La familia Casillas batalla desde hace poco más de una década por recuperar una propiedad que ha sido suya durante 50 años, mientras lidia con un sistema judicial lento y los intereses inmobiliarios en una colonia en crecimiento como la Escandón.

 

Una casa de ladrillo rojo brillante y dos plantas permanece abandonada sobre avenida Progreso, en la colonia Escandón de la Ciudad de México. Lleva así casi una década, a causa del despojo de la vivienda.

Detrás de sus puertas cerradas hay una historia que comenzó una madrugada de 2016, cuando varios hombres entraron al inmueble donde vivía María Eugenia Casillas Vázquez y sacaron a la calle sus muebles, sus pertenencias y prácticamente toda una vida.

Llegaron unos golpeadores, se metieron a la casa, empujaron la puerta,: entraron y sacaron todo a la calle, los muebles, toda la casa quedó en la calle, sobre Progreso. Todo, toda la casa, y mi tía quedó en un sillón, en plena calle”, explicó Karla Casillas, periodista y quien desde redes sociales y en medios trata de exponer el caso de su familia.

La familia Casillas había habitado la vivienda desde su construcción, hace más de 50 años. Después del desalojo, el inmueble quedó en posesión del abogado Felipe de Jesús Hernández Ayhllon, quien demandó a María Eugenia Casillas por la propiedad y presentó una escritura tramitada por el notario 4 de Apan, Hidalgo.

El 6 de octubre de 2017 se formalizó la denuncia por el despojo de la vivienda y se abrió la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-8/UI-1 S/D/03232/08-2017, que continúa abierta. Ese mismo año, Hernández Ayhllon vendió los derechos del juicio de sucesión a Luis Alberto Morales Álvarez y Rosalva Valencia Hernández, quienes presuntamente adquirieron los derechos litigiosos.

Aunque la defensa de Karla Casillas y de su padre, Roberto Jayme Casillas Vázquez, sostiene que entre estas personas pudo existir una colusión.

Según ellos, mi tía abuela ya les había vendido la casa y no se querían salir, que según ellos eran los dueños de la casa. Ya habían puesto edictos que, por supuesto, nosotros no nos enteramos”, dijo Karla Casillas en entrevista para EL CEO.

La historia, sin embargo, había comenzado antes. Desde 2012 existen al menos cinco avisos preventivos realizados por el notario 144, Alfredo Gabriel Miranda Solano. En 2008, el entonces Distrito Federal investigó al fedatario por presuntamente contar con una red de coyotaje en el Registro Público de la Propiedad, sin que el caso pareciera registrar avances.

“Llegaron con documentos de que esa casa ya era de ellos y de que mi tía era la que les ha robado la casa y la desalojaron”, afirma.

Ana Salazar, abogada de Karla y de su padre, Roberto Jayme, aseguró en una nota informativa que la actuación del notario “deja mucho que desear”, debido a que, según explica, los avisos preventivos no eran procedentes porque María Eugenia Casillas no era la propietaria del inmueble, sino su madre.

Recuperar una vivienda despojada: una pelea de casi una década

Desde aquel desalojo, la familia Casillas ha recorrido juzgados, ministerios públicos y despachos de abogados en busca de recuperar la vivienda. Ha presentado denuncias, promovido amparos y contratado a distintos abogados que, de acuerdo con la familia, no lograron destrabar el caso.

En 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) comunicó a Roberto Jayme Casillas que lo reconocía como propietario y le otorgó la posesión del inmueble.

Sin embargo, Luis Alberto Morales Álvarez presentó un amparo contra la determinación de la Fiscalía local y la disputa volvió a los tribunales. Fue entonces cuando Ana Salazar asumió la defensa legal de Karla y Roberto Jayme Casillas, quien desde el inicio actúa con cautela porque temen que detrás del caso pueda existir una red dedicada al despojo de inmuebles.

Nosotros tomamos el asunto, principalmente para la posesión y para los amparos, no hemos entrado al fondo de toda la carpeta de investigación, por qué al principio, ellos también tenían temor porque creíamos y todavía lo pensamos, que esto deviene de una red que se dedica desalojar gente, que hay notarios aquí inmiscuidos, que hay autoridades inmiscuidas y, de hecho, siempre hemos sido cautelosos tanto para los Casillas como para nosotros, para no correr riesgos”, comenta la abogada.

Cuando la Fiscalía devolvió la posesión del inmueble a la familia, instalaron rejas para impedir nuevamente el ingreso de personas. Ana Salazar explica a EL CEO que durante el tiempo en que la familia estuvo fuera de la casa, el inmueble fue ocupado por distintas personas, incluso, algunas vendían drogas.

Antes de que recuperaran la posesión, vecinos también contaron a Karla, a su padre y a su abogada que un hombre a bordo de una camioneta de lujo entraba y salía constantemente del inmueble y mantenía personas vigilando el lugar, pese a que la casa permanecía asegurada por la Fiscalía capitalina.

El caso continúa atrapado entre amparos y apelaciones. En julio de 2026, el Juzgado 12 de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito no dictó sentencia y trasladó el expediente al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, debido a la “carga de trabajo”.

