En un giro irónico del destino, Luisa María Alcalde, quien una vez acompañó a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos del caso Ayotzinapa exigiendo justicia desde la tribuna de la Cámara de Diputados en 2014, ahora se encuentra en la posición de secretaria de Gobernación, encargada de cerrar, de facto, el expediente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“Es la gota que derramó el vaso”, sentenció Alcalde en 2014, cuando era legisladora federal por Movimiento Ciudadano. “Ciertamente no fue sólo Abarca, ni fue sólo Aguirre, ni fueron solos los policías, ni fue solo el narco. Fue el Estado mexicano“, declaró en aquel momento, señalando la responsabilidad del gobierno en el caso más emblemático de desaparición forzada en el país.
La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, impulsada por el ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, ha sido confrontada por el gobierno federal y las Fuerzas Armadas, especialmente después de los hallazgos que denunciaron la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas y su colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La salida de Encinas, ahora relegado a un papel casi invisible en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, marcó un punto de inflexión en el caso Ayotzinapa. La expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también fue otro momento crítico.
El derribo de la puerta de Palacio Nacional por manifestantes y familiares de los 43 desaparecidos se convirtió en un símbolo de la indignación y la frustración acumuladas durante casi una década de búsqueda de justicia. Este acto fue, en palabras de muchos, “la gota que derramó el vaso”.
En medio de estas tensiones y controversias, el caso Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio doloroso de las profundas fallas y los desafíos persistentes en materia de justicia y derechos humanos en México.
Vía Código Magenta
