Aunque desde el gobierno de la 4T se asegura que las fuerzas de seguridad federales “ya no matan en caliente”, datos de la propia Sedena revelan que el Ejército mexicano mata a más civiles que en el sexenio anterior.
¿A cuántos civiles mata el Ejército mexicano? De enero de 2019 a agosto de 2021 mató a 515.
Datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional revisados por Animal Político muestran que de enero de 2019 a agosto de 2021 se registraron 641 agresiones armadas en contra de elementos del Ejército: 242 en 2019, 260 en 2020 y 139 en lo que va de 2021.
El saldo de los enfrentamientos entre soldados y civiles ocurridos en lo que va del presente sexenio es de 21 muertos y 179 heridos del lado del Ejército, contra 515 muertos y 89 heridos del lado de los civiles presuntamente armados. Solo 381 agresores han sido detenidos, lo cual significa que, en promedio, por cada civil herido hay seis que pierden la vida a manos del Ejército.
Esta cifra es lo que los expertos en seguridad denominan “índice de letalidad”. De acuerdo con las cifras oficiales, el índice de letalidad del Ejército mexicano es mayor que en el sexenio pasado, donde el registro era de cinco civiles muertos por cada uno que resultaba herido.
Y el índice de proporcionalidad, es decir, los muertos de cada lado tras los enfrentamientos, también es mayor.
Según refiere el Monitor de Uso de la Fuerza Letal, construido por expertos y organizaciones de cinco países distintos, estos saldos no solo superan los estándares establecidos y generan alertas sobre un posible abuso de la fuerza de los militares en México, sino que también ponen en entredicho la presunta política pacifista de “abrazos, no balazos” esbozada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para los expertos en seguridad y defensores de los derechos humanos, la continuación -y reforzamiento- de la política de militarización de la seguridad pública iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón, pinta un panorama negro.
La acumulación de casos probados de abusos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra la población civil es apenas la primera señal.
La correlación histórica entre los despliegues militares para tareas de seguridad pública y un incremento en los homicidios, es otro factor de preocupación.
Pero la inconstitucionalidad de los militares haciéndola de policías, es quizá la mayor.
Según dicta la evidencia internacional, la única vía para reducir los índices de criminalidad y violencia que padece México de manera permanente es la construcción de un Estado de Derecho funcional y el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública en los tres niveles.
Pero, con una Policía Federal efectivamente desmantelada por su imperante corrupción, con policías estatales debilitadas por la promesa de la intervención de la Guardia Nacional, y con policías locales inoperantes -o, de plano, inexistentes- en un creciente número de municipios del país, los militares del Ejército y de la Guardia Nacional son los nueva policías de facto a nivel federal.
Vía: Codigo Magenta