En el seno del Ejército, las aguas no están tranquilas. La reciente controversia en torno al trágico fallecimiento de Yanqui Kothan Gómez ha puesto bajo la lupa a dos mandos militares, Solano y Valdovinos, quienes se encuentran en una posición de vulnerabilidad mientras se intenta resguardar la imagen política de la gobernadora Evelyn Salgado.
La investigación sobre el homicidio de Yanqui Kothan ha comenzado con el pie izquierdo, con señales tempranas de posibles obstáculos hacia la verdad y la justicia. Si el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ya parecía enredado, el de Yanqui Kothan ha empezado con aún más incertidumbre y sospechas.
A pesar de que se ha identificado al autor material del crimen, expertos señalan una serie de errores en la preservación de la escena del crimen y en la cadena de custodia de las pruebas. La falta de información detallada sobre la cronología de los eventos y la ausencia de datos sobre elementos clave, como la “sustancia” y el arma de fuego supuestamente encontradas en la camioneta de la víctima, generan aún más dudas sobre el proceso investigativo.
El intento de encubrimiento del asesinato, orquestado desde la Secretaría de Seguridad, agregó un nivel adicional de complejidad al caso. Se trató de culpar a la víctima, sugiriendo que había disparado un arma de fuego y que los oficiales habían respondido a un ataque, una versión que no se sostiene según las investigaciones preliminares.
En el ámbito político, las cosas tampoco están claras. La gobernadora Evelyn Salgado ha destituido a los secretarios de Gobierno y Seguridad, Ludwig Marcial Reynoso, y al general brigadier, Rolando Solano Rivera, además de solicitar la salida de la fiscal Sandra Luz Valdovinos en los próximos días, una decisión que también involucra al Congreso del estado.
Esta crisis política tiene un impacto significativo en el Ejército, dado que Solano y Valdovinos son militares de alto rango. La destitución de estos funcionarios, junto con la protección presidencial otorgada a Salgado, refleja una estrategia de contención para evitar que las implicaciones políticas y judiciales lleguen al Palacio de Gobierno en Chilpancingo, Guerrero.
El presidente López Obrador ha expresado su respaldo a la gobernadora, afirmando que “no está sola” y que su gobierno no tiene complicidad con nadie. Sin embargo, las preguntas sobre la responsabilidad del general brigadier y la teniente coronel en este trágico caso persisten.
Mientras tanto, en las filas militares se siente el malestar de ser los “paganos” de esta situación, dejando a Solano y Valdovinos en una posición vulnerable en medio de un intento por salvaguardar la imagen política de Salgado.
Este contrafuego político puede haber protegido momentáneamente a la gobernadora, pero en el largo plazo podría añadir más tensiones en las relaciones entre el gobierno estatal y las Fuerzas Armadas, quienes ven cómo las consecuencias de las decisiones políticas a menudo recaen sobre ellos.
La incertidumbre sobre el desarrollo de la investigación y las posibles responsabilidades en este caso continúa, mientras el estado de Guerrero se enfrenta a una crisis que amenaza con dejar huellas profundas en su gobierno y en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia.
Se espera que en los próximos días se clarifiquen más detalles sobre los siguientes pasos en esta compleja trama, mientras la sociedad guerrerense y el país en general observan con atención el desenlace de esta historia que ha sacudido los cimientos políticos y militares en la región.
Vía Eme Equis
