Ricardo Homs
El bloqueo a la autopista de Puebla por los pobladores de Santa Rita Tlahuapan el pasado domingo 26 de diciembre, -durante un tiempo estimado de 7 horas-, puso en evidencia la falta de capacidades de la Guardia Nacional, -que se vio rebasada-, pues los agentes que estaban a cargo de esa vía de comunicación asumieron un rol pasivo, -de espectadores-, mientras segundo a segundo se acumulaban autos y camiones, -tanto de pasajeros como tráileres-, a la larga fila de varios kilómetros, donde permanecerían atrapados en la autopista durante varias horas.
El que la GN haya enviado un mensaje de alerta por Twitter a las 13 horas con 33 minutos no es suficiente, pues quien conduce en una autopista no revisa sus redes sociales durante el trayecto… ¿De qué sirve el aviso?
Fue innecesario utilizar Twitter cuando ya se habían acumulado en la autopista miles de vehículos a lo largo de una hora, en un día de gran afluencia carretera. La reacción que debió emprender la GN debió ser inmediata y por medios locales, visibles en el lugar para los conductores.
La respuesta debió iniciar kilómetros atrás, cuando aún había forma de tomar decisiones por parte de los viajeros.
Cierto es que trataron de desviar el tráfico de miles de automotores hacia la carretera federal, lo cual fue un intento tan tardío y desorganizado, -sin gente que guiara esta operación-, siendo así que muchos preferimos regresar a la Ciudad de México antes que entrar a una vía de comunicación tan básica que podría colapsar al convertirse en un embudo. Después de casi tres horas de espera, -ante la oportunidad del regreso-, esa parecía ser la mejor opción.
Este hecho, -que no es único en las carreteras de México-, nos pone de manifiesto que la corporación que debe estar preparada para enfrentar crisis de seguridad no tiene instrumentados protocolos de actuación eficientes para casos de emergencia, tan cotidianos en nuestro país, como lo fue este.
Una patrulla con dos agentes estaba ubicada precisamente a unos metros de donde había un retorno. Sin embargo, en lugar de avisar a los automovilistas y camioneros que la autopista estaba tomada por los pobladores de Tlahuapan y por tanto interrumpido el tráfico, -e invitar a cambiar de ruta para regresar y tomar el denominado “arco norte”-, simplemente veían pasar a los automovilistas.
Una corporación con la infraestructura de la Guardia Nacional debiese tener una unidad de “respuesta estratégica” para dar soluciones rápidas a cualquier eventualidad, ya sea esta derivada de un conflicto social, -como el provocado por los pobladores de Santa Rita Tlahuapan-, así como lo que se deriva de un accidente carretero o de una contingencia provocada por la naturaleza, o incluso, un acto terrorista, o entonces, las actividades de bandas delincuenciales que asolan nuestros caminos.
La Guardia Nacional seguramente tiene helicópteros para transportar gente y atender eventualidades, -así como drones para vigilar zonas conflictivas-, pero si no tiene instrumentados protocolos de actuación eficientes, de nada sirve.
Además, debiese tener protocolos donde participe activamente todo el personal, tanto de CAPUFE, -que es el organismo que administra las casetas de cobro de peaje que pertenecen al gobierno mexicano-, como el de las empresas concesionarias de las autopistas de cuota.
La Guardia Nacional debiese tener incluso un equipo de atención telefónica de gran capacidad operativa, que concentre la información, -tanto de las autopistas de cuota como de todas las carreteras federales-, para integrar información aportada por la ciudadanía, la cual pueda ser compartida con quien solicite orientación vía telefónica, sólo por citar algunas posibilidades.
Si en la caseta de San Marcos, -que es la que cobra el peaje a la salida de la Ciudad de México en camino a Puebla-, hubiesen estado avisando que kilómetros adelante la autopista estaría cerrada y dieran la opción de retornar para tomar otros caminos, no se hubiese formado la larga fila de autos y camiones que llegó a alcanzar varios kilómetros de largo, conformada por unidades de transporte varadas en esta importante arteria suburbana durante las siete horas que duró el conflicto.
Ahí pudieron quedar atrapadas ambulancias que transportaban enfermos graves, así como familias y unidades de transporte colectivo de pasajeros que pudieron haberse quedado expuestos a la contingencia de pernoctar en la autopista, con los graves riesgos de ser víctimas de la actividad delincuencial, de la falta de alimentos, de falta de infraestructura para la higiene personal, e incluso de inclemencias climatológicas.
La Guardia Nacional está obligada a convertirse en el garante del orden en todos los caminos del país, así como ser la unidad de respuesta ante contingencias carreteras, con protocolos de acción inmediatos y no sólo asumir el rol tradicional de multar a quienes exceden los límites de velocidad, o revisar a los camiones de carga y de pasajeros, en busca de migrantes.
Falta visión estratégica para cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República en una publicación realizada el 19 de febrero de 2018 explica que el ataque a las vías de comunicación es un delito federal que puede tener penas de entre quince días y treinta años de prisión, dependiendo de la gravedad del acto, lo cual explican que se describe en el “Libro segundo, título quinto, capítulo 1 del Código Penal Federal. Para recibir denuncias ofrece el teléfono 01 800 008 54 00, así como el correo electrónico atenciónpgr@pgr.gob.mx.
Sin embargo, si la Guardia Nacional está presente, en actos como el orquestado por los pobladores de Santa Rita Tlahuapan, ¿qué espera la FGR para aplicar simple y llanamente la ley?
La ley debe estar protegiendo los derechos de los miles y miles de automovilistas y choferes atrapados por el bloqueo realizado por una minoría de pobladores, quienes podrían haber optado por otras acciones de presión social para obtener justicia para la familia que fue atropellada por un automovilista.
Si toman la autopista y cierran la circulación con total impunidad una vez, -ante la inacción judicial como respuesta gubernamental-, lo volverán a hacer en el futuro, pues lo reconocerán como una acción exitosa.
Esta estrategia de los habitantes de Tlahuapan tiene historia y es la impunidad la que estimula estas acciones. Los hechos lo demuestran.
El siete de enero de 2018 bloquearon la autopista. El 23 de julio del 2018 la volvieron a cerrar. El 27 de septiembre de 2018 ejidatarios de esta demarcación volvieron a tomar control de esa importante vía de comunicación.
El 10 de marzo de 2021 volvió a suceder y después nuevamente el 29 de abril del 2021. El 16 de diciembre repitieron su estrategia exitosa y nuevamente el 26 de diciembre pasado.
Lo anterior indica que la impunidad estimula las conductas exitosas y estas podrían ser copiadas por los pobladores de los municipios vecinos, al menor incidente.
Grave es que las autoridades judiciales no tomen acciones para aplicar la ley, pretendiendo así evadir conflictos simples, sin considerar que esta actitud esquiva e ilegal generará problemas mayores en tiempos futuros.
Si existe legislación para castigar judicialmente las afectaciones a las vías de comunicación, debemos exigir a las autoridades que cumplan con su obligación, sea quien sea el infractor.
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