La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, ha salido en defensa del presunto daño patrimonial de 447 millones 514 mil pesos durante la gestión del exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Romero señala que este monto puede ser solventado, mientras asegura que sigue firme de la candidatura a diputación federal de Rosario Orozco.
En medio de la polémica generada por las observaciones de la Auditoría Superior Federal (ASF) que apuntan a un presunto daño patrimonial durante la gestión de Miguel Barbosa, Olga Romero Garci-Crespo, líder estatal de Morena en Puebla, ha salido al paso de las críticas.
“Son solo observaciones y estas observaciones pueden ser solventadas o subsanadas al 100 por ciento. Sí es irresponsable que estén difundiendo de esta manera las cosas, porque en realidad no sabremos cuál será el resultado final y para ese resultado final falta un buen de rato”, expresó Romero.
La dirigente de Morena señaló que la ASF revisó una muestra de más de 53 mil millones de pesos, de los cuales las observaciones representan únicamente el .85 por ciento del total. Por lo tanto, calificó como “incorrecto” presumir un supuesto daño patrimonial basado en esta cifra.
“Es impreciso asumir un daño en razón del principio de presunción de inocencia, toda vez que el estado se encuentra en tiempo de formular las declaraciones pertinentes y la ASF de determinar si las observaciones existen o fueron solventadas“, agregó.
Romero Garci-Crespo también hizo hincapié en que las cuentas públicas a menudo se utilizan como un arma política, manipulando la percepción ciudadana sobre las observaciones como si fueran ya un daño patrimonial, cuando en realidad son simplemente eso: observaciones.
Ante la pregunta sobre si estas observaciones podrían afectar la candidatura de Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Barbosa Huerta, a la diputación federal por Tehuacán, Romero mencionó que la candidatura se mantiene sin cambios.
La información oficial de la ASF detectó en Puebla un total de 15 anomalías que requieren atención, siendo 10 de ellas las más graves al presumir un posible daño o perjuicio patrimonial al erario público, sumando un total de 447 millones 514 mil pesos.
La situación sigue generando controversia en el ámbito político de Puebla, con posturas divididas sobre cómo abordar estas observaciones y su impacto en el panorama electoral del estado.
