¿Qué pasó?

Con el fin de promover la consulta de revocación de mandato, el gobierno federal, Morena y los gobiernos estatales aliados al presidente Andrés Manuel López Obrador han incurrido en una larga lista de irregularidades e ilegalidades.

¿Por qué importa?

• Pese a la veda electoral impuesta por el INE, la cual comenzó el pasado 4 de febrero y se extenderá hasta el 10 de abril, día de la consulta, partidarios de Morena han llevado a cabo diversas acciones para “invitar” a la ciudadanía a salir a las urnas, sin importar que está penado por la ley.

• Un ejemplo de ello es la organización “Que Siga la Democracia”, la cual solicitó formalmente la realización del ejercicio plebiscitario y está integrada por diputados, ex legisladores y familiares de gobernadores afines al partido en el poder.

El contexto:

• El caso más reciente de esta lista de irregularidades tuvo lugar el fin de semana, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dirigió encuentros de Morena en Coahuila y en Sonora para promover la consulta de revocación de mandato. Ahí, desafió de manera frontal al INE y auguró su desaparición.

• Un segundo caso fue evidenciado a mediados de marzo, cuando el INE envió un oficio a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el que le pidió retirar de sus redes sociales publicaciones que consideró como “propaganda”. Sheinbaum dijo que impugnaría la decisión.

Los detalles:

• El semanario Proceso documentó, además de los pronunciamientos del secretario de Gobernación en el norte del país, cómo funcionarios de Morena en otros estados como Puebla, Veracruz o Ciudad de México han dado su respaldo al Ejecutivo en la consulta de revocación de mandato.

• En zonas marginadas se han presentado denuncias en contra de políticos o funcionarios estatales que amenazan con condicionar los programas de Bienestar para obligar a la participación ciudadana en el ejercicio plebiscitario.

• En el caso de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa ha recurrido -según Proceso- al clientilismo y prácticas del “viejo régimen” a través de los gobiernos municipales, no sólo de Morena o el PT, sino también de afiliación priista y panista.

• Lo anterior, orquestado por la organización “Que Siga la Democracia” -brazo civil de Morena, encargada de promover la consulta- y que en Puebla está en manos de Eric Cotoñeto Carmona, presunto operador político de confianza de Barbosa.

• En tanto, una situación similar se vive en la Ciudad de México, en donde a través de llamadas telefónicas, la citada organización civil “invita” a la ciudadanía a participar en la consulta de revocación de mandato.

• Además, en colonias populares de alcaldías capitalinas como Azcapotzalco y Magdalena Contreras, hombres y mujeres ataviados con uniformes en color guinda y blanco (alusivos a Morena) van de casa en casa promoviendo la consulta. Quienes los atienden reciben volantes con el logo de la organización y el hashtag “Yo voto #QueSigaAMLO”.

• Reportes del portal Animal Político refieren que la organización “Que Siga la Democracia” fue constituida el 11 de octubre de 2021 y en menos de dos meses consiguió reunir cerca de 9 millones de firmas ciudadanas, necesarias para impulsar la consulta de revocación de mandato.

• Gabriela Jiménez Godoy, anteriormente candidata a diputada local y federal por PRD, PAN, MC y más recientemente en 2021, por Morena, es la cara visible de la organización que aglutina diputados morenistas, ex legisladores federales, familiares de funcionarios públicos y dirigentes estatales del partido.

• Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática urgió al INE a realizar las indagatorias para confirmar o descartar si “Que Siga la Democracia” ha ejercido indebidamente recursos de origen público para promover la consulta.

• Aunque el árbitro electoral ha logrado documentar gastos por al menos 5.4 millones de pesos por concepto de publicidad mediante espectaculares y bardas, la organización ha rechazado tajantemente haber pagado uno solo de los anuncios.

• Por el contrario, Jiménez Godoy ha dicho que “la asociación que representa se financia a través de aportaciones de recursos de carácter privado”. Fuentes al interior del INE dijeron a Animal Político que puede ser una estrategia para eludir la normativa electoral, pues ante el Instituto, las A.C. no son fiscalizables.