Puebla, Pue.— En un hecho sin precedentes para el combate a la corrupción en el estado, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla emitió el pasado 30 de septiembre una resolución ejemplar contra la ex secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, tras acreditarse su responsabilidad en el manejo indebido de recursos públicos y el daño patrimonial ocasionado por la colocación irregular de 604 millones de pesos del Gobierno estatal en el extinto Banco Accendo, institución financiera que colapsó en 2021.
De acuerdo con el fallo, la ex funcionaria deberá reintegrar 362 millones de pesos al erario y quedará inhabilitada por 20 años para ocupar cualquier cargo público, marcando un precedente jurídico en materia de rendición de cuentas dentro de la administración estatal.
Un caso que sacudió las finanzas públicas
Las investigaciones judiciales revelaron que, durante su gestión al frente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Castro Corro autorizó movimientos financieros de alto riesgo, sin cumplir con las normas de seguridad y los protocolos exigidos para la inversión de dinero público.
La quiebra del Banco Accendo, ocurrida en octubre de 2021, provocó la pérdida de gran parte de los recursos invertidos, generando un daño patrimonial directo a las arcas del estado y afectando la estabilidad financiera de distintos programas gubernamentales.
El fallo de la Sala Especializada detalla que las decisiones tomadas por la entonces titular fueron “negligentes y contrarias al interés público”, al exponer fondos estatales en una institución que ya mostraba señales de vulnerabilidad financiera y se encontraba bajo observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Un mensaje contra la impunidad
La resolución fue calificada por especialistas y observadores del sector público como un mensaje contundente contra la corrupción y el abuso del poder. En el documento judicial se subraya la importancia de que los servidores públicos actúen bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos.
“Este fallo envía un mensaje claro: el mal uso del dinero público no quedará impune. La rendición de cuentas es una obligación, no una opción”, señalaron fuentes judiciales consultadas tras conocerse la resolución.
Contexto del caso Accendo
El Banco Accendo fue una institución privada que ofrecía servicios financieros a gobiernos estatales y municipales, pero en 2021 fue declarado en quiebra por irregularidades administrativas y falta de liquidez. Diversos gobiernos locales en México resultaron afectados por la pérdida de fondos públicos depositados en esta institución.
En el caso de Puebla, la Secretaría de Finanzas estatal, bajo la gestión de Teresa Castro Corro, autorizó la colocación de 604 millones de pesos, sin contar con los dictámenes técnicos que garantizaran la seguridad de la inversión.
Un precedente para la rendición de cuentas
Con este fallo, el Poder Judicial de Puebla refuerza su postura de cero tolerancia ante la corrupción y marca un precedente importante para el país en materia de responsabilidad administrativa y sanción a los servidores públicos que incumplan su deber.
La resolución también reafirma el compromiso institucional de proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía, asegurando que cada peso del erario sea manejado con honestidad, eficiencia y transparencia.
En un contexto donde la confianza pública exige acciones firmes, la sentencia contra Teresa Castro Corro representa un paso significativo hacia una gestión más ética, responsable y libre de impunidad en Puebla.
