El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de establecer nuevas reglas en el sistema de pensiones para los empleados del Estado. La propuesta, que ha generado diversas reacciones, busca mejorar la estabilidad financiera del organismo y garantizar derechos laborales.
Antecedentes y objetivos de la reforma La reforma a la Ley del ISSSTE fue impulsada por la bancada de Morena y aliados, bajo el argumento de mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores y fortalecer el fondo de pensiones. El nuevo esquema propone una transición gradual hacia un modelo mixto de financiamiento, que combina contribuciones del Estado, trabajadores y una optimización de los fondos administrados.
Principales cambios
- Eliminación del régimen de cuentas individuales de 2007.
- Creación de un fondo solidario financiado por el Estado y aportaciones de los trabajadores.
- Ajustes en la edad de jubilación y años de servicio requeridos para acceder a una pensión completa.
Reacciones y controversia Mientras el gobierno federal y legisladores oficialistas defienden la reforma como un paso necesario para garantizar el futuro de las pensiones, sectores de la oposición y organizaciones sindicales han manifestado preocupación. Alegan que la modificación podría afectar derechos adquiridos y que la eliminación del esquema de cuentas individuales podría restar transparencia y certeza sobre los montos de pensión.
Los expertos en seguridad social han señalado que, aunque la reforma busca evitar una crisis financiera en el ISSSTE, es fundamental garantizar la sostenibilidad del nuevo modelo y su viabilidad a largo plazo. Sindicatos de trabajadores del Estado han pedido mesas de diálogo para aclarar los alcances de la iniciativa y su impacto real en los trabajadores actuales y futuros.