Ciudad de México, 25 de abril de 2025.– Con el objetivo de garantizar que las candidaturas al Poder Judicial cumplan con los requisitos constitucionales y legales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves un mecanismo de revisión para detectar si alguna de las personas propuestas tiene antecedentes por violencia contra las mujeres, deudas alimentarias o estatus de prófugo de la justicia.
La medida fue aprobada con 8 votos a favor y 3 en contra, y contempla la revisión de pruebas y antecedentes que puedan presentar tanto autoridades como ciudadanía y organizaciones civiles. A partir de este 25 de abril, el INE habilitará un micrositio digital para recibir pruebas que puedan acreditar el incumplimiento de los requisitos legales.
Revisión post-electoral y presentación de hallazgos
El informe preliminar con los primeros resultados del análisis será presentado en la sesión siguiente a la jornada electoral del 1 de junio, mientras que el informe final se entregará el 15 de junio, fecha en la que se declarará la validez de los resultados electorales.
Las candidaturas serán evaluadas bajo los criterios del artículo 38 de la Constitución, conocido como el principio de “8 de 8”, el cual excluye a personas con sentencia firme por delitos como:
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Violencia familiar o sexual
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Violencia política contra las mujeres
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Ser deudor alimentario moroso
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Ser prófugo de la justicia
También se aplicará el artículo 442 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece como requisito no haber sido condenado por violencia política de género.
Opiniones divididas en el Consejo General
Durante la sesión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei votó en contra del acuerdo. Argumentó que el INE no tiene atribuciones para emitir un dictamen que cuestione la validez de las listas remitidas por el Senado y que la medida vulnera el principio de presunción de inocencia.
“No comparto la propuesta, pues atenta contra la presunción de validez con la que el Senado remitió los listados”, señaló Taddei. “Además, impone nuevas cargas a las candidaturas en pleno proceso electoral”.
Por el contrario, otras consejeras como Dania Ravel y Carla Humphrey respaldaron la iniciativa. Ravel criticó que los comités de evaluación se limitaran a pedir declaraciones “bajo protesta de decir verdad” y no implementaran un verdadero mecanismo de verificación.
“La imparcialidad y el cumplimiento de la ley son esenciales en quienes pretenden ocupar un cargo en el Poder Judicial”, afirmó.
Humphrey destacó la importancia de garantizar que quienes impartan justicia no tengan antecedentes que pongan en duda su integridad o su cumplimiento de la ley.
