona las fracciones XV al artículo 13 y XVIII al artículo 14 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dos iniciativas buscan regular el uso de celulares en escuelas
La Comisión Permanente también recibió propuestas para modificar la Ley de Educación del Estado de Puebla respecto al uso de dispositivos digitales durante las actividades escolares.
La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas planteó establecer que, para garantizar un entorno escolar favorable en preescolar, primaria y secundaria, el uso de dispositivos digitales durante la jornada académica quede reservado exclusivamente para fines pedagógicos específicos y bajo supervisión del personal docente, con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación.
Por separado, la diputada Araceli Celestino Rosas propuso establecer criterios para regular el uso de dispositivos electrónicos personales durante las actividades escolares, considerando los espacios, horarios y circunstancias en los que su utilización pueda interferir con el aprendizaje y la convivencia.
Su propuesta mantiene excepciones para el uso de estos dispositivos con fines pedagógicos, de accesibilidad, para atender necesidades específicas o en situaciones de emergencia.
La iniciativa, que adiciona la fracción VIII Bis al artículo 91 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Educación para su análisis.
