ALFARO QUITA ESCOLTAS A NOMINADO AL NOBEL DE LA PAZ Y LE CAEN AMENAZAS DE MUERTE

EMEEQUIS.– El gobierno de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, va de crisis en crisis en derechos humanos. Ahora, ha abandonado a su suerte a uno de los defensores de derechos humanos más galardonados del país, justo cuando al activista le llueven amenazas de muerte en la recta final de un caso que involucraría a políticos locales con el crimen organizado.

Juan Manuel Estrada, mexicano nominado en 2018 al Premio Nobel de la Paz y quien recibió en 2013 (mención honorífica) y 2014 el Premio Nacional de Derechos Humanos, estaba protegido por escoltas que el gobierno estatal le otorgaba a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, debido a que suele involucrarse en casos en los que se cruzan funcionarios públicos y criminales del estado.

Juan Manuel Estrada es fundador de la organización FIND, especializada en localizar niñas y niños extraviados.

Sin embargo, esa protección fue retirada el 13 de mayo pasado, justo cuando el defensor de derechos humanos espera la resolución de una de las tramas judiciales más escabrosas del estado: el secuestro masivo en julio de 2018 de 40 menores de edad que fueron obligadas a participar en una red de explotación sexual en Puerto Vallarta administrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y cuyos clientes serían servidores públicos de altos vuelos y empresarios.

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Juan Manuel Estrada es fundador de la organización FIND, especializada en localizar niñas y niños extraviados, y su trabajo es clave para desenredar la madeja de esa red de trata de personas en el estado, así como para devolver paz a decenas de familias en el Pacífico mexicano sobre el paradero de sus hijos.

“Durante meses hemos trabajado en este caso, tratando de que la justicia llegue para todas esas niñas y hacer todo lo necesario para que nadie tenga que vivir por una experiencia similar en el país”, dice a EMEEQUIS el defensor de derechos humanos. “Es una labor importante y de riesgo, que requiere de la protección del gobierno para que salga adelante”.

MENSAJES INTIMIDATORIOS

Esa labor ha puesto nerviosos a los integrantes de esa red criminal, pues ahora que el caso se acerca a la temporada de aprehensiones de los principales involucrados, Juan Manuel Estrada recibió dos amenazas de muerte.

El primero fue una hoja que dejaron cerca de sus oficinas, doblada, con fotografías de su vehículo y la leyenda: “El ojo que todo lo ve y que todo lo sabe”. El segundo, una serie de mensajes por SMS a su teléfono celular con los mensajes “No te nos has olvidado, te seguimos” y “Solo recuerda que estas deudas se pagan con sangre”.

Dejaron este mensaje cerca de las oficinas de Juan Manuel Estrada, con la leyenda “el ojo que todo lo ve y que todo lo sabe”.

“Hay intereses muy poderosos en esto. No quieren que continúe con mi labor, pero yo seguiré adelante. No es la primera vez, y no será la última, que reciba amenazas. Lo que sí es que necesito garantías para continuar trabajando, no tanto por mí, sino porque hay aún hay cosas por hacer”, señaló el activista jalisciense.

Mientras resuelve cómo continuar su labor sin la protección del gobierno, Juan Manuel Estrada ha interpuesto ya una denuncia ante la Fiscalía Estatal de Jalisco por el delito de amenaza contra quien resulte responsable.

La decisión del gobierno estatal de retirarle protección es la más reciente de una serie de resoluciones que tienen enfrentado al gobernador Enrique Alfaro con defensores de derechos humanos de su estado.

También a su celular llegaron mensajes intimidatorios.

ABUSOS POLICIACOS Y DETENCIONES ARBITRARIAS

Tras el presunto homicidio de Giovanni se desataron protestas en Jalisco. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com

La última ocurrió este jueves 4 de junio por la noche, cuando cientos de personas protestaron en el centro de Guadalajara por el presunto homicidio de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes lo habrían arrestado por no usar cubrebocas en la vía pública y luego lo golpearon en la comisaría hasta matarlo, según el relato de su familia.

La indignación por la tibia respuesta del gobernador, y la brutalidad policiaca contra el albañil de 30 años, elevaron las tensiones con la policía, que respondió con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y golpes a los manifestantes, así como la presunta detención arbitraria de 28 personas, entre ellas seis menores de edad.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Frente por Libertad de Expresión y Protesta Social y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos no tardaron en calificar la respuesta del gobernador Enrique Alfaro como “represora” y llamaron a investigar nuevos abusos policiales.

Apenas el 22 de mayo pasado, el mandatario estatal chocó con los colectivos de madres y padres con hijos desaparecidos, pues su gobierno envió al Congreso local un reajuste en el presupuesto que le quitaba 2 millones 300 mil pesos a la ya enflaquecida Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, así como una reducción de 540 mil pesos al Centro de Justicia para las Mujeres, justo cuando Jalisco sufre un pico de desapariciones forzadas y feminicidios.

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En el nuevo presupuesto, la Fiscalía General del Estado perdió el 6.1% de su presupuesto, es decir, 43.6 millones de pesos. Y la Secretaría de Seguridad Pública sufrió un recorte de 5.8% de su presupuesto.

En contraste, el gobernador de Movimiento Ciudadano dejó intacto el presupuesto de 18 millones 300 mil pesos para “creatividad, preproducción y producción de publicidad” de su administración.

 

@oscarbalmen

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