La FGR confirmó que las investigaciones continúan abiertas y que no se descartan nuevas detenciones conforme se recaban más elementos.
Ciudad de México, 14 de mayo de 2025 — En un nuevo giro en la búsqueda de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, por su presunta implicación en la destrucción de evidencia clave relacionada con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Galeana Marín, de 80 años de edad, fue trasladada a la sede de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, donde se le practicó una certificación médica antes de ser ingresada a un penal, según confirmaron fuentes judiciales.
Acusación: eliminación de grabaciones clave
Las autoridades federales la acusan de haber ordenado la destrucción de grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, lugar desde el cual se habrían captado imágenes del momento en que policías municipales y presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos interceptaron a los estudiantes.
Estas grabaciones han sido reclamadas durante más de diez años por los familiares de los normalistas desaparecidos, organizaciones de derechos humanos y defensores legales, ya que podrían haber documentado el traslado de los jóvenes hacia Huitzuco, donde presuntamente fueron entregados a un líder criminal conocido como “El Patrón”.
Galeana y la “inutilidad” de los videos
En su momento, Lambertina Galeana argumentó que las imágenes no tenían valor probatorio, pues solo mostraban “manchas borrosas”. Sin embargo, para los familiares y activistas, la eliminación de ese material fue una acción deliberada para encubrir a los responsables.
Un paso más hacia la justicia
La detención de Galeana Marín se suma a las acciones judiciales emprendidas en los últimos años para esclarecer este crimen de Estado, como ha sido calificado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ). En 2022, esta instancia presentó un informe que confirmaba la colusión de autoridades federales, estatales, municipales e incluso del Ejército en la desaparición forzada.
En el mismo año, un juez federal ordenó la captura de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante el mandato de Ángel Aguirre Rivero, entre ellos el ex procurador Iñaki Blanco, por su posible responsabilidad en los hechos y sus vínculos con Guerreros Unidos.
Aún no hay justicia plena
A casi once años de los hechos, el caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de México. La reciente detención de la exfuncionaria representa un avance simbólico y jurídico, aunque las familias de los estudiantes continúan exigiendo verdad completa, justicia real y sanciones firmes contra todos los responsables.
