Este miércoles marca el cierre de las campañas electorales en México en medio de una atmósfera cargada de violencia, convirtiendo este proceso en el más sangriento en la historia del país. Con más de 30 candidatos asesinados hasta el momento, expertos y analistas señalan el preocupante papel del crimen organizado, que ejerce un amplio control territorial en varios estados.
El gobierno ha desplegado a 27,245 agentes de seguridad para patrullar y disuadir la criminalidad. Sin embargo, según datos recopilados por diversas organizaciones como Data Cívica, México Evalúa, Integralia y Semáforo Delictivo, al menos el 20% de las secciones electorales enfrenta un alto riesgo de violencia electoral, mientras que el 8.9% enfrenta un riesgo medio.
El “Mapa de riesgos de la elección 2024”, presentado por la coalición opositora Frente y Corazón por México, revela que el 29% de las secciones electorales son un foco potencial de violencia por parte del crimen organizado.
Para Javier Oliva, profesor-investigador en la UNAM, la situación es compleja debido a las diferencias de peso del crimen organizado en distintos estados. Oliva destaca que las relaciones entre grupos criminales y partidos políticos varían según los municipios, no presentando una línea homogénea en todo el país.
Estados como Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán se encuentran entre los más peligrosos, donde el crimen ha ganado terreno y la autoridad enfrenta dificultades para mantener el orden.
Eunice Rendón, exfuncionaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que hay regiones donde la autoridad ha perdido control, como Chiapas, y destaca la creciente extorsión a empresas, negocios y migrantes.
El panorama preocupa a muchos, como lo expresaron sacerdotes en Chiapas, quienes indicaron que algunas regiones no están en condiciones de celebrar las elecciones. Ante esta situación, surge el cuestionamiento sobre si la respuesta del gobierno, marcada por la militarización, ha sido suficiente para abordar la compleja situación de seguridad electoral.
Vía Latinus