Del “megadecomiso” de 59 millones de litros a la revisión de permisos: el caso que puso bajo escrutinio a la FGR en Guanajuato
Lo que el 17 de septiembre de 2026 fue presentado públicamente en la “Mañanera del Pueblo” como uno de los mayores golpes contra el huachicol en México terminó convertido, apenas unos días después, en un caso marcado por una pregunta central: ¿los 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, eran realmente producto ilícito o se trataba de hidrocarburo almacenado legalmente?
El aseguramiento ocurrió en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide, durante un operativo encabezado por autoridades federales y estatales. De acuerdo con la información oficial, fueron localizados aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburo, con características de diésel, gasolina regular y gasolina premium, además de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
El tamaño del aseguramiento hizo que el operativo fuera presentado inicialmente como un decomiso histórico. La propia Presidencia de la República habló públicamente del caso durante la conferencia matutina del 18 de septiembre, cuando el secretario de Seguridad Omar García Harfuch señaló que se trataba de una investigación distinta a otros expedientes de huachicol y sostuvo que la Fiscalía General de la República contaba con avances para determinar de dónde provenía el combustible y hacia dónde era distribuido.
#PoderFÁCTICO | 🚨⛽ 59 millones de litros asegurados y ninguna persona detenida en el predio: @OHarfuch dice que las capturas vendrán después.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible… pic.twitter.com/IR9HWrnrlK
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Sin embargo, el caso comenzó a cambiar de tono cuando Gas Natural del Noroeste, empresa que opera la terminal, aseguró que contaba con los permisos necesarios para almacenar hidrocarburos y que el combustible pertenecía a empresas usuarias que, según su versión, también debían acreditar la propiedad y procedencia de sus productos.
Una investigación que comenzó con una pipa
La versión oficial permite reconstruir el origen de la investigación.
El 3 de julio de 2026, un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional inició una investigación después de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esa persona no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo. A partir de ese hecho se realizaron distintas diligencias que llevaron primero a una gasolinera de San Luis de la Paz, posteriormente a un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente a un inmueble de San José Iturbide.
Ese último punto fue la terminal donde se encontraron los 59 millones de litros.
La operación fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutada por el Ministerio Público Federal, personal pericial y autoridades estatales. También participaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad.
La relevancia política del caso aumentó porque el aseguramiento ocurrió en un momento en que el Gobierno federal ha colocado el combate al robo, contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos como una de sus líneas de seguridad.
La primera versión: 59 millones de litros de presunto combustible ilegal
En las primeras horas, el volumen asegurado fue el principal dato difundido: 59 millones de litros.
El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, fue uno de los funcionarios que informó inicialmente sobre el operativo. Posteriormente, la FGR confirmó el aseguramiento.
La comunicación oficial hablaba de presunto hidrocarburo, una precisión importante porque la propia autoridad estableció que todavía debía determinarse mediante dictámenes e investigaciones la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto
Es decir, aunque el operativo fue difundido públicamente como un golpe contra el huachicol, el expediente todavía tenía una etapa pendiente: demostrar jurídicamente el origen y la legalidad de todo el combustible localizado.
Gas Natural del Noroeste responde: “todo en regla”
La empresa involucrada salió públicamente a defender la legalidad de sus operaciones.
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., filial de Grupo SIMSA, informó que opera la terminal de almacenamiento de San José Iturbide desde hace nueve años y que cuenta con el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, así como con las modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020.
Según el comunicado empresarial fechado el 19 de septiembre de 2026, dicho permiso tiene una vigencia de 30 años. La compañía también señaló que cuenta con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Entre los documentos que la empresa mencionó están los oficios ASEA/UGI/DGGTA/0313/2016 y ASEA/UGI/DGGP|/2835/2019, además del permiso ferroviario SCT.6.11.413.-153/2018.
También afirmó contar con permisos estatales y municipales, entre ellos uso de suelo, licencia de funcionamiento y vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.
El argumento central de la compañía fue que su función consiste en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de empresas usuarias de la terminal y que dichas compañías deben acreditar la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos.
#Nacional 🚨 Tras operativo por combustible ilícito, empresa asegura tener todo en regla
Gas Natural del Noroeste aseguró que cuenta con los permisos y autorizaciones federales, estatales y municipales para realizar sus operaciones, luego del decomiso de 59 millones de litros de… pic.twitter.com/cQznSlHGe5
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La FGR cambia el foco: falta acreditar la trazabilidad completa
La respuesta empresarial no cerró la investigación.
