Después de dos meses de citaciones judiciales, el día de ayer, lunes 6 de mayo, marcó un hito crucial en el caso que ha mantenido en vilo a la comunidad de Izúcar de Matamoros. Once funcionarios vinculados a la administración de la presidenta municipal Irene Olea Torres comparecieron ante un Juez de Control Federal para enfrentar acusaciones relacionadas con la detención de las reporteras Natalie y Michelle N, así como de un grupo de activistas el pasado 10 de marzo de 2023.
En una audiencia que se extendió por casi seis horas en el Centro de Justicia Penal, los subordinados de la alcaldesa, hoy candidata a la reelección, escucharon los cargos en su contra. Optaron por reservar su derecho a declarar y emitir alguna opinión sobre los hechos. Solicitaron la Ampliación del Término Constitucional de 144 horas, y será el próximo sábado 11 de mayo cuando se decida si serán vinculados o no a un proceso penal.
Sin embargo, mientras estos acontecimientos se desarrollaban, la figura de Irene Olea Torres, tanto como candidata y presidenta municipal, destacaba por su insistente defensa de la inocencia. Ante las preguntas sobre su supuesta implicación en la detención de las periodistas y activistas, Irene Olea Torres ha mantenido una postura firme y transparente.
“La investigación no está dirigida hacia mí”, reiteró en varias ocasiones. “Estoy dispuesta a cooperar en todo lo necesario para esclarecer los hechos y encontrar una sanción justa para quienes resulten responsables en este lamentable incidente”.
Su disposición a colaborar con las autoridades y su firmeza al afirmar su no participación en los deleznables hechos han generado un debate entre los habitantes de Izúcar de Matamoros. Muchos han expresado su apoyo hacia la presidenta municipal, argumentando que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que se demuestre lo contrario.
