El objetivo es crear una ley eficaz contra la delincuencia, pero que también respete los derechos de quienes usan la moto como herramienta de trabajo, transporte o recreación
Puebla, Pue a 26 de mayo de 2025. — La propuesta de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Puebla, que busca reforzar la seguridad vial y reducir el uso de motocicletas en actividades delictivas, ha generado fuerte controversia entre la ciudadanía, especialmente entre grupos de motociclistas, que acusan criminalización y vulneración de derechos.
La iniciativa fue presentada recientemente en el Congreso local y ha sido respaldada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, y la presidenta del Congreso, la diputada de Morena Laura Artemisa García Chávez, quienes aseguran que se trata de una medida necesaria para proteger a conductores, acompañantes, peatones y frenar el uso de motocicletas en robos y homicidios, al considerarlas vehículos ideales para escapar de la escena del crimen.
Entre los puntos clave de la propuesta, destacan:
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Retiro de la vía pública de motocicletas con placas alteradas, cubiertas o ilegibles.
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Uso obligatorio de casco y chaleco reflejante con número de placa visible al frente y atrás.
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Limitación de pasajeros conforme lo indique la tarjeta de circulación.
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Restricción a vehículos eléctricos (bicis o monopatines que superen 25 km/h) en vías primarias sin infraestructura segura.
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Prohibición de dispositivos que dificulten la conducción y obligación de usar luces y reflejantes.
Motociclistas, en contra
Diversos colectivos de motociclistas han salido a protestar contra los lineamientos, especialmente aquellos que consideran excesivos o discriminatorios, y han exigido diálogo con el Congreso para que sus opiniones sean integradas antes de que la iniciativa pase al pleno, lo cual podría ocurrir esta misma semana.
¿Una medida efectiva?
Aunque Puebla no es el primer estado en plantear regulaciones de este tipo —la Ciudad de México también ha discutido reformas similares—, el caso de Colombia es uno de los referentes que más peso ha tenido en el debate.
En Bogotá, por ejemplo, se prohibió desde 2018 el tránsito de motocicletas con dos varones a bordo, lo que llevó a una disminución del robo callejero, según estadísticas oficiales. Ciudades como Cali y Medellín aplicaron medidas similares con distintos niveles de éxito.
No obstante, expertos como Wilson Hernández Breña, criminólogo por la Universidad de Pennsylvania, advierten que la solución no debe centrarse solo en restringir las motos, sino en atacar de fondo las causas de la delincuencia. En su artículo “Motos, prohibición y crimen”, señala que muchas veces se cae en la narrativa de que el problema es la moto y no la falta de estrategia policial o prevención social.
¿Hacia una regulación equilibrada?
El reto en Puebla, como en otros lugares, será crear una ley eficaz contra la delincuencia, pero que también respete los derechos de quienes usan la moto como herramienta de trabajo, transporte o recreación. Lograr ese equilibrio será clave para que la reforma cumpla su objetivo sin generar un mayor conflicto social.
