Ciudad de México. – Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon la impugnación presentada por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla contra seis artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado, aprobada por el Congreso local el 15 de noviembre de 2023.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país confirmó la validez de las disposiciones que establecen como obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para todos los propietarios de vehículos automotores.
Asimismo, por unanimidad, los ministros ratificaron las sanciones ejemplares para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, entre ellas la suspensión de la licencia de conducir por un año, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir los siniestros en carreteras y zonas urbanas.
El proyecto de acuerdo fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien en su exposición de motivos destacó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Puebla circulan 1 millón 269 mil 822 vehículos automotores, de los cuales 49 por ciento —equivalente a 618 mil 404 unidades— carece de un seguro que brinde protección a sus ocupantes y a terceros en caso de accidente.
Batres Guadarrama subrayó la magnitud del problema vial en la entidad: durante 2024 se registraron 12 mil 920 accidentes de tránsito, de los cuales 8 mil 258 fueron por colisión entre vehículos, 440 por atropellamiento, mil 193 por impacto con objetos fijos, 937 por salida de camino, mil 461 por accidentes con motociclistas y 363 por volcadura.
Como consecuencia, se contabilizaron 264 muertes derivadas de siniestros vehiculares en el estado.
La ministra rechazó los argumentos de la CDH Puebla, que sostenía que la exigencia del seguro limitaba el derecho a la movilidad y atentaba contra la certeza jurídica de los automovilistas.
Batres afirmó que la medida no restringe derechos, sino que busca garantizar la seguridad y la reparación de daños en caso de accidentes, además de fomentar una cultura vial más responsable.
El fallo fue respaldado por integrantes de las organizaciones Manu Vive y la Coalición Movilidad Segura, colectivos ciudadanos que promovieron la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en 2023 y que han insistido en la necesidad de reducir las muertes por siniestros viales en Puebla.
Con esta resolución, la Suprema Corte reafirma la constitucionalidad de la Ley de Movilidad poblana y respalda las medidas que buscan proteger la vida y la integridad de peatones, ciclistas y conductores en todo el estado.
