La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México declaró este lunes que el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum “hereda la deuda” del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido hace una década.
En un comunicado, la ONG enfatizó que, a diez años de este trágico evento, el nuevo gobierno enfrenta la responsabilidad de ofrecer respuestas tanto a las familias de las víctimas como a la sociedad en general. Aseguran que la administración de López Obrador finaliza de manera “decepcionante”, especialmente tras las promesas de justicia que hizo el mandatario.
María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresó que, a pesar de las intenciones iniciales de López Obrador, prevalecieron factores políticos y la protección al Ejército, lo que ha obstaculizado el avance en las investigaciones.
Tras la última reunión con el presidente en agosto, las familias anunciaron que ya no había base para continuar el diálogo, señalando una falta de disposición por parte del gobierno para investigar la implicación de los militares en los crímenes. Este estancamiento es motivo de gran decepción para quienes buscan justicia.
A pesar de la ruptura con el gobierno de López Obrador, las familias de los 43 estudiantes esperan poder dialogar con Sheinbaum, quien asumirá el cargo el próximo 1 de octubre. “Ya es hora de que el nuevo gobierno dé prioridad a la búsqueda de los 43”, enfatizaron desde la organización.
Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana, subrayó que no solo existe una deuda con las familias de Ayotzinapa, sino con las más de 115 mil personas desaparecidas en México. “Todas ellas tienen derecho a ser buscadas y localizadas”, agregó.
Desde 2022, a pesar de que el entonces presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, calificó el caso como un “crimen de Estado”, las investigaciones han estado estancadas. La renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, tras la cancelación de órdenes de detención contra varios militares, es otro indicio de la falta de progreso.
Además, la ONG criticó la “hostilidad” del gobierno hacia las demandas de justicia y recordó que López Obrador acusó a las familias y organizaciones de derechos humanos de conspirar contra las Fuerzas Armadas.
El futuro de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dependerá en gran medida de la disposición del nuevo gobierno para abordar este caso con seriedad y compromiso. Las familias continúan esperando respuestas y justicia en un capítulo oscuro de la historia reciente de México.
Vía Latinus
