El gobierno de Puebla busca solución para restaurantes sancionados por Profeco
Puebla, Pue., 14 de julio de 2025 — Las recientes sanciones impuestas a cuatro restaurantes del Centro Histórico de Puebla por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han evidenciado no solo prácticas comerciales irregulares, sino también posibles deficiencias en la supervisión local de los servicios turísticos y de consumo en una de las zonas más visitadas del estado.
Durante la reunión de este lunes, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, el tema fue abordado con carácter urgente. Según lo informado por el Secretario de Gobernación, la Profeco llevó a cabo inspecciones el pasado 10 de julio, detectando en varios establecimientos la falta de información clara en los comprobantes de pago, menús sin precios ni características de los platillos, el cobro obligatorio de propinas y la venta condicionada —acciones que violan directamente la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Las sanciones, aunque justificadas por el marco legal, han generado preocupación en el sector empresarial local. Ante esto, las autoridades estatales se pronunciaron por una solución que, si bien reconozca las irregularidades, no afecte a los negocios establecidos. Esta postura ha generado cuestionamientos entre consumidores y expertos, quienes señalan que el cumplimiento de la ley no debería ser negociable frente a presiones del sector privado.
“La sensibilidad de este gobierno nos ha llevado a actuar rápidamente para encontrar una solución que no afecte a los negocios, pero que garantice el cumplimiento de la ley”, declaró el Secretario de Gobernación. Sin embargo, esta declaración ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de ambigüedad frente a la aplicación de normativas federales.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Turístico —que ha estado al tanto del caso desde el inicio— no ha detallado si hubo omisiones en sus labores de supervisión previas a la intervención de Profeco. Especialistas en regulación comercial advierten que este tipo de irregularidades no son casos aislados, sino síntomas de una vigilancia deficiente y de una normalización de prácticas abusivas hacia el consumidor.
Organizaciones ciudadanas han exigido transparencia en el seguimiento del caso y una revisión más amplia del comportamiento comercial en zonas turísticas del estado, ante lo que consideran una tendencia preocupante de falta de control y sanciones efectivas.
Se espera que en las próximas horas se dé a conocer una resolución oficial. Mientras tanto, el gobierno de Puebla se enfrenta al reto de equilibrar la defensa de los derechos del consumidor con su discurso de respaldo a la actividad empresarial, sin caer en una política de permisividad que podría sentar un precedente negativo.
