Izúcar de Matamoros, Pue. — Durante su gestión como alcaldesa de Izúcar de Matamoros (2021-2024), Irene Olea Torres no solo enfrentó los desafíos inherentes a la administración pública, sino también episodios de violencia política y de género por parte de algunos regidores que intentaron socavar su autoridad y desempeño.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una sentencia que confirma que varios regidores impidieron a Irene Olea desempeñar sus funciones como presidenta municipal al llevar a cabo una sesión de Cabildo que fue declarada ilegal y que violó la Ley Orgánica Municipal.
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) también aceptó que hubo irregularidades contra la alcaldesa por parte de los regidores María del Socorro Peña Vega, Blanca Estela Larios Ávila, Rita Bermejo Cadena, Juan Manuel Morales Lara y Luis Adán Marín Negrete, quienes impugnaron sin éxito la resolución del TEEP.
El conflicto se originó el 2 de octubre de 2022, cuando integrantes del Ayuntamiento realizaron una sesión extraordinaria que fue impugnada por la presidenta municipal y el síndico el 5 de octubre en los juicios TEEP-JDC-112/2022 y TEEP-JDC-113/2022. Posteriormente, el 6 de diciembre, el TEEP revocó el acta de dicha sesión extraordinaria, argumentando que se vulneraron las facultades de Olea al desconocer su autoridad como presidenta municipal.
El TEEP destacó que la sesión extraordinaria fue desarrollada y clausurada por el regidor de Gobernación y Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, quien no tenía facultad para convocar, presidir ni realizar la declaratoria de inicio y conclusión de la sesión. Además, el contenido del acta aprobada durante esta sesión afectó directamente el derecho de Olea a rendir su informe de gobierno, privándola de una de sus funciones esenciales.
La sentencia ordenó dar vista a la Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros y al Congreso del Estado de Puebla para llevar a cabo los procedimientos necesarios. Asimismo, la propia Irene Olea ha denunciado varios actos de violencia en su contra, incluyendo publicaciones ofensivas en internet y redes sociales, así como expresiones degradantes por parte de algunos miembros del Cabildo que cuestionaron su capacidad para gobernar por ser mujer.
Olea señaló en el expediente TEEP-JDC-112-2022 que ha enfrentado una serie de conductas sistemáticas y graves por parte de algunos regidores, incluyendo agresiones físicas y psicológicas, así como ataques dirigidos a sus familiares y colaboradores. Estos actos, según Olea, buscan desestabilizar su gobierno y presionarla para que renuncie a su cargo.
“Han desplegado sistemáticamente una serie de conductas, algunas de ellas incluso graves tendentes a agredirme de manera física y psicológicamente, así como en contra de mis familiares, colaboradoras y colaboradores, encaminadas a desestabilizar al gobierno municipal de Izúcar de Matamoros, periodo 2021-2024, esto con el fin de que renuncie a mi cargo como presidenta del multicitado municipio”, declaró Olea en el expediente.
Este caso subraya la importancia de proteger los derechos de las mujeres en la política y de garantizar que puedan desempeñar sus funciones sin ser víctimas de violencia o discriminación. Las resoluciones de los tribunales electorales sirven como un recordatorio de que la legalidad y el respeto a las instituciones deben prevalecer en todos los niveles de gobierno
