El Gobierno de la Ciudad de México otorgó durante las gestiones de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro a una empresa de los prestanombres de Genaro García Luna, revelan documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Jetsocial Group SA de CV, empresa que ha sido señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en lo que llamó “la trama corrupta de García Luna”, obtuvo entre 2015 y 2021 Permisos Administrativos Temporales Revocables, conocidos por PATR, con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) para explotar y aprovechar locales comerciales y espacios semifijos dentro de las instalaciones del metro para la venta de productos de telefonía celular.

Estos permisos fueron otorgados en su momento por quienes eran funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) y que actualmente trabajan en la administración de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, según corroboró MCCI.

En actas inscritas en el Registro Público de Comercio, consultadas por MCCI, consta que Jetsocial Group es una empresa que fue constituida en diciembre de 2007 en la Ciudad de México por Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, ambos señalados por la UIF como prestanombres de García Luna.

Weinberg Pinto es el socio mayoritario de la empresa, la cual tiene como su principal objeto social la elaboración, edición, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales en medios digitales, radio, televisión, cine o plataformas multimedia.

El 6 de mayo de 2011, Weinberg Pinto otorgó un poder legal a Ivonne Mancera Valdivia, que es quien firmó los contratos con el Gobierno de la Ciudad a nombre de Jetsocial Group.

Las acusaciones de la UIF

En documentos de la UIF, Jetsocial Group es mencionada como parte del esquema que usó Genaro García Luna y sus prestanombres para saquear millones de dólares del erario público entre 2011 y 2019.

En un par de documentos de 2023 y 2024, la UIF refiere que Jetsocial Group envió recursos a Nunvav, Inc., empresa creada en Panamá y que ha sido señalada en investigaciones tanto en México como en Estados Unidos, de ser parte de la red de corrupción de García Luna y sus prestanombres.

En el documento de 2023 se enlistan transferencias por al menos 2 millones de pesos que Jetsocial hizo a Nunvav de 2017 a 2019, cuando ya explotaba las concesiones otorgadas por el Gobierno de la capital.

Mientras que en el documento de 2024, titulado “Trama corrupta de García Luna”, la UIF coloca a Jetsocial en un esquema de siete empresas que triangulaban recursos con Nunvav y en la que aparece como administrador único, apoderado y accionista Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de García Luna.

Según los mismos datos de la UIF, de 2011 a 2017 (que corresponden a los periodos de gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto), Nunvav recibió aproximadamente 481 millones de dólares en contratos públicos.

MCCI documentó desde enero de 2020 que en esa empresa panameña participaba como representante y apoderada legal una psicóloga que fue colaboradora de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón.

MCCI también reveló el pasado 27 de junio de 2025 que la misma empresa panameña Nunvav Inc. había realizado 35 transferencias a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, el exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO, institución financiera que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar operaciones de lavado de dinero.

En directorios comerciales se menciona que Jetsocial Group tuvo sus oficinas en Leibnitz 70, en el edificio que los Weinberg supuestamente le compraron en 4.5 millones de dólares a la empresaria Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, transacción que fue revelada por MCCI en abril de 2025.

Los permisos y los funcionarios involucrados

Cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno de la capital, el Sistema de Transporte Colectivo otorgó el 18 de mayo de 2015 el Permiso Administrativo Temporal Revocable P.A.T.R./0009/15 a Jetsocial Group para el uso, aprovechamiento y explotación de locales comerciales en estaciones de la línea 1 (en Zaragoza y Observatorio), de la línea 3 (en Centro Médico y Coyoacán) y de la línea 7 (en El Rosario y Aquiles Serdán), los cuales tendrían el giro de venta de celulares y accesorios.

Entre los funcionarios que firmaron ese permiso está Aldo Muñoz Ortiz, quien aparece en los documentos como subgerente de administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables del gobierno de la ciudad.

Muñoz Ortiz colaboró en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México como Director de Políticas y Fomento a la Inclusión hasta este 2025, de acuerdo con su declaración presentada, en donde consta que ese cargo lo tuvo también del 16 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno.

También firmó la concesión a Jetsocial Yuki Elena Susuda Valverde como gerente jurídico del STC. Actualmente ella trabaja en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, como Coordinadora B, de acuerdo con información pública del portal Tu Dinero, de la capital, en el que se reporta el cargo y el monto que gana cada funcionario.

