La titular de la Corte Suprema de Justicia, Norma Piña, atraviesa su momento más delicado en el máximo tribunal. Aquel grupo de ministros que anteriormente respaldaba sus confrontaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora se desmorona, y las críticas se dirigen directamente a su estrategia política fallida.
En el seno de la Corte se ha consolidado la idea de que, a pesar de una reforma judicial suavizada, todos los ministros podrían perder sus puestos. Este acuerdo, que parece parte de un pacto entre el futuro gobierno y los poderes fácticos, busca una reforma que no perjudique la economía a cambio de una renovación en la Corte.
Piña es consciente de este cambio en los acontecimientos y ha recibido quejas de magistrados de todo el país. Estos le imputan la responsabilidad de haber llevado a cabo una guerra contra un gobierno hegemónico, poniendo en riesgo la estabilidad del Poder Judicial.
Desde la presidencia de la Corte, se intentaron viralizar imágenes de Piña recibiendo felicitaciones de empleados judiciales y se promovieron marchas de estudiantes de Derecho de la UNAM en apoyo al Poder Judicial. Sin embargo, el verdadero desafío de Piña proviene del interior de la Corte.
Fuentes cercanas revelan que ministros como Margarita Ríos-Farjat, Jorge Pardo y Juan Luis González Alcántara ya consideran inevitable su salida del tribunal una vez que avance la reforma. En particular, González Alcántara desmintió recientemente a Piña sobre los alcances de la Corte en temas electorales.
En privado, Piña ha admitido que su confrontación con López Obrador podría haber sido mal planificada, pero ha señalado a ciertos empresarios por impulsarla a defender el Estado de Derecho. Entre ellos, menciona a Carlos Slim y a Carlos Hank González, presidente de Banorte.
Slim, con numerosos intereses regulatorios y conexiones con la Corte, ha tenido una estrecha relación con Piña, en parte gracias al exsenador Emilio Gamboa, quien la llevó al tribunal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por su parte, Hank González, con un legado de intereses empresariales vinculados al PRI en el Estado de México, también ha tenido acceso a la ministra en un momento crucial, dado el impacto financiero de la reforma discutida.
Estos son solo dos ejemplos de los empresarios que, según Piña, la habrían impulsado a enfrentarse con el Gobierno a lo largo de 2023, particularmente durante el primer trimestre, cuando la Corte se opuso al control de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, y en agosto, cuando Xóchitl Gálvez ganaba notoriedad en el ámbito político.
Vía LPO
