EU acusa a 10 funcionarios de Sinaloa por narcotráfico; Rocha Moya enfrenta cargos que implican cadena perpetua
Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha generado un fuerte impacto político al señalar a 10 funcionarios públicos mexicanos, activos y retirados, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armamento de alto poder.
Entre los acusados destaca el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de 76 años, quien enfrenta cargos por:
- Conspiración para la importación de narcóticos
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
- Conspiración para poseer dispositivos destructivos
Las sanciones contempladas en el sistema judicial estadounidense incluyen cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Red política bajo sospecha
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos y respaldo político.
El señalamiento sugiere la existencia de una estructura donde actores políticos habrían operado en coordinación con organizaciones criminales, lo que eleva la gravedad del caso.
Otros perfiles clave
En la lista también aparecen:
- Enrique Inzunza Cázarez, de 53 años, acusado de conspiración para tráfico de narcóticos y posesión de armas
- Enrique Díaz Vega, de 50 años, exsecretario de Administración y Finanzas, con cargos similares
- Dámaso Castro Saavedra, de 54 años, fiscal general adjunto estatal
Además, se menciona al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dentro del grupo de funcionarios señalados.
Las acusaciones podrían derivar en procesos judiciales internacionales, solicitudes de extradición y tensiones entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de cooperación en seguridad.
Este tipo de casos no solo afectan a los individuos involucrados, sino que también impactan la credibilidad institucional y la relación bilateral.
El estado de Sinaloa, históricamente vinculado al narcotráfico, enfrenta ahora un escenario donde las acusaciones alcanzan directamente a su estructura política, lo que podría tener consecuencias en gobernabilidad y estabilidad.
