La iniciativa será ahora analizada por el Senado de la República, donde aún puede ser modificada o rechazada
Ciudad de México, a 26 de junio de 2025. – En una sesión maratónica que evidenció profundas divisiones políticas y preocupaciones por la privacidad ciudadana, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que habilita al gobierno federal para acceder a bases de datos tanto públicas como privadas, bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional.
Con 324 votos a favor y 117 en contra, la mayoría conformada por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano impulsó una legislación que, según críticos, podría abrir la puerta a una vigilancia masiva sin controles judiciales claros. La ley será turnada al Senado para su revisión y posible aprobación final.
¿Qué contempla la nueva ley?
La legislación —iniciativa de la presidenta electa Claudia Sheinbaum— propone la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, administrada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que integrará información de instituciones públicas y particulares. Establece que empresas con bases de datos relevantes —vehiculares, telefónicas, biométricas, fiscales, de telecomunicaciones, de salud, seguridad privada, entre otras— deberán compartir su información con el sistema.
La ley también autoriza el uso de tecnologías automatizadas e inteligencia artificial para analizar la información y generar productos de inteligencia, con el objetivo de anticipar y responder a amenazas a la seguridad pública.
Polémica y advertencias sobre un “Estado vigilante”
Durante el debate, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén calificó la ley como “una amenaza al derecho a la privacidad”, asegurando que se institucionaliza el espionaje ciudadano: “Todas y todos seremos espiados… Se busca imponer un régimen totalitario”.
Por su parte, el priista Emilio Lara Calderón acusó que el nuevo sistema opera sin filtros judiciales ni controles democráticos, lo que abre la posibilidad de un control absoluto del Estado sobre la vida de las personas.
Organizaciones civiles, como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), han expresado su preocupación por el diseño de una infraestructura de vigilancia sin precedentes, que podría ser utilizada por el Ejército sin contrapesos institucionales. En entrevista con Aristegui en Vivo, su director, José Flores, denunció que “escondida entre reformas a la Guardia Nacional está la intención de legalizar la vigilancia por parte del Ejército”.
Incluso, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, advirtió que la ley otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) amplias facultades para desarrollar e implementar su propio sistema de inteligencia, con criterios discrecionales bajo el paraguas de la seguridad nacional.
¿Colaboración o subordinación?
Aunque los legisladores de Morena, como Sandra Anaya, defendieron la ley asegurando que dotará al Estado de “herramientas para combatir el delito”, los especialistas alertan que, en la práctica, se podría estar gestando un aparato de inteligencia paralelo con poder operativo, pero sin vigilancia institucional.
Además, el uso de inteligencia artificial, bases de datos privadas y la falta de mecanismos independientes de supervisión levantan serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos, la privacidad y las libertades civiles.
En tanto, la presión de organizaciones civiles, expertos en derechos digitales y partidos opositores podría intensificarse ante el temor de que México avance hacia un modelo de Estado hipervigilante sin contrapesos efectivos.
