Domingo Alberto Bagatella continúa como juez Civil y Penal de Izúcar de Matamoros; su trayectoria registra una suspensión y múltiples señalamientos públicos desde 2008.

Suspensiones, acusaciones de dilación de justicia, una queja por presunta violencia laboral y nuevos cuestionamientos de litigantes forman parte del historial público de Domingo Alberto Bagatella Bermúdez, juez que actualmente encabeza el Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros.

Su permanencia dentro del Poder Judicial poblano atraviesa distintas administraciones y regiones judiciales. Documentos oficiales muestran que Bagatella ha ocupado diferentes juzgados desde finales de la década de los noventa y actualmente aparece nuevamente adscrito a Izúcar de Matamoros, una demarcación donde su actuación ha vuelto a ser cuestionada.

Ahora, litigantes consultados señalan presuntas irregularidades en la tramitación de asuntos dentro del juzgado y acusan que algunos expedientes sufrirían retrasos deliberados. Entre las acusaciones más graves se encuentran presuntos cobros de porcentajes de entre 25 y 35 por ciento relacionados con resoluciones favorables.

Estas acusaciones corresponden a testimonios de fuentes anónimas que acudieron a Moviendo Ideas, por lo que corresponden a señalamientos que requerirían ser investigados por los órganos de vigilancia y disciplina del Poder Judicial.  Sin embargo, los señalamientos actuales se suman a una trayectoria marcada por distintas controversias públicas desde hace casi dos décadas.

De Izúcar a Teziutlán y nuevamente a Izúcar

La trayectoria oficial de Bagatella permite dimensionar su permanencia dentro de la estructura judicial poblana.

El currículum publicado por el propio Poder Judicial registra que fue juez en Tecali de Herrera entre 1999 y 2004; posteriormente estuvo adscrito a Huejotzingo, Tehuacán y nuevamente Tecali.

Entre diciembre de 2009 y enero de 2015 estuvo adscrito al Juzgado Civil y de Defensa Social de Izúcar de Matamoros y, posteriormente, permaneció en el Juzgado Penal de ese distrito hasta junio de 2016. Después pasó al sistema de oralidad penal.

Para 2018, el informe anual del Poder Judicial lo identificaba como juez del Juzgado de Oralidad del Distrito Judicial de Teziutlán.

En 2021, registros oficiales de declaraciones patrimoniales lo ubicaban como juez de Oralidad adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

Posteriormente estuvo relacionado con la Sala de Ejecución de Sentencias Penales y Medidas de Seguridad y finalmente regresó a Izúcar.

En mayo de 2025, documentación oficial del Poder Judicial ya colocaba a Domingo Alberto Bagatella Bermúdez en el Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Matamoros. En ese mismo documento, el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur aparecía a cargo de Kenia Salgado Covarrubias, por lo que la información oficial consultada no permite sostener que Bagatella encabezara simultáneamente ambas instancias.

Actualmente, el directorio oficial del Poder Judicial continúa identificándolo como titular del Juzgado de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros.

En 2008 ya había sido suspendido

Los cuestionamientos sobre su desempeño no son recientes.

En abril de 2008, medios poblanos documentaron que el entonces juez fue suspendido durante 15 días sin goce de sueldo por el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

La medida estuvo relacionada con la existencia de un proceso federal previo por abuso de autoridad y violación a la Ley de Amparo. De acuerdo con las publicaciones de aquella época, Bagatella había recibido originalmente una condena superior a dos años de prisión, pero ésta posteriormente fue revocada en apelación y terminó absuelto.

Es importante esta última precisión: la existencia de aquel procedimiento y la suspensión administrativa forman parte de sus antecedentes públicos, pero la sentencia penal no quedó firme, pues fue revocada.

En 2018 fue cuestionado por una decisión en un caso de violencia

Una década después, Bagatella volvió a aparecer en una controversia pública.

En enero de 2018, cuando ejercía como juez de control, el abogado Pablo Lugo lo acusó públicamente de haber incurrido en una posible violación al artículo 19 constitucional después de que no ordenara prisión preventiva contra Eliezer Casiano Popócatl Castillo, quien había sido señalado por su pareja por una agresión en la que presuntamente intervino un arma de fuego.

La actuación judicial fue cuestionada mediante un juicio de amparo promovido en representación de la víctima.

El episodio constituyó un señalamiento de la representación jurídica de la mujer y no una determinación judicial de responsabilidad contra Bagatella.

Familia de Patricia Mora lo acusó de obstaculizar diligencias

Meses después, su nombre quedó relacionado con otro expediente especialmente sensible.