Fue la jueza Jesús Arely Verdugo Bueno –recién electa en las pasadas elecciones judiciales– quien determinó otorgar el amparo a Luis Alberto Morales para que la Fiscalía de la CDMX considere las pruebas con las que busca acreditar la propiedad del inmueble.

Verdugo Bueno no tenía experiencia previa como juzgadora, antes de asumir el cargo se desempeñó como abogada litigante y gestora notarial desde 2024, hasta la elección de jueces, magistrados y ministros de junio de 2025.

Previamente trabajó como auxiliar jurídico en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, de 2014 a 2016, y posteriormente, de 2016 a 2019, fungió como jefa del Departamento de Transparencia y Control Interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la misma dependencia.

Para Ana Salazar, la llegada de jueces sin una trayectoria previa dentro de la carrera judicial agrega otra incertidumbre a un proceso que ya suma casi una década. “Este juez que nos tocó de allá, de verdad yo creo que ni siquiera leyó bien las pruebas, para como resolvió”, denuncia.

Los retrasos de la Fiscalía frenan un caso de despojo en CDMX

Ana Salazar reconoce que la FGJCDMX ha mostrado disposición para resolver el caso. El problema, asegura, está en los tiempos. Recientemente cambiaron al Ministerio Público encargado del expediente y eso, según la abogada, volvió a frenar el proceso.

A veces si hay exceso de trabajo por parte de las autoridades, lo que no les permite allegarse de toda la información, y nosotros como abogados tenemos casi casi que decirle ‘mira, es por aquí, es esto”, asevera Ana Salazar.

La abogada recuerda que dentro de la Fiscalía había funcionarios que conocían el expediente práctica de memoria: sabían el contenido de cada foja, cada página y la información que había acumulado la autoridad capitalina. Mientras que el actual ministerio público no cuenta con tanta noción del caso y eso dificulta su labor como defensora.

No voy a decir que ellos son corruptos, si ellos se prestaron o no, porque no me consta, sin embargo, vuelvo a lo mismo, a este Ayhllon lo quieren capturar porque según ya lo buscaron y no lo encuentran”, comenta.

Cómo intervienen las notarías en las disputas por propiedades

El caso de la familia Casillas también pone sobre la mesa otro problema: el papel de los notarios y las zonas grises que pueden existir alrededor de las operaciones inmobiliarias. El abogado Arturo Aparicio Velázquez considera que algunas prácticas permitidas por la normativa pueden abrir espacios para celebrar contratos de compraventa de inmuebles ubicados en otra entidad.

Los notarios pueden celebrar contratos de compraventa de inmuebles que están fuera de su estado, eso es debido a una normativa flexible que se presta a los fraudes procesales”, dice el defensor. “Tú tienes una propiedad en Acapulco, pero puedes celebrar un contrato de compraventa ante notario en la Ciudad de México y viceversa”.

El problema aparece cuando una operación es cuestionada. Si una autoridad local detecta alguna irregularidad en la compraventa de una propiedad formalizada en otra entidad, debe solicitar información y colaboración a las autoridades correspondientes. El intercambio puede alargar las investigaciones y retrasar que los casos lleguen a judicializarse.

Aparicio Velázquez, que en la actualidad lleva la defensa legal de los desalojados del edificio de República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, critica la falta de transparencia de los notarios y que, en su opinión, sus funciones deberían recaer en el Estado o haber una mayor regulación del gobierno al respecto.

Gentrificación y precios altos: la presión inmobiliaria en CDMX

Para Arturo Aparicio Velázquez, los despojos no pueden analizarse de manera aislada del mercado inmobiliario de la Ciudad de México, el abogado identifica tres factores que ayudan a explicar el fenómeno.

Uno es la gentrificación y el aumento del valor de determinadas zonas de la capital; conforme suben las rentas, los servicios y el precio del suelo, algunos barrios se vuelven cada vez más atractivos para inversionistas y desarrolladores.

El segundo es la necesidad de vivienda en una ciudad donde la oferta asequible continúa siendo insuficiente, por lo que unos grupos inmobiliarios lo ven muy atractivo: “Saben que existe necesidades, se hacen de predios que después revenden a gente que quita vivienda, por lo que hay un negocio alrededor de eso”, acusa.

El tercer factor es la especulación con el suelo. La compraventa de terrenos y edificios en zonas de alta demanda puede generar ganancias importantes, especialmente cuando esos espacios terminan destinados a desarrollos inmobiliarios o a usos diferentes del habitacional.

Según datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, existen al menos 1,978 carpetas de investigación por este delito en la capital del país. Donde las alcandías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón concentran 56% de los expedientes abiertos.

Asimismo, en la CDMX existen al menos 21.4 casos de despojo por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte del 5 de agosto.

Para la familia Casillas, esas cifras tienen una dirección concreta: una casa de dos plantas sobre avenida Progreso. María Eugenia Casillas Vázquez murió en 2022 sin volver a entrar al inmueble donde había vivido durante décadas. Ahora la pelea está en manos de Roberto Jayme, su heredero, quien tiene 80 años y continúa recorriendo tribunales para recuperar definitivamente la propiedad donde crecieron.

*Este texto fue publicado en la edición número 14 de la revista EL CEO: Economía Digital.