Tres años de búsqueda: Fiscalía de Puebla reintegra a tres niñas con su madre y detiene a los abuelos paternos
Puebla, Pue. — 20 de octubre de 2025.
Tras casi tres años de violencia vicaria y encubrimiento familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, logró reintegrar a tres menores con su madre, Ana Karen Rodríguez, quien contaba con la custodia legal otorgada por un juez desde marzo de 2023.
Las niñas —Erika Aitana, Ivanka y Madisson Scarlett Larios Rodríguez— fueron localizadas tras una serie de 45 actos de investigación y 15 cateos, once de ellos en Puebla y San Pedro Cholula, y cuatro más en Tlaxcala, donde eran ocultadas por los abuelos paternos.
El padre de las menores, Erick “N”, fue detenido en 2023 por los delitos de violencia familiar, violencia vicaria y sustracción de menores, pero pese a su captura, las niñas permanecieron desaparecidas.
Padre, abuelos y madrastra: una red de complicidad
De acuerdo con las investigaciones, las menores fueron ocultadas durante casi tres años por los abuelos paternos José Francisco Héctor N. y Blanca Patricia N., quienes fueron reaprehendidos el 19 de octubre tras una nueva orden judicial por el delito de desaparición cometida por particulares.
La detención se realizó en la colonia Lomas de San Miguel, en la ciudad de Puebla, por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.
Ambos ya habían sido detenidos en 2024 por violencia vicaria y sustracción de menores, pero un juez modificó sus medidas cautelares y los dejó en libertad.
Sin embargo, la FGE consiguió una nueva orden de captura, al acreditar su participación en la retención y ocultamiento deliberado de las niñas.
También fue detenida en su momento Jessica “N.”, pareja sentimental del padre, señalada por haber resguardado temporalmente a las menores. Aunque fue liberada, su nombre permanece dentro de la carpeta de investigación.
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El reencuentro: una madre contra el sistema
Moviendo Ideas tuvo la oportunidad de entrevistar a Ana Karen Rodríguez meses antes de que las niñas fueran localizadas.
Entre lágrimas, describió cómo instituciones y familiares del agresor se alinearon para sostener la violencia vicaria:
Durante casi tres años, Ana Karen litigó, denunció y documentó cada omisión institucional. En noviembre de 2022, fue golpeada y desalojada de su casa por Erick N., quien se quedó con las tres niñas, entonces de 3 años, 1 año y medio, y apenas un mes de nacida.
A partir de entonces, comenzó una lucha legal y emocional por su recuperación.
Investigación persistente y justicia con perspectiva de género
La Fiscalía poblana informó que el rescate se logró gracias a la coordinación entre distintas áreas, bajo la conducción de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, y en cumplimiento del mandato institucional de garantizar el interés superior de la niñez.
“El caso demuestra que el Estado puede corregir las omisiones pasadas y responder con firmeza ante los delitos de violencia vicaria”, señaló la FGE.
Actualmente, las tres menores ya se encuentran bajo resguardo y protección de su madre, en condiciones de seguridad y acompañamiento psicológico.
Reintegra la Fiscalía General del Estado a tres menores con su madre, tras casi tres años de haber sido separadas.
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la recuperación de tres menores de edad que permanecieron separadas de su progenitora casi tres años. Actualmente,… pic.twitter.com/cBjFJlMkuM
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 19, 2025
Un precedente para la justicia familiar
El caso de Ana Karen Rodríguez se convierte en un precedente simbólico y jurídico en Puebla, al ser una de las pocas resoluciones que sancionan la desaparición forzada cometida por particulares dentro de un núcleo familiar.
Diversos colectivos de mujeres reconocieron el trabajo de la Fiscalía, pero también exigieron revisión del actuar judicial que permitió la liberación de los abuelos durante el proceso.
“La violencia vicaria no es solo un delito, es una forma de tortura emocional. Y el Estado no puede tardar tres años en reparar el daño”, señalaron activistas locales.