En mayo de 2018, familiares de Patricia Mora Herrera, maestra rural víctima de feminicidio en Zacapoaxtla, acusaron públicamente a Bagatella, entonces juez de control en Teziutlán, de retrasar diligencias relacionadas con el proceso contra los presuntos responsables.

Gabriela Molina Herrera, hermana de Patricia, afirmó que determinadas diligencias habían sido solicitadas desde enero sin que fueran autorizadas y pidió la intervención del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez.

El caso escaló al punto de que la actuación administrativa del juzgador fue puesta bajo revisión. La familia responsabilizaba al juez de las demoras, aunque ello tampoco equivale a una resolución que hubiese acreditado responsabilidad administrativa o penal de Bagatella.

En 2023, una trabajadora denunció presunta violencia laboral

Cinco años después apareció otro señalamiento.

Una investigación periodística de LADO B documentó en agosto de 2023 la denuncia de una trabajadora del Poder Judicial que acusó a Bagatella de presunto acoso y violencia laboral cuando se encontraba en la Sala de Ejecución de Sentencias Penales y Medidas de Seguridad.

La trabajadora afirmó que el juez se negaba a revisar y firmar determinados acuerdos elaborados por ella, además de ignorarla, impedirle participar en audiencias y dirigirse hacia ella de manera humillante.

La mujer presentó una queja ante el entonces Consejo de la Judicatura y posteriormente amplió su señalamiento ante la Unidad de Derechos Humanos y de Género. La publicación reportó que la propia trabajadora presentó grabaciones como parte de sus pruebas.

Nuevamente, se trata de una denuncia documentada públicamente, sin que la información revisada permita afirmar que terminó en una sanción firme contra el juzgador.

En 2025, su nombre apareció hasta en una amenaza contra una adulta mayor

En marzo de 2025, el nombre de Bagatella volvió a aparecer públicamente dentro de otro conflicto.

Una mujer adulta mayor identificada como Victoria N. denunció haber recibido amenazas relacionadas con un litigio familiar por propiedades. En uno de los mensajes anónimos que aseguró haber encontrado en su domicilio se afirmaba que el juez Bagatella supuestamente ya estaba “comprado”.

El juzgador tenía participación en el expediente.

Sin embargo, la referencia contenida en un mensaje anónimo no demuestra que el juez hubiera recibido dinero ni acredita un acto de corrupción. La relevancia del episodio radica en que su nombre fue introducido expresamente dentro de las amenazas denunciadas por una de las partes.

Fiestas dentro del juzgado y reclamos por expedientes en 2026

La controversia más reciente ocurrió apenas en agosto de 2026.

Fotografías difundidas públicamente mostraron convivios realizados dentro de las instalaciones del Juzgado de lo Civil y Penal de Izúcar de Matamoros, con mesas, alimentos, pasteles y decoración en espacios destinados a actividades judiciales.

La publicación generó cuestionamientos sobre quién autorizó las reuniones, si ocurrieron durante horario laboral y si existían disposiciones internas que permitieran utilizar las instalaciones para esas actividades.

El episodio cobró mayor relevancia porque litigantes ya señalaban presuntos retrasos en la resolución de expedientes dentro del juzgado.

Y es precisamente en este contexto donde surgen ahora nuevas acusaciones sobre el manejo de asuntos judiciales.

Los nuevos señalamientos requieren investigación

Hasta ahora, no se cuenta con una sentencia, resolución administrativa, investigación ministerial concluida o documento oficial que permita afirmar que Bagatella cobra porcentajes para resolver expedientes.

Pero tampoco se trata de un funcionario sin antecedentes públicos de controversia.

Su trayectoria acumula desde 2008 hasta 2026 suspensiones administrativas, cuestionamientos de abogados, reclamos de familiares de víctimas, una denuncia laboral y críticas de litigantes sobre el funcionamiento del juzgado que encabeza.

El directorio oficial confirma que, actualmente, Domingo Alberto Bagatella Bermúdez continúa impartiendo justicia como titular del Juzgado de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros.

Por ello, frente a las nuevas acusaciones, corresponde a los órganos competentes del Poder Judicial del Estado de Puebla determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y establecer si las irregularidades denunciadas tienen sustento.

Después de casi tres décadas recorriendo diferentes juzgados y casi dos décadas desde aquella suspensión de 2008, la pregunta ya no solamente gira alrededor de un expediente particular, sino sobre los mecanismos de vigilancia aplicados a quienes tienen en sus manos una de las atribuciones más delicadas del Estado: impartir justicia.