La violencia política en México ha cobrado una nueva víctima. Lucero López Maza, candidata a la alcaldía de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, fue asesinada a balazos este jueves junto con otras cinco personas, incluida una menor de edad, informó la fiscalía local. López Maza, de 28 años, se encontraba realizando su campaña para las elecciones del 2 de junio cuando fue interceptada y atacada.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque se produjo durante un enfrentamiento entre civiles armados tras un acto de campaña de la candidata. Testigos de la localidad detallaron que López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.
Además de López Maza, otras dos mujeres (una de ellas menor de edad) y tres hombres perdieron la vida en el ataque. Este trágico suceso se enmarca en una preocupante ola de violencia que ha sacudido la campaña electoral en México, especialmente contra políticos que aspiran a puestos locales.
Chiapas, un estado fronterizo con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado múltiples incidentes violentos relacionados con candidatos. La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos. El 3 de mayo, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas por el mismo partido, salió ileso de un ataque que dejó dos muertos, uno de ellos su hijo.
La Concordia, municipio limítrofe con Chicomuselo, también ha sido escenario de violencia reciente. El pasado lunes se registró la masacre de 11 personas en Chicomuselo, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.
Desde el inicio del proceso electoral el 23 de septiembre hasta el 1 de mayo, 26 aspirantes a algún cargo han sido asesinados en el contexto de los comicios del 2 de junio, según un recuento de la organización civil Data Cívica. Este trágico panorama evidencia la extrema violencia que impregna la política local en Chiapas y en todo México, afectando gravemente la seguridad y la democracia en el país.
Vía El Economista
