El primer detenido, Héctor “N”, confesó haber recibido 30 mil pesos.
Ciudad de México, 15 de octubre de 2025. — La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX confirmó la detención de Donovan “N”, segundo implicado en la ejecución del abogado David Cohen Sacal, ocurrida el 13 de octubre frente a los Tribunales del Poder Judicial, en la colonia Doctores.
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento, realizados con apoyo del C2 Centro, lo que permitió rastrear la ruta de escape del sospechoso. “Compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan ‘N’, identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre”, publicó el funcionario en redes sociales.
#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan “N”, identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx.
Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,… pic.twitter.com/dov2nV1Fnt
— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025
Con esta detención, suman dos jóvenes arrestados por el asesinato del reconocido litigante: Héctor “N”, de 18 años, detenido el día del ataque tras resultar herido en un brazo, y Donovan “N”, capturado este martes. Ambos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Una ejecución a plena luz del día
El 13 de octubre, el abogado David Cohen Sacal, de 48 años, fue baleado en la cabeza mientras salía de una reunión en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. El ataque ocurrió sobre las escalinatas exteriores de la Ciudad Judicial, en la esquina de Niños Héroes y Doctor Claudio Bernard, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Aunque recibió atención inmediata de personal de Protección Civil, el abogado murió horas después en un hospital privado. Según la FGJCDMX, el agresor confesó que le pagaron 30 mil pesos para asesinarlo, por encargo de un individuo apodado “El Goofy”, quien habría proporcionado el arma y una fotografía de la víctima.
Un agente de la Policía de Investigación (PDI) presenció el atentado y repelió el ataque, logrando detener al primer agresor. En su declaración inicial, Héctor “N” afirmó tener 17 años, aunque posteriormente se confirmó su mayoría de edad.
Un abogado con clientes poderosos y enemigos visibles
David Cohen Sacal era un abogado de alto perfil con una cartera de clientes que incluía figuras públicas y empresarios. Fue representante legal de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirigente de la Cooperativa Cruz Azul, y asesor jurídico en casos mercantiles y civiles de gran impacto mediático.
Licenciado en Derecho y maestro en Procesal Civil, fue catedrático de la Universidad Iberoamericana (2000–2008) y conferencista en diplomados de Derecho Mercantil y Contratos. Su trayectoria lo había posicionado como un referente del litigio corporativo y un personaje con nexos cercanos a élites judiciales y empresariales.

Versiones encontradas y teorías políticas
El caso dio un giro político cuando el empresario Simón Levy acusó públicamente al hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, de estar vinculado al crimen. En una publicación en X, Levy escribió:
“David Cohen estaba por dar un golpe mortal a Andrés Manuel López Beltrán. Lo mataron en cuanto salió de visitar a Rafael Guerra Álvarez”.
De acuerdo con su testimonio, Cohen había sostenido una reunión con Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, poco antes del ataque. Levy señaló que el abogado investigaba presuntos nexos de corrupción y que su asesinato podría tener motivaciones más profundas que una ejecución por encargo.
Aunque la Fiscalía capitalina no ha confirmado ni negado vínculos políticos, el caso reabre el debate sobre la violencia contra litigantes y el riesgo creciente de ejercer el derecho en México, donde los tribunales se han convertido en escenario de ejecuciones.
Escoltas que “no vieron nada”
Los dos escoltas privados de Cohen declararon ante el Ministerio Público que “no se dieron cuenta” de que el abogado estaba siendo vigilado. Mientras uno abría la puerta de su vehículo, el otro revisaba documentos. Ambos afirmaron no haber recibido aviso de amenazas.
Aunque contaban con permiso de portación de armas, ninguno disparó ni intentó repeler la agresión, lo que ha generado críticas sobre el nivel de capacitación y reacción del personal de seguridad privada que opera en tribunales y zonas judiciales.