El 19 de septiembre, la FGR informó que las empresas relacionadas todavía no habían presentado toda la documentación necesaria para acreditar de manera completa la licitud del origen, manejo y destino del combustible.
Ante la complejidad del caso, la entonces titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, instruyó que la investigación fuera atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La Fiscalía señaló que se revisarían documentos, información de empresas vinculadas y declaraciones de directivos, además de la propiedad y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.
Por tanto, el punto de discusión dejó de ser únicamente la existencia de una terminal con permisos para convertirse en una revisión más amplia: si el combustible específico almacenado en los tanques podía ser acreditado como legal y si cada una de las empresas relacionadas podía demostrar su origen y destino.
Sheinbaum evita cerrar el caso
La posición de la presidenta Claudia Sheinbaum también mostró el cambio en la narrativa pública.
En la conferencia matutina del 18 de septiembre, al ser cuestionada sobre la situación del combustible, la mandataria explicó que la Fiscalía todavía estaba revisando los permisos de la empresa.
La presidenta declaró:
“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tenía esta o que tiene esta empresa y ya tendrá que informarle en su momento la Fiscalía. Le pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”.
Cuando se le preguntó si todavía no podía descartarse que se tratara de huachicol, respondió:
“pues hasta que la fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”.
La declaración resulta relevante porque evidencia que, para ese momento, la Presidencia no daba por concluida la determinación sobre la legalidad del combustible.
#DesdePALACIO 📰❗️ | DEL “MEGADECOMISO HISTÓRICO” DE HUACHICOL A: “ESPÉRENSE, TODAVÍA ESTAMOS REVISANDO LOS PERMISOS” ⛽️🤔
Hace apenas unos días, el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide, Guanajuato, fue presentado como un golpe… pic.twitter.com/1KGzpRw0ew
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Juan Francisco Vera Ayala, en el centro de la controversia
En paralelo, el nombre de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, quedó ligado a la polémica.
La información proporcionada señala que Vera Ayala había asumido el cargo el 28 de enero de 2026, por lo que llevaba aproximadamente ocho meses como representante de la Fiscalía federal en la entidad al momento del operativo.
Antes de llegar a Guanajuato, había ocupado una posición en el área de análisis criminal de la Secretaría de Seguridad, dependencia relacionada con el equipo de Omar García Harfuch.
Sobre su situación existen versiones encontradas.
La Jornada publicó el 24 de septiembre que fuentes de la FGR confirmaron que Vera Ayala fue cesado como delegado a raíz del operativo y que Norma Quevedo Vázquez sería su posible sustituta.
Sin embargo, el mismo 23 de septiembre, UnoTV reportó que el área de comunicación de la FGR en Guanajuato negó contar con información que confirmara que Vera Ayala hubiera dejado el cargo. Otra versión periodística señaló que habría presentado su renuncia y que Norma Quevedo Vázquez asumiría la representación federal.
Por ello, hasta que exista una comunicación institucional definitiva, la forma exacta del relevo —renuncia, cese o permanencia— debe considerarse un punto todavía sujeto a versiones contradictorias.
Un contraste que ahora domina el caso
El episodio tiene así dos momentos claramente diferenciados.
El primero fue el anuncio del 17 de septiembre: 59 millones de litros asegurados, diez tanques, tres unidades de carga y una investigación relacionada con posibles delitos en materia de hidrocarburos.
El segundo llegó después: la empresa afirmó contar con permisos, la FGR abrió una revisión de documentación y trazabilidad, y la presidenta reconoció públicamente que todavía no podía descartarse que el combustible tuviera una procedencia legal.
Ese contraste explica por qué el caso pasó rápidamente de ser comunicado como un aseguramiento de enormes dimensiones a convertirse en una revisión sobre qué estaba acreditado, qué faltaba por comprobar y quién asumía la responsabilidad institucional del operativo.
Y mientras la FGR determina la situación jurídica del hidrocarburo, el dato que permanece fuera de discusión es el tamaño del aseguramiento: aproximadamente 59 millones de litros, localizados en una terminal de San José Iturbide que, según documentación citada por la empresa y registros públicos, cuenta con un permiso de almacenamiento otorgado desde 2016 y con una vigencia de 30 años.