Un segundo permiso se le otorgó a la empresa de los Weinberg, el 25 de febrero del 2016,

de acuerdo con un acta de sesión extraordinaria de esa fecha del Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios del SCT, en la que se autoriza el aprovechamiento de 15 espacios comerciales.

Estos espacios serían destinados para la instalación de módulos semifijos en las estaciones Deportivo 18 de marzo, Potrero, La Raza, Guerrero, Hospital General, Etiopía-Plaza de la Transparencia, Coyoacán y Copilco, de la línea 3; Santa Anita y La Viga, de la línea 8; Chabacano (dos espacios), y Jamaica de la línea 9; La Paz y Santa Martha, de la línea A. de la red del servicio del metro.

Los giros comerciales que abarca este permiso incluía venta de chips, tiempo aire y accesorios para teléfonos celulares. La vigencia del permiso era por cinco años, según dice el acta. Sin embargo, no especifica la contraprestación que tenía que pagar la empresa al mes por estos espacios.

En esta sesión extraordinaria quien aparece como encargado de la subdirección general de administración y finanzas es Roberto Azbell Arellano, quien actualmente trabaja como jefe de división en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con su última declaración patrimonial pública.

Un tercer permiso fue otorgado por ese mismo funcionario el siete de junio del 2016 para aprovechar 15 espacios comerciales para instalar módulos semifijos en las estaciones Deportivo 18 de marzo, Potrero, La Raza, Guerrero, Hospital General, Etiopía/Plaza de la Transparencia, Coyoacán y Copilco, de la línea 3 del metro, así como en las estaciones Santa Anita y la Viga, de la línea 8; Chabacano y Jamaica, en la línea 9; La Paz y Santa Marta, en la línea A.

Estos espacios también se destinarían a la venta de sims o chips de telefonía, tiempo aire y accesorios para celulares. La contraprestación en este caso fue por 24 mil 570 pesos mensuales, con una vigencia de cinco años.

Además de Azbell Arellano, también firmó Alberto Israel Sánchez López, como gerente jurídico. Este funcionarIo actualmente trabaja en el IMSS como coordinador técnico de enlace con organizaciones, de acuerdo con su última declaración patrimonial.

Fernando Casariego Gaona, entonces encargado de la subgerencia de la Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, también aparece en ese contrato. Él trabajó en 2024 en el Instituto Nacional Electoral (INE) como capacitador asistente electoral, de acuerdo con su declaración patrimonial.

Ya con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, el 12 de marzo del 2021 se otorgó el permiso PATR/0064/2021 a Jetsocial Group para dos locales y 40 espacios comerciales bajo el giro de venta de equipo, accesorios de mantenimiento y telecomunicaciones por un periodo de 10 años, es decir, con vigencia hasta el año 2031. Como contraprestación la empresa pagaría al Sistema de Transporte Colectivo 57 mil 657 pesos mensuales.

De acuerdo con lo que describen los documentos, los locales comerciales se ubican en la estación Observatorio y Zaragoza, de la línea 1 del metro. El primero tiene una superficie de 12.96 metros cuadrados y el segundo 5.18 metros cuadrados.

Los 40 espacios comerciales restantes se ubican en distintas estaciones de la línea 1 (Tacubaya, Chapultepec, Cuauhtémoc, Balderas, Salto del Agua, Candelaria, San Lázaro, Boulevard Puerto Aéreo), línea 3 (Deportivo 18 de marzo, Potrero, La Raza, Guerrero, Centro Médico, Hospital General, Etiopía/Plaza de la Transparencia, Zapata, Coyoacán, Copilco), línea 7 (El Rosario), línea 8 (Salto del Agua, Santa Anita, La Viga), línea 9 (Chabacano, Jamaica, Patriotismo, Chilpancingo, Pantitlán), así como de las líneas A y B (Pantitlán, Santa Marta, San Lázaro y Garibaldi).

Este permiso fue otorgado por Miguel Ángel Monroy Aranda, entonces Subdirector General de Administración y Finanzas y quien renunció a ese cargo en marzo del 2021 luego de que se le vinculara con presuntos cobros irregulares por espacios de venta en el metro.