Después de 14 meses desde que se presentó la denuncia, el síndico municipal, el Director de Seguridad y varios policías bajo el mando de la alcaldesa Irene Olea Torres comparecen ante el Juez Federal para responder por presuntos delitos graves. Estos incluyen privación ilegal de la libertad, tortura y abuso sexual, en relación con un incidente que involucra a las reporteras Natalie y Michelle N, así como a un grupo de activistas.
El caso, que ha generado un amplio escrutinio público y ha suscitado preocupación sobre el estado de los derechos humanos y la libertad de prensa en la región, ha llegado a una etapa crucial con la comparecencia de las autoridades municipales ante el tribunal.
Las acusaciones contra los funcionarios y policías involucrados son graves y exigen una investigación exhaustiva y transparente. La presunta violación de derechos fundamentales como la libertad personal y la integridad física de las personas involucradas plantea serias interrogantes sobre el estado de la justicia y el cumplimiento de la ley en la localidad.
la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros espera que el proceso judicial avance con la debida diligencia y que se garantice la imparcialidad y la equidad en el tratamiento de todas las partes involucradas.